El sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) ha llegado a un punto en el que debe subirse sí o sí a la competencia tecnológica de servicios financieros, con la cercanía a sus más de 10 millones de socios como uno de sus principales activos; sin embargo, para lograrlo deberá superar barreras no sólo regulatorias, sino también de mercado y de integración del propio sector.

“Fortalecer lo local para alcanzar una dimensión global” fue una de las premisas que expresó Iñigo Albizuri Landazabal, director global de Asuntos Públicos de Corporación Mondragon, en el Congreso Cooperativo.

Esa visión plantea uno de los principales retos para las socaps mexicanas, que es crecer y competir en un mercado financiero donde bancos y plataformas digitales han acelerado la incorporación de tecnología, sin perder la cercanía que mantienen con sus socios.

Para Alfonso García Moreno, presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), una de las vías para enfrentar ese reto es precisamente fortalecer la integración de las 153 entidades que operan en el sector.

El objetivo es que las cooperativas con mayor capacidad impulsen proyectos que permitan incorporar a las medianas y pequeñas, de modo que el acceso a servicios tecnológicos no dependa de su tamaño.

“Estamos invitando a las 10 cooperativas más grandes a generar un gran acuerdo para poder asomar a todas las cooperativas a los servicios digitales”, señaló.

Integración con propósito

La propuesta contempla generar infraestructura y servicios comunes para aprovechar economías de escala, desde plataformas digitales, aplicaciones móviles y medios de pago, hasta tarjetas y servicios de SPEI.

García Moreno incluso planteó crear una organización cooperativa que pueda ofrecer estos servicios al resto del sector, con el objetivo de que una entidad con 10,000 socios pueda acceder a herramientas similares a las de una con cientos de miles o millones de asociados.

Esta integración también tendría que acompañar el proceso de adaptación regulatoria. El presidente de Concamex destacó la comunicación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para construir una agenda que considere las diferencias de tamaño y capacidad entre las cooperativas.

La ventaja está en las comunidades

Frente a bancos y plataformas digitales, las socaps tienen una ventaja que el sector busca conservar: su presencia en comunidades remotas, semiurbanas y semirurales.

“Esa será nuestra ventaja competitiva”, sostuvo García Moreno.

A ello se suma el comportamiento de la cartera. Con base en las cifras de cartera de consumo, que asciende a 131,706.9 millones de pesos, y una cartera vencida de 5,510.1 millones, el índice de morosidad (IMOR) se ubicó en 4.18% a junio pasado.

García Moreno atribuyó parte de la fortaleza de la cartera a las condiciones de crédito de las cooperativas y destacó el compromiso de los socios con el pago de sus financiamientos.

Brasil como referencia

La experiencia brasileña es uno de los modelos que observa el sector mexicano. De acuerdo con García Moreno, el cooperativismo financiero de ese país suma cerca de 35 millones de asociados, equivalentes a alrededor de 30% de la población económicamente activa.

Uno de los factores detrás de esa escala, explicó, ha sido la integración. En uno de los principales modelos participan alrededor de 90 cooperativas, que comparten infraestructura tecnológica y servicios financieros y atienden a cerca de 15 millones de personas.

El esquema incluye servicios comunes como un CORE bancario, una aplicación y productos financieros, lo que permite a las cooperativas competir con grandes instituciones sin desarrollar por separado toda esa infraestructura.

Para Concamex, ese modelo plantea una ruta para México: que las cooperativas con mayor capacidad impulsen inversiones y servicios que puedan aprovechar las de menor tamaño y que la tecnología se convierta en una herramienta de integración, en lugar de profundizar las diferencias dentro del sector.

El sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) busca destrabar uno de los temas que durante años ha limitado su potencial en materia de crédito: el financiamiento a personas morales, mediante la agilización de modificaciones a sus bases constitutivas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El tema no es nuevo. Desde hace casi una década, el sector cooperativo ha planteado la necesidad de ampliar las posibilidades de las socaps para canalizar recursos hacia personas morales, entre ellas empresas y otras organizaciones cooperativas.

En el 2017, la Concamex señalaba que uno de los obstáculos para convertir el ahorro del sector en una mayor colocación de crédito era que las socaps no podían tener como socios a personas morales.

La discusión continuó en los años siguientes y ahora vuelve a la agenda del sector. Durante el Congreso Cooperativo, César Zepeda, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana (Mexicoop), explicó que la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) permite desde el 2009 otorgar crédito a personas morales.

El problema, señaló, está en que las bases constitutivas de las cooperativas deben contemplar la posibilidad de incorporar a personas morales como parte de su membresía. Mientras esto no ocurra, las socaps enfrentan una limitante para otorgarles financiamiento.

“Ya hay regulación vigente para dar crédito a personas morales, pero seguimos teniendo el problema de que mientras no sean socios no podemos dar ese crédito”, explicó.

Con cifras a junio del 2026, las 153 socaps autorizadas en operación contaban con una cartera vigente de 185,527 millones de pesos, concentrada en crédito al consumo. En cambio, su captación se encontraba en 265,908 millones de pesos.

Acuerdo con la CNBV

Ante esta situación, Zepeda afirmó que existe un acuerdo con la CNBV para agilizar la modificación de las bases constitutivas de las cooperativas.

La propuesta, explicó, consiste en que Concamex envíe un documento con las cláusulas necesarias para que cada cooperativa pueda modificar sus bases constitutivas, con la intención de evitar el proceso ordinario de revisión ante la autoridad.

De acuerdo con el representante del sector, este procedimiento puede extenderse hasta por un año o año y medio, por lo que la intención es acelerar el proceso para las cooperativas que busquen realizar este cambio. Zepeda estimó que el proceso podría quedar resuelto durante el cuarto trimestre del 2026.

“Se va a enviar un documento como Concamex para que estén las cláusulas necesarias que se van a autorizar en cada cooperativa en sus bases constitutivas y no vamos a pasar por el proceso engorroso de la Dirección de Autorizaciones Especializadas que nos lleva un año, año y medio en revisión de las bases”, declaró Zepeda.

De concretarse estas modificaciones, las socaps contarían con una vía para superar la limitante que actualmente enfrentan para financiar a personas morales, de acuerdo con el planteamiento expuesto por el presidente de Mexicoop.

Durante el mismo Congreso Cooperativo, Daniel Miranda, director general de Desarrollo Regulatorio de la CNBV, explicó que las disposiciones vigentes ya contemplan el microcrédito productivo y que las entidades pueden utilizar este esquema.

Miranda aclaró que los créditos otorgados originalmente como financiamiento de consumo no tienen que ser reclasificados posteriormente como microcréditos productivos.

El proyecto en el que trabaja la CNBV busca alinear los incentivos de capital y reservas para que las entidades tengan un menor costo regulatorio y mayores incentivos para utilizar el esquema de microcrédito productivo.

En los últimos años, el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) ha trabajado para cumplir, a partir del 1 de enero del 2027, con la regulación relacionada con la norma IFRS-9, con el fin de apegarse a los estándares internacionales en materia de contabilidad. A la par de este proceso, la autoridad ha definido un amplio plan regulatorio que abarca distintos aspectos para este sector, compuesto por 153 entidades autorizadas.

