En medio del renovado interés por el negocio de casas de bolsa en México, el grupo financiero español Renta 4