De acuerdo con Daniel Miranda, director general de Desarrollo Regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dentro de dicha agenda se prevé un robusto plan de capitalización, medidas antifraude, lineamientos para nuevos productos, mediciones de sostenibilidad y género, nuevas reglas para la contratación de proveedores y servicios de cómputo en la nube, además de una regulación transversal sobre medios de pago.

“Es necesario fortalecer, tener bases sólidas, dar señales de fortaleza del sector con el objetivo de que el sector continúe creciendo, continúe consolidándose”, indicó Miranda al exponer la agenda regulatoria que la autoridad trabajará con el sector de socaps.

El funcionario expuso su plan de trabajo, el cual se basará en los siguientes ejes:

Capital, el punto de partida

La propia CNBV coloca a las socaps como un sector prioritario dentro de la política pública, por su papel en los objetivos de desarrollo económico y de inclusión financiera.

Bajo esa premisa, la autoridad plantea fortalecer su posición financiera y capacidad para enfrentar los distintos riesgos que implica su operación.

La propuesta de capitalización contempla seis cambios principales:

• Capital mínimo: actualización de los niveles requeridos de acuerdo con el perfil de riesgo y nivel de operaciones de cada socap.

• Capital neto: separación de los componentes de capital de mayor y menor calidad para medir con mayor precisión los recursos disponibles ante posibles periodos de estrés financiero.

• Riesgo de crédito: actualización de los requerimientos de capital para este riesgo.

• Riesgo de mercado: adecuación del marco para reflejar la exposición de mercado de las socaps y considerar las operaciones que pueden realizar conforme al marco legal.

• Riesgo operacional: incorporación de un requerimiento de capital que considere la exposición inherente a la operación de las entidades.

• Medidas correctivas: actualización de los niveles a partir de los cuales se activarían las distintas medidas correctivas de la CNBV.

“El objetivo de que una entidad pueda tener el capital necesario depende de la complejidad de la operación que esté realizando”, destacó Miranda.

Junto con la actualización del marco de capitalización, la CNBV prepara nuevas reglas para medir la liquidez de las socaps. Miranda explicó que se busca incorporar un Coeficiente de Cobertura de Liquidez que permita a las entidades contar con activos líquidos de alta calidad para responder ante escenarios de tensión.

El planteamiento contempla que las socaps puedan mantener sus operaciones críticas durante al menos 30 días bajo un escenario de estrés severo. La intención, explicó el funcionario, es que cuenten con una reserva suficiente para hacer frente a escenarios adversos y mantener la confianza de sus socios y prestamistas.

“Estas dos regulaciones sin duda van alineadas una con otra, con el objetivo de que tengan una mejor medición, un mejor manejo de la liquidez y una mejor medición de los riesgos”, detalló el funcionario.

Fraudes, un nuevo frente regulatorio

La prevención y gestión de fraudes será otro de los frentes de la agenda regulatoria de la CNBV, de acuerdo con Miranda, quien explicó que la autoridad trabaja en un proyecto para que las socaps establezcan mecanismos específicos para atender este tipo de riesgos.

El planteamiento contempla fortalecer los mecanismos de prevención y gestión, además de incorporar capacitación para el personal de las entidades y un reporte sobre reclamaciones monetarias que permita a la autoridad contar con más información sobre los casos que enfrenta el sector.

“Si tenemos un problema de fraude y no lo atendemos adecuadamente, pues puede generar pérdida de confianza y eventualmente puede generar problemas de solvencia”, explicó el funcionario de la CNBV.

Microcrédito, mujeres y sostenibilidad

La agenda también contempla cambios relacionados con la oferta de financiamiento de las socaps, entre ellos un proyecto para establecer un tratamiento específico para el microcrédito productivo y distinguirlo de los créditos de consumo.

Miranda explicó que algunas personas con una actividad económica pueden recibir actualmente un crédito clasificado como de consumo, aunque los recursos sean destinados a una actividad productiva, por lo que la intención es alinear la regulación con la naturaleza del financiamiento.

“Si yo tengo una regulación que no está alineada con la realidad, pues probablemente voy a terminar teniendo una tasa de interés más alta para el acreditado”, señaló.

Otro de los proyectos contempla generar información sobre el financiamiento que reciben las empresas de mujeres, con el propósito de identificar a las empresas lideradas o propiedad de mujeres y conocer el acceso que tienen al crédito mediante las socaps.

Esta información podría facilitar la vinculación de estas empresas con garantías o programas de la banca de desarrollo, de acuerdo con el planteamiento expuesto por Miranda.

La sostenibilidad también forma parte de la agenda de la CNBV, que trabaja en un esquema de información proporcional para las socaps que considere sus características y tamaño frente a las nuevas exigencias que surgen en las cadenas de valor.

Proveedores y nube, otro frente de la regulación

La CNBV también prepara cambios para agilizar la contratación de servicios con terceros que apoyan la operación de las socaps, con un esquema que contempla actualizar los procesos de aviso y autorización y adaptar los contratos marco al tipo de servicio que las entidades busquen contratar.

El proyecto también plantea homologar las excepciones para la contratación de servicios de bajo riesgo, además de fortalecer el padrón de terceros y comisionistas, como parte de un esquema que busca dar mayor transparencia a las relaciones de las socaps con empresas no financieras.

De acuerdo con la CNBV, estos cambios también buscan reducir las asimetrías regulatorias y favorecer una mayor competencia dentro del sistema financiero.

“Lo que se va a buscar es establecer cuáles son los requerimientos específicos que se deben tener con estos terceros, que proveen estos servicios para poder agilizar la constitución de los expedientes que tengan que solicitar la autorización de la CNBV para poder agilizar la autorización”, expresó.

CNBV busca simplificar la operación digital

Otro de los proyectos contempla actualizar las reglas relacionadas con los productos que las socaps pueden ofrecer a sus socios, además de avanzar en modificaciones para la conservación de información mediante procesos de microfilmación y grabación.

Miranda explicó que este proyecto surgió a partir de consultas de entidades y de experiencias con cooperativas que todavía deben conservar durante años grandes cantidades de expedientes físicos, pese a que parte de sus operaciones ya se realizan de manera digital.

El funcionario consideró que esta situación resulta contradictoria frente a la transformación digital del sector, particularmente cuando una entidad puede realizar de manera electrónica procesos como la apertura de un crédito y después verse obligada a imprimir y conservar físicamente la documentación.

“Permitir que, si la operación fue digital, se mantenga digital”, resumió Miranda al explicar el objetivo del proyecto, que también permitirá digitalizar expedientes físicos, conservarlos de manera segura y destruirlos bajo las condiciones que establezca la regulación.

En este mismo eje, la CNBV trabaja en un proyecto de regulación de redes de medios de disposición, particularmente las redes de pagos con tarjeta, que actualmente se encuentra en consulta y tendrá aplicación transversal en el sistema financiero.

La agenda regulatoria todavía deberá avanzar por distintas etapas de consulta y definición antes de convertirse en disposiciones aplicables, mientras que la CNBV prevé continuar el trabajo con el sector para definir los cambios que acompañarán la evolución de las socaps.

El 10 de diciembre del 2024, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio el aval para que la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap) Sakatekapan fuera autorizada para integrarse al universo regulado de estas entidades. Esa fue la última entidad del sector en recibir el aval.

La autorización de Sakatekapan representó el ingreso más reciente de una cooperativa al sistema supervisado, compuesto por 153 socaps autorizadas, en un sector que durante las últimas dos décadas ha atravesado un proceso de depuración y regularización. Sin embargo, ese proceso todavía no está cerrado.

En este contexto, la CNBV considera a las socaps como entidades relevantes para la inclusión financiera y el desarrollo de las localidades, por lo que busca avanzar hacia un marco regulatorio que acompañe la evolución del sector y fortalezca a estas sociedades que son parte de la economía social del país.

“En las localidades rurales donde están presentes las cooperativas, una proporción relevante de la población mantiene una cuenta en ellas. Esto habla de una relación financiera que ya existe y en la que se puede construir”, comentó Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria de la CNBV en el más reciente Congreso Cooperativo 2026.

De acuerdo con cifras de la CNBV, la presencia de las socaps en el país es la siguiente:

• 810 municipios del país tienen al menos una sucursal de socap.

• 251 municipios sin sucursal bancaria tienen una sucursal de una socap.

• 1 de cada 2 personas de localidades rurales donde hay una socap tiene una cuenta.

El gran pendiente para su consolidación

Dentro de la CNBV ya se perfila un proceso de modernización regulatoria para el sector; sin embargo, todavía hay pendientes para la consolidación total y uno de ellos es concluir el proceso de salida ordenada de 105 socaps que no lograron ingresar al universo autorizado. Aunque estas entidades representan apenas 2% de los activos del sector, concentran casi 500,000 socios.

Estas entidades tienen que dejar de operar y apegarse a un esquema de salida ordenada que antes contemplaba recibir apoyos del ahora extinto Fideicomiso Pago (Fipago). Actualmente, la posibilidad de otorgar estos apoyos queda a discreción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La última noticia de un proceso de esta naturaleza se registró en agosto del 2024, cuando la Secretaría de Hacienda estableció un procedimiento para apoyar a los ahorradores de 18 sociedades que operaron en Oaxaca, con recursos federales y estatales.

Dicho apoyo contempló el establecimiento de Centros de Atención a Ahorradores y permitió pagar 70% del saldo neto de ahorro a quienes estuvieran reconocidos como socios ahorradores y tuvieran un saldo superior a 40,000 pesos y de hasta 62,751 pesos.

Desde entonces no se han anunciado nuevos apoyos, mientras los registros del Fondo de Protección de las Socaps (Focoop) muestran que estas entidades concentran 489,537 socios y activos por más de 6,652 millones de pesos.

La última en dar el gran salto

Dentro del proceso de consolidación del sector de cooperativas en México, se contempla que las socaps consideradas en nivel básico, que son aquellas que tienen activos por menos de 2.5 millones de UDIS, puedan ingresar al universo autorizado una vez que rebasen el límite de activos y cumplan con todos los requerimientos de la CNBV.

El caso más reciente de una entidad que dio este salto fue Sakatekapan, ubicada en Zacatecas y con cerca de 2,000 socios. Según su expediente de autorización, del cual este medio tiene copia, la entidad, constituida en el 2016, presentó su solicitud para ser autorizada en mayo del 2022 y fue en diciembre del 2024 cuando recibió el aval para ingresar al universo regulado.

Durante este proceso, la autoridad revisó aspectos como:

• Situación financiera y capitalización.

• Cartera de crédito y morosidad.

• Liquidez.

• Controles internos.

• Gobierno corporativo.

• Infraestructura y capacidad tecnológica.

• Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Capacidad operativa para funcionar bajo el régimen autorizado.

Una de las ventajas que se ofrece al socio de una cooperativa autorizada es que tiene protección a su ahorro hasta por 25,000 Udis, es decir, cerca de 213,000 pesos.

“Desde el punto de vista legal, operativo, económico, financiero y administrativo, es procedente autorizar a Sakatekapan para que continúe realizando operaciones de ahorro y préstamo, con un nivel de operaciones distinto al básico”, se puede leer en el expediente de su autorización.

El proceso tomó poco más de dos años desde la presentación de la solicitud hasta la autorización. Durante ese periodo, Sakatekapan tuvo que atender los requerimientos formulados por las autoridades y acreditar las condiciones necesarias para operar bajo un nivel distinto al básico.

Se tiene estimado que existen cerca de 235 entidades de nivel básico, las cuales atienden a 146,357 socios y tienen activos por más de 2,000 millones de pesos.

El reto de la modernización

Uno de los grandes pendientes del sector de las socaps es la digitalización, ante un entorno financiero más tecnológico y una demanda de servicios más ágiles. Alfonso García Moreno, presidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), indicó que, aunque la confianza es uno de los principales activos de estas entidades, también existe un reto de fidelidad entre sus socios.

Según estimaciones de la Concamex, un socio que tiene una cuenta con una cooperativa también mantiene, en promedio, otras cuentas en cuatro instituciones financieras de distinta índole.

“El tema de fidelización, de lealtad a nuestros socios es todo un reto. Nos prefieren por tasas competitivas, por la facilidad de ahorrar, pero al momento de operar con nuestras cooperativas, ellos ven que hay más facilidad en otras alternativas”, apuntó García Moreno.

Con cifras a junio del 2026, las 153 socaps autorizadas tenían activos por 329,728 millones de pesos y atendían a 10 millones 86,506 socios. Además, había tres sociedades en proceso de autorización, con 9,013 socios.

El crecimiento del sector, que pasó de 70 entidades autorizadas en el 2012 a 153 en la actualidad, plantea una nueva etapa regulatoria.

Para la CNBV, el objetivo es que esa evolución permita fortalecer al sector sin perder el vínculo que las cooperativas mantienen con sus socios.

“No se trata de dejar de hacer lo que ya hacen y lo que han hecho muy bien por años. Se trata de utilizar las herramientas tecnológicas para llevar sus servicios de atención a más zonas, a las nuevas generaciones y más regiones del país”, expresó Lucía Buenrostro, vicepresidenta de la CNBV.

La funcionaria destacó que la digitalización representa una oportunidad para ampliar el alcance de las cooperativas, particularmente en comunidades donde persisten brechas de acceso a servicios financieros y tecnológicos.

Para Buenrostro, este proceso requiere un marco regulatorio que acompañe la evolución de las cooperativas, particularmente ante la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de atención. La funcionaria planteó que la regulación debe permitir que las socaps se modernicen, puedan apoyarse en aliados estratégicos y amplíen sus servicios, sin perder los controles necesarios para proteger el patrimonio y la información de sus socios.

La funcionaria explicó que las cooperativas pueden aprovechar la tecnología para ampliar su alcance y atender nuevas necesidades financieras, pero bajo reglas que mantengan condiciones de seguridad, continuidad operativa y protección al usuario.

El siguiente paso: integrarse como sistema

Para César Zepeda, integrante del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana (Mexicoop), tras una historia de 75 años el siguiente paso para las cooperativas de ahorro y préstamo no consiste únicamente en crecer de manera individual, sino en integrarse y desarrollar la capacidad de actuar como un sistema.

El representante sostuvo que el sector ya cuenta con instituciones sólidas, millones de socios, presencia territorial, recursos, experiencia y tecnología, pero todavía existe un potencial importante para avanzar hacia una mayor integración.

Zepeda retomó el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el estado de la economía social y solidaria, que plantea que este sector dejó de ser marginal y puede convertirse en una herramienta para el desarrollo económico. Sin embargo, advirtió que el reto no sólo está en contar con leyes y regulaciones, sino en convertirlas en resultados.

En este sentido, señaló que los sistemas cooperativos más desarrollados han construido ecosistemas donde las entidades trabajan de manera articulada. Para México, planteó que las socaps pueden convertirse en el motor financiero de la economía social, mediante el financiamiento de proyectos productivos de otras cooperativas y de empresas vinculadas con sus socios.

“El siguiente paso no es que cada cooperativa crezca sola, sino pasar de ser un conjunto de cooperativas grandes a ser un gran ecosistema o sistema integrado de cooperativas”, planteó el representante del Mexicoop.

Muchas historias se van a contar —y se están contando— de lo que pasó en la reciente Convención Bancaria. La banca con el discurso de solidez en medio de incertidumbre global, tensiones comerciales y un entorno donde la regulación pesa cada vez más.

Pero hay un dato que salió ya casi al final —cuando la formalidad empezó a aflojar— que vale la pena seguir.

Llamó la atención ver más activo a Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en medios. Desde ahí se buscó mandar un mensaje de certidumbre en un momento donde el regulador quiere dejar claro que la prioridad es la estabilidad, sin cerrar la puerta a nuevos modelos digitales.

Y en ese contexto soltó un dato: actualmente hay ocho solicitudes en análisis para obtener una licencia bancaria en México, y una más en fase de inicio de operaciones.

Ya he hablado de algunas de estas historias, pero sirve ponerlas juntas para ver cómo se está moviendo el tablero.

De esas ocho solicitudes, seis pueden confirmarse porque sí aparecen en los registros de la autoridad. Hay otras dos que no están en esos registros, pero por lo que han dicho y lo que se ha publicado en medios, es muy probable que ya estén en proceso.

Las seis confirmadas

Aunque algunas ya se mueven como bancos, todavía no lo son formalmente. Aquí la lista:

Mercado Libre. Hace algunos años, un textoservidor que comparte nombre y apellido conmigo adelantó en un medio llamado Día Fintech que el gigante del comercio electrónico tenía la intención de ser banco.

La razón principal, más allá del discurso de inclusión financiera, pasa por la regulación. Su licencia de IFPE le ha generado fricciones por los servicios que hoy ofrece, por lo que una licencia bancaria le daría mayor claridad operativa, aunque también implicaría ajustar o incluso dejar algunos productos, como los relacionados con criptomonedas.

Konfío. Desde 2022 se hablaba de esto. Aunque en su momento no lo confirmaron, meses después reconocieron el interés por obtener una licencia bancaria. Buscan ampliar su alcance en el segmento pyme con una oferta más completa.

Finsus. Es de los procesos más avanzados. Todo apuntaba a que la autorización llegaría desde finales del año pasado, pero algunos temas regulatorios frenaron el visto bueno. Se mantiene como una de las candidatas más cercanas.

Masari Casa de Bolsa. En la convención se habló mucho del interés de bancos por adquirir casas de bolsa para fortalecer su negocio. Aquí el movimiento es al revés: una casa de bolsa que busca convertirse en banco. Hay poca información pública, pero el proceso existe.

Crediclub. La sofipo regiomontana ya formalizó su intención hacia el cierre de 2025. Detrás hay una estrategia de crecimiento respaldada por inversionistas, con el objetivo de dar el salto a banca múltiple. El proceso sigue en curso.

Banco de Durango. Un proyecto del que ya se ha hablado antes. Ha recibido diversas observaciones del regulador sobre su modelo de negocio, pero sus inversionistas mantienen la apuesta. La propuesta —vinculada a una universidad privada— sigue bajo revisión.

Las dos posibles

Aquí entran dos jugadores que no aparecen en la información pública de la CNBV, pero que por declaraciones y reportes es probable que ya estén en proceso.

ION Financiera. Sofom con presencia en el mercado hipotecario. Desde hace tiempo ha planteado la posibilidad de convertirse en banco. En el camino ha recibido observaciones por parte de calificadoras, lo que ha marcado el ritmo de esa intención.

Naranja X. El banco digital de Grupo Financiero Galicia. Hace unas semanas se reportó desde el extranjero que solicitó licencia para operar como banco en México. Es un movimiento reciente y todavía con poca visibilidad en el mercado local.

La que ya no tarda

Y para cerrar, está el caso de Nu México, que ya recibió autorización para constituirse como institución de banca múltiple y que solo espera el aval regulador para iniciar operaciones...y ahora sí, compita de tú a tú con los que tanto se han quejado del piso parejo.

Vamos a ver cuántos de estos sí llegan y cuántos se quedan en el intento. Porque querer ser banco es una cosa… y que te dejen serlo, es otra.

Una de las tareas que más ha ocupado a Ángel Cabrera Mendoza desde su llegada a la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha sido reordenar internamente al organismo para hacerlo más eficiente frente a restricciones presupuestarias, vacantes y una constante fuga de talento especializado.

Cabrera Mendoza no la ha tenido fácil. El funcionario ha impulsado una revisión de la estructura operativa de la Comisión para identificar vicios, áreas de oportunidad y barreras que enfrentan las distintas unidades del organismo, con el objetivo de fortalecer su capacidad de supervisión y hacer un mejor uso de los recursos disponibles.

En ese contexto se concretó un cambio que pasó prácticamente desapercibido, pero que podría tener implicaciones relevantes para la supervisión del ecosistema de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), mejor conocidas como fintech.

Actualmente existen 88 ITF autorizadas, de las cuales 61 corresponden a Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y 27 a Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC); aunque en los últimos meses ha disminuido el ritmo de solicitudes para nuevas autorizaciones, el sector mantiene una relevancia significativa dentro del sistema financiero mexicano, ya que el número de fintech autorizadas supera ampliamente al de las instituciones de banca múltiple que operan en el país.

El pasado 14 de mayo, la CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a su esquema interno de delegación de facultades mediante la cual redistribuyó atribuciones derivadas de la Ley Fintech.

El acuerdo forma parte de una reestructuración más amplia al interior de la Comisión. Entre otros cambios, actualiza la estructura de mando del organismo al sustituir diversas referencias a Directores Generales Adjuntos por Coordinadores, una figura que ha ganado relevancia dentro del nuevo modelo organizacional impulsado por Cabrera Mendoza.

Para entender la relevancia del cambio es necesario retroceder al 2023. En ese año, cuando Jesús de la Fuente presidía la CNBV, la Dirección General de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera (DGSITF), entonces encabezada por Leticia Castellanos, pasó de la Vicepresidencia Técnica a la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B (VSGIF B), encabezada por José Ramón Canales Márquez.

En aquel momento, la decisión fue justificada por la supuesta similitud entre la supervisión que realiza la DGSITF y la que llevan a cabo las áreas adscritas a la VSGIF B. La apuesta consistía en integrar a las fintech a una estructura más cercana a la supervisión tradicional que se realiza sobre otros intermediarios financieros, como los bancos.

Sin embargo, con el paso de los años, dicha integración no terminó por resolver los desafíos que enfrenta la autoridad para supervisar a este sector. Si bien la CNBV ha realizado visitas de inspección, emitido observaciones y aplicado medidas correctivas tanto en materia prudencial como de prevención de lavado de dinero, todavía persisten cuestionamientos sobre el equilibrio entre supervisión, regulación e impulso a la innovación.

La industria fintech enfrenta un entorno regulatorio complejo, procesos largos para autorizaciones y modificaciones operativas, así como una supervisión que en distintos momentos ha sido percibida por participantes del sector como poco adaptada a las características propias de este tipo de entidades.

Prueba de ello son las modificaciones recientes.

Aunque la Dirección General de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera permanece dentro de la estructura orgánica de la CNBV, la reorganización aprobada por el regulador modifica la forma en que se estructura la supervisión del sector.

Hasta antes de estos cambios, la vigilancia de las Instituciones de Tecnología Financiera se realizaba a través de las Coordinaciones de Instituciones de Tecnología Financiera y Modelos Novedosos A, C, D, E y F, agrupadas bajo la DGSITF. En otras palabras, la supervisión especializada del sector se encontraba concentrada dentro de una sola dirección general.

Con la nueva estructura, las Coordinaciones de Instituciones de Tecnología Financiera y Modelos Novedosos A, C, D, E y F aparecen adscritas a las Direcciones Generales de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A, C, D, E y F.

Esto implica que la supervisión fintech deja de estar concentrada exclusivamente en áreas adscritas a la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B y pasa a involucrar también a la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A, las dos áreas de la CNBV encargadas de supervisar al sector bancario.

Al mismo tiempo, las facultades derivadas de la Ley Fintech también se redistribuyen entre Direcciones Generales adscritas a ambas vicepresidencias. Además, el acuerdo redistribuye facultades relacionadas con autorizaciones, supervisión, inspección, requerimientos de información y programas de autocorrección, entre otras materias previstas en la Ley Fintech.

En los hechos, la CNBV deja de organizar la supervisión fintech alrededor de una sola estructura especializada y opta por un modelo más distribuido, en el que distintas Direcciones Generales de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros participan en la vigilancia del sector.

Bajo el nuevo esquema, la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A, encabezada por Francisco Javier Vega Rodríguez, se incorpora formalmente a las labores de vigilancia del sector a través de las Direcciones Generales de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A y C.

Por su parte, las Direcciones Generales de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros D, E y F permanecerán bajo la órbita de la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B.

La decisión ocurre meses después de la salida de Leticia Castellanos de la DGSITF y en medio del proceso de reestructuración interna impulsado por Cabrera Mendoza.

Fuentes consultadas consideran que el movimiento refleja el reconocimiento implícito de que el modelo implementado en el 2023 no produjo los resultados esperados. La DGSITF se mantiene formalmente dentro de la estructura de la CNBV, pero la redistribución de sus coordinaciones especializadas y de facultades derivadas de la Ley Fintech apunta a una pérdida de centralidad en la supervisión del sector.

Esto influye en la vigilancia de entidades que actualmente forman parte del sector fintech regulado, tales como Mercado Pago, STP, Paypal, UBR Pagos, Tu Dinero Digital (Farmacias del Ahorro), Briq.mx, entre otras.

En esta ola de cambios, al parecer se viene uno trascendente en otra de las áreas del organismo, pero de eso, lo detallaré en la próxima entrega.

Mucho hay que analizar de la incursión de Nu México en la industria bancaria, desde la actuación de la autoridad para dar luz verde al proyecto hasta su migración desde el sector de sociedades financieras populares (sofipos), el cual ha tenido un mayor escrutinio durante el último año por parte de las autoridades financieras del país.

Más allá de la llegada de Nu a la banca múltiple, vale la pena voltear a ver qué ocurre con el sector que deja atrás. Durante el 2025, la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) elaboró un escenario sobre el comportamiento de las sofipos sin la entidad de origen brasileño y el ejercicio mostró un cambio en la composición de su cartera, con una mayor participación del crédito comercial.

Ahora que Nu ya obtuvo la autorización para operar como banco en México, los datos permiten revisar qué ocurrió con aquel escenario y qué tan fuerte es realmente el sector cuando se excluye a su mayor jugador.

En octubre del 2024, cuando todavía estaba pendiente la autorización bancaria de Nu, este servidor planteó la necesidad de analizar a las sofipos “con Nu y sin Nu”.

A marzo del 2026, todavía con Nu dentro de las estadísticas, las sofipos estaban integradas por 35 entidades, atendían a 32 millones 256,996 clientes y contaban con 656 sucursales.

En septiembre del 2025, la CNBV presentó un ejercicio que comparaba la evolución de la cartera de las sofipos con Nu y sin considerar a la entidad. La cartera del sector sin Nu pasó de 43,761 millones de pesos al cierre del 2024 a 49,460 millones a junio del 2025, un crecimiento de 13.02%, de acuerdo con las cifras mostradas por el regulador.

La diferencia también aparecía en la composición de la cartera. Con Nu, el crédito comercial representaba 25.64% y el consumo 74.28%, mientras que al excluir a la entidad el crédito comercial alcanzaba 37.62% y el consumo representaba 62.26%, debido a que la cartera de Nu estaba concentrada en crédito al consumo.

Ese cambio refleja el peso que tuvo Nu en la estructura del sector, pues la salida de una cartera concentrada en consumo eleva de manera automática la participación relativa del crédito comercial entre las entidades que permanecen.

En junio del 2025, las sofipos tenían una cartera de 72,565 millones de pesos y Nu concentraba 23,105 millones, por lo que las entidades distintas a la financiera brasileña sumaban 49,460 millones de pesos.

Para mayo del 2026, la cartera total había aumentado a 98,257 millones de pesos y la de Nu alcanzaba 34,810 millones, de modo que el resto de las sofipos en su conjunto acumulaba 63,447 millones de pesos. La cartera del sector, sin contabilizar a Nu, creció así 28.3% en menos de un año.

El avance fue mayor en el crédito comercial del sector, que pasó de 18,609 millones de pesos a 27,702 millones, un incremento de 48.9%, mientras que el consumo aumentó de 30,796 millones a 35,698 millones, equivalente a 15.9 por ciento.

Con este comportamiento, el crédito comercial pasó de representar 37.6% de la cartera de las sofipos sin Nu en junio del 2025 a cerca de 43.7% en mayo del 2026, mientras el consumo redujo su participación.

El crédito comercial tiene una relación más directa con las actividades productivas de las empresas y negocios que atienden estas entidades, mientras que el crédito al consumo está orientado principalmente a financiar necesidades de los hogares.

La salida de Nu reduce el tamaño estadístico del sector, pero la cartera de las entidades que permanecen también muestra un crecimiento propio. Entre junio del 2025 y mayo del 2026, ese grupo pasó de 49,460 a 63,447 millones de pesos, con un avance particularmente fuerte en el financiamiento comercial.

Los 34,810 millones de pesos de cartera que Nu representaba dentro de las estadísticas de mayo no explican por sí solos la evolución de las sofipos.

La migración de Nu hacia la banca múltiple sí reduce de manera importante los indicadores agregados del sector, pero ese movimiento no equivale a una contracción de las entidades que permanecen bajo esta figura.

Sin Nu, el sector de las sofipos es más pequeño en términos agregados, pero muestra una mayor participación del crédito comercial y un crecimiento propio de su cartera.

Los próximos meses mostrarán si esta transformación puede sostenerse y qué papel ocuparán las sofipos dentro de un sistema financiero en el que varias entidades digitales que llegaron a esta figura buscan migrar a una licencia bancaria.

La cancelación del registro de Santander Consumer Finance México como sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) entidad regulada (E.R.) pasó como una resolución más dentro del sector financiero, aunque el documento publicado hace algunos días en el Diario Oficial de la Federación revela algo más relevante para un sector que en los últimos años ha vivido una constante depuración.

La resolución muestra que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aplicó una facultad relativamente reciente para cancelar el registro de la sofom, al no acreditar durante más de cuatro meses consecutivos la realización de las operaciones previstas en el artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC).

La fracción VIII del artículo 61 de la Disposición en Materia de Registros ante la Condusef establece este supuesto para la cancelación del registro cuando una sofom no acredita durante más de cuatro meses consecutivos la realización de las operaciones previstas en el artículo 87-B de la LGOAAC.

La resolución de Santander dio para un titular llamativo sobre la pérdida del registro de una sofom, pero el documento permite ampliar bastante más la historia.

La Condusef ya había cancelado 52 registros de sofomes bajo esta misma causal antes de llegar a la entidad de Grupo Financiero Santander México. Fueron seis cancelaciones durante el 2023, 42 en el 2024 y cuatro más entre enero y marzo del 2025, de acuerdo con cifras obtenidas por este reportero.

Esta regulación representa un cambio respecto del régimen anterior, ya que la propia Condusef señaló que las disposiciones vigentes entre el 2014 y el 2022 no contemplaban esta causal de cancelación, por lo que el supuesto comenzó a formar parte del nuevo esquema de registros aplicado desde el 2023.

Antes de llegar a la cancelación, la Condusef debe notificar a la sofom los presuntos incumplimientos y otorgarle un plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación y los argumentos que considere pertinentes.

La resolución señala que la sociedad quedó en estado de disolución y liquidación e imposibilitada para realizar sus operaciones a partir de la notificación de la resolución.

Las 52 cancelaciones corresponden a sofomes entidades no reguladas, mientras que Santander operaba como sofom entidad regulada. La diferencia no impide observar que la misma causal prevista en la regulación fue utilizada en ambos casos.

El caso de Santander ocurrió además bajo una estructura distinta en la Condusef a la que estaba vigente durante buena parte del periodo en que se concentraron las 52 cancelaciones.

En junio del 2025, la Condusef publicó un nuevo Estatuto Orgánico que reorganizó las funciones del organismo y desapareció la Vicepresidencia Técnica, que durante el periodo de mayor aplicación de esta causal tenía a Luis Fabre al frente.

La mayor parte de las 52 cancelaciones bajo esta causal se concentró durante el 2024 y el primer trimestre del 2025, todavía bajo la estructura anterior. La resolución contra Santander, en cambio, fue emitida en julio del 2026 con el nuevo esquema institucional, es decir, solo dos vicepresidencias: la Jurídica y la de Unidades de Atención a Usuarios.

La diferencia deja una pregunta pendiente sobre el ejercicio de esta facultad después del cambio de estructura. Las cifras obtenidas por este reportero sólo llegan hasta marzo del 2025, por lo que todavía falta conocer cuántos registros fueron cancelados bajo esta causal durante el resto del 2025 y lo que va del 2026.

Las 52 cancelaciones corresponden a sofomes entidades no reguladas, mientras que Santander operaba como sofom entidad regulada. En ambos casos, la Condusef utilizó la misma causal prevista en la regulación.

La dimensión de la depuración del sector también es mayor cuando se observa el total de registros cancelados. Entre el 2014 y abril del 2025, la Condusef reportó 1,890 cancelaciones de registros de sofomes entidades no reguladas por distintas causales.

La depuración del sector tampoco comenzó con esta causal. La reforma financiera del 2014 elevó las obligaciones de las sofomes y amplió las facultades de las autoridades sobre estas entidades, incluidas las relacionadas con la actualización de sus registros y el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Más de una década después, el caso Santander muestra que las exigencias para permanecer dentro del sector siguen aumentando. Las sofomes no sólo deben conservar un registro ante la autoridad, también tienen que acreditar la actividad financiera que sustenta su permanencia.

La cancelación de Santander, por tanto, vuelve a poner bajo los reflectores una facultad que la Condusef ya había utilizado. Lo que falta por conocer es qué tanto se ha aplicado desde el cambio de estructura del organismo y cuántas sofomes han dejado de acreditar actividad desde entonces.

Fue la primera startup en llegar al frente de la batalla financiera digital mexicana, pero las condiciones del mercado terminaron por acorralarla. Esta es la radiografía de una compleja misión de rescate que involucró 21 procesos regulatorios ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), una inyección de capital de 610 millones de pesos, la intervención del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares (Prosofipo) y la llegada de Crédito Maestro para preservar a Kubo Financiero, uno de los proyectos emblemáticos de la primera generación fintech del país.

Años antes de que se creara y promulgara la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, Kubo, de la mano de su fundador Vicente Fenoll, sentó las bases del ecosistema financiero digital en México al convertirse en la primera plataforma tecnológica en integrarse al sistema financiero tradicional bajo la figura de sociedad financiera popular (sofipo).

Su modelo peer-to-peer permitió conectar a ahorradores e inversionistas con solicitantes de crédito mediante herramientas digitales cuando el concepto fintech todavía no formaba parte del lenguaje cotidiano del sistema financiero mexicano.

La institución, que transitó de sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada a sofipo, abrió la ruta que posteriormente siguieron decenas de empresas enfocadas en el crédito, el ahorro y la inversión por medio de canales digitales.

A marzo del 2026, Kubo atendía a 436,000 clientes y administraba activos por cerca de 2,000 millones de pesos, lo que la ubicaba como la onceava sofipo más grande del país por el tamaño de su balance.

Por ello, la historia de su rescate trasciende. Más de una década después de haber iniciado dicha transformación, el pionero fintech enfrentó el momento más complejo de su breve historia corporativa y regulatoria.

A partir del 2024, la entidad acentuó su deterioro gradual en la calidad de los activos administrados. Su Nivel de Capitalización perdió el amplio margen que la había caracterizado durante años y comenzó a acercarse a los niveles mínimos exigidos por la regulación, aunque siempre logró mantenerse dentro de los parámetros establecidos.

Asimismo, su Índice de Morosidad inició una trayectoria ascendente que la separó del comportamiento promedio del sector. En septiembre del 2025, dicho indicador llegó a 19.34 por ciento.

El Índice de Morosidad Ajustado, que contempla los castigos de cartera, terminó por exhibir la problemática. A noviembre del año pasado, dicho indicador tocó su punto más alto al llegar a 52.61%, cuando el sector se mantenía en 21.45 por ciento.

El detrimento de estos indicadores obligó tanto a la administración de la sofipo como a la autoridad a desplegar una estrategia de supervivencia que, según información revisada por este reportero, implicó al menos 21 movimientos regulatorios entre el 2024 y el 2026.

Primero llegaron las medidas internas. En mayo del 2024, la entidad reformó sus estatutos sociales y solicitó autorización para implementar un programa de autocorrección. Su intención era fortalecer la estructura operativa y atender observaciones regulatorias en un entorno cada vez más complejo, marcado por la naturaleza del mercado y la llegada de jugadores más potentes en la parte digital.

Posteriormente comenzó la búsqueda de alternativas privadas. Diversas solicitudes ante la CNBV permitieron compartir información financiera y abrir procesos de debida diligencia con potenciales inversionistas y aliados estratégicos. Entre los nombres que aparecen en los registros se encuentran:

• Go Credit.

• Nacional Monte de Piedad.

• NR Finance.

• O Finanzas.

• Ualá.

• Baubap.

• Adelantos Finmex.

• Grupo Financiero Galicia, antes de que su subsidiaria Naranja X solicitara autorización para operar como banco en México.

Fenoll tocó prácticamente todas las puertas posibles antes de encontrar una solución definitiva.

El acercamiento que marcó el destino de la entidad surgió con Crédito Maestro, encabezada por Oliver Fernández. Desde las gestiones encaminadas a asumir el control accionario de la sofipo, sujetas todavía a la autorización correspondiente de la CNBV, hasta la solicitud para adquirir parte de la cartera de esta sofom por más de 206 millones de pesos, la relación entre ambas instituciones terminó por redefinir el futuro de Kubo.

A la par de la búsqueda de inversionistas para Kubo, explotaba uno de los casos más relevantes para el sector de ahorro y crédito popular: la caída de la sofipo CAME, que requería atención regulatoria y presionaba al propio mecanismo encargado de proteger a los ahorradores del sector.

Un salvavidas que también había sido rescatado

La participación del Prosofipo constituye uno de los elementos más relevantes de esta historia.

El organismo, ahora encabezado por Emeterio Barrientos Romero, arrastró durante años las secuelas financieras derivadas del caso Ficrea y posteriormente tuvo que hacer frente a nuevas obligaciones dentro del sector, como el pago de los compromisos generados por la caída de CAME. Sin embargo, el crecimiento de la captación de las nuevas sofipos digitales fortaleció gradualmente su capacidad financiera.

Los estados financieros del propio Fondo muestran que su patrimonio pasó de 231.6 millones de pesos en el 2023 a 578.7 millones en el 2024. Para el cierre del 2025, la cifra ascendió a 1,106 millones de pesos.

Ese fortalecimiento estuvo impulsado por 517.2 millones de pesos en cuotas ordinarias y 511.8 millones en cuotas extraordinarias aportadas por las sociedades financieras populares.

La mayor contribución de las cuotas extraordinarias correspondió a Nu México, con 443 millones de pesos, seguida por Finsus, con 24 millones de pesos; Klar, con 10 millones de pesos, y Stori, con 9.9 millones de pesos.

En ese contexto, el Prosofipo activó uno de los mecanismos preventivos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular para apoyar a Kubo.

Con fundamento en la legislación, el organismo aportó 130 millones de pesos a la sofipo mediante un esquema de apoyo financiero preventivo que podría derivar en la adquisición de una participación accionaria asociada a las aportaciones para futuros aumentos de capital, una vez que la autoridad resuelva la solicitud correspondiente.

La lógica jurídica detrás de la operación respondía al principio previsto en la ley de que resulta menos costoso preservar la viabilidad de una entidad que asumir el pago de las obligaciones protegidas a los ahorradores.

Los millones que evitaron la caída

De acuerdo con los informes de Kubo, las aportaciones totales de capital que recibió la institución ascendieron a 610 millones de pesos.

De ese monto, 480 millones de pesos fueron aportados por Crédito Maestro dentro de la estrategia planteada para asumir el control de la sofipo, operación que aún requiere las autorizaciones regulatorias correspondientes, mientras que los 130 millones de pesos restantes provinieron del Fondo de Protección mediante un esquema de apoyo financiero preventivo.

Los efectos ya comenzaron a reflejarse en algunos indicadores: la inyección de recursos dio un respiro al Nivel de Capitalización y moderó el comportamiento del Índice de Morosidad; sin embargo, el Índice de Morosidad Ajustado continuó bajo presión.

Paradójicamente, la nueva generación de sofipos contribuyó a preservar a uno de los proyectos que abrió el camino para la digitalización financiera del país.

¿Cuál será el futuro?

Si bien parte de esta estrategia de rescate fue impulsada por el vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la CNBV, Eugenio Laris González, su continuidad en dicho puesto está en duda tras el impacto que dejó el caso CAME en el sistema de ahorro y crédito popular.

Versiones dentro de la CNBV apuntan a una reorganización en las vicepresidencias del organismo, donde Laris González saldría junto con varios de sus directores generales para pasar la estafeta a Ramiro Edgar Álvarez, actual vicepresidente Técnico de la Comisión, aunque todavía no existe claridad sobre quién asumiría dicha posición.

Uno de los señalamientos recurrentes sobre la gestión de Laris se relaciona con los constantes amagos de sanciones a las entidades supervisadas y con su capacidad para resolver problemas estructurales dentro del sector de finanzas populares.

La bomba de Kubo fue desactivada, a costa de cientos de millones de pesos y de la participación coordinada entre capital privado, mecanismos institucionales y autoridades regulatorias.

Con la transición de distintas financieras populares hacia una licencia bancaria, podría pensarse que la figura sofipo pierde fuerza. Sin embargo, en los primeros meses del 2026 la CNBV recibió dos nuevas solicitudes: Soriana y UNL Pagos, que se suman a una fila de casi seis expedientes que permanecen bajo análisis del regulador.

Bunq quiere entrar al negocio bancario mexicano. El neobanco europeo presentó en mayo pasado su solicitud para obtener una licencia de banca múltiple y se sumó a una lista en la que también aparecen Mercado Libre, Finsus, Crediclub, Masari, Konfío, ION Financiera, Naranja X y Banco de Durango, en un mercado donde la banca digital ha ganado espacio con Bineo, Openbank, Hey Banco, Revolut, Plata y Nu México, que ya inició operaciones como banco.

Registros consultados por este reportero muestran que el expediente de Bunq México ingresó a la CNBV el 12 de mayo del 2026, para solicitar la organización y operación de una institución de banca múltiple. Al día siguiente, la firma anunció públicamente que había presentado su solicitud ante la autoridad mexicana.

Bunq nació en Países Bajos y opera en más de 30 mercados europeos. Su negocio incluye cuentas, tarjetas, ahorro, presupuestos, inversión y servicios multidivisa. Para México, la firma plantea atender a personas con vínculos financieros internacionales, además de ofrecer cuentas multidivisa y depósitos protegidos por el IPAB.

La expansión mexicana forma parte de una estrategia internacional. En Estados Unidos, bunq obtuvo en el 2025 autorización como broker-dealer y después solicitó un permiso bancario de novo, es decir, la autorización para crear un banco nuevo y no mediante la adquisición de una institución existente.

El 4 de agosto, la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) rechazó esa solicitud para establecer bunq US Bank, National Association.La decisión consta en una resolución oficial de seis páginas, firmada por Stephen A. Lybarger, subcontralor sénior para Autorizaciones, Organización y Estructura de la OCC. Lybarger encabeza la función de licenciamiento de la agencia y administra el proceso para autorizar bancos nacionales.

La OCC identificó cuestionamientos sobre la capitalización, la experiencia del equipo directivo, el riesgo crediticio, la rentabilidad y la transparencia. También concluyó que la solicitud no demostraba que el banco pudiera operar de manera segura y sólida.

“Por las razones expuestas a continuación, la OCC rechaza la solicitud”, se puede leer en la carta.

El capital no cuadró

Bunq planteó inicialmente una capitalización de 50 millones de dólares. Al frente de la compañía está Ali Niknam, fundador de bunq y su principal accionista.

La firma indicó que los recursos procederían de las participaciones personales de Niknam, pero información posterior entregada al regulador estableció que el capital provendría de un dividendo de bunq BV, la entidad bancaria neerlandesa de la que Niknam es accionista mayoritario, hacia el empresario.

La cifra cambió después a 58.3 millones de dólares. La OCC consideró que bunq no explicó suficientemente el cambio ni acreditó el origen y disponibilidad de los recursos adicionales.

Incluso con la nueva cifra, la autoridad concluyó que el capital era insuficiente para el volumen, riesgo y tipo de negocio proyectados.

Experiencia bajo la lupa

Los organizadores, directivos y consejeros propuestos no demostraron experiencia suficiente en el principal producto de bunq US Bank: las tarjetas de crédito sin garantía.

La OCC también encontró deficiencias en el conocimiento del equipo sobre las leyes bancarias estadounidenses. En el caso de Niknam, propuesto como presidente y director general, la autoridad consideró limitado su conocimiento de esa regulación. El cargo sería de tiempo parcial y el empresario pasaría buena parte del año fuera de Estados Unidos.

Las proyecciones de morosidad para Estados Unidos utilizaban referencias de bunq BV en Europa, algo que la OCC consideró insuficiente para sustentar el comportamiento esperado de una cartera estadounidense de tarjetas de crédito sin garantía.

La reserva para pérdidas crediticias propuesta también estaba por debajo de la de otros bancos de tarjetas bajo supervisión de la OCC. Bunq presentó nuevas proyecciones, pero la autoridad encontró insuficiente el sustento de los cambios.

La OCC revisó además el desempeño de bunq BV. La compañía comenzó operaciones comerciales en el 2015 y no tuvo un año completo de rentabilidad sino hasta el 2023. Sus ganancias disminuyeron cuando bajaron las tasas en el 2024 y el 2025, lo que para el regulador mostró exposición al riesgo de tasas y limitaciones del modelo basado en suscripciones.

La transparencia, otro problema

La OCC expresó preocupaciones de transparencia por inconsistencias en la información que la administración de bunq US Bank proporcionó durante el proceso. La autoridad también tuvo una evaluación desfavorable sobre el riesgo para el fondo estadounidense de garantía de depósitos, la estructura de capital y las perspectivas futuras de ganancias.

La negativa no impide que bunq presente una nueva solicitud de novo ni que apele ante el Ombudsman de la OCC.

No es el primer intento

De acuerdo con el analista Jason Mikula, bunq presentó solicitudes en abril y septiembre del 2023, retiró ese expediente a principios del 2024 y volvió a solicitar el permiso bancario en enero del 2026.

Mikula destacó que la OCC durante años permitió a algunos solicitantes retirar sus expedientes antes de enfrentar un rechazo público. “Históricamente, la OCC ha permitido que los solicitantes retiren sus solicitudes, en lugar de enfrentar la vergüenza de que fueran rechazadas públicamente”.

Por su parte, Niknam reconoció el rechazo y dijo que la compañía volverá a intentarlo. “Hemos escuchado ‘no’ muchísimas veces antes. Pero no somos de los que dejan que eso nos detenga. Si al principio no tienes éxito, inténtalo, inténtalo, inténtalo de nuevo. Y eso es exactamente lo que haremos”.

El caso ocurre además en una etapa de mayor actividad de la OCC con nuevos participantes. En semanas recientes rechazó la solicitud de Wise para constituir un banco fiduciario nacional y aprobó de manera condicional la de World Liberty Trust Company, vinculada con la familia del presidente Donald Trump. El registro de la OCC también muestra decisiones recientes sobre Upstart Bank, Connectia Trust y otros nuevos participantes.

El rechazo de bunq se da en una nueva etapa para el licenciamiento bancario en Estados Unidos. El 11 de agosto, la OCC informó que busca reactivar la creación de nuevos bancos y que en los últimos 18 meses recibió 40 solicitudes de licencias de novo, frente a un promedio de menos de cuatro por año entre el 2011 y el 2014. La agencia también indicó que en muchos casos ha resuelto solicitudes dentro de 120 días desde que recibe un expediente completo.

La apertura, sin embargo, no implica una aprobación automática. En junio, la OCC estableció un proceso que permite aprobar, aprobar con condiciones, devolver o rechazar una solicitud y anunció que hará públicas las decisiones negativas junto con sus razones. El rechazo de bunq se inscribe en este nuevo esquema de mayor actividad y transparencia en el proceso de licenciamiento.

¿Y la CNBV?

El rechazo estadounidense ocurrió después de que bunq presentó su solicitud en México. Por ello, no determina el resultado del trámite mexicano, pero sí incorpora nueva información regulatoria sobre el mismo grupo empresarial.

En procesos que involucran proyectos ambiciosos, grandes cantidades de capital y la entrada de nuevos participantes al sistema bancario, también existen intereses que van más allá del interés periodístico. Alrededor de los expedientes pueden circular versiones, interpretaciones y mensajes destinados a posicionar una determinada lectura del proceso, sin que necesariamente exista el documento que permita comprobarla.

En Estados Unidos, en el caso de bunq, ese documento existe. La OCC dejó por escrito qué cuestionó, qué factores consideró desfavorables y por qué rechazó la solicitud. No hace falta reconstruir la decisión a partir de declaraciones de abogados o de fuentes con intereses propios en el proceso: está en una resolución oficial.

Ahora la pregunta para México es si la CNBV tendrá en cuenta esa resolución y los cuestionamientos que contiene al evaluar la solicitud de bunq para convertirse banco en México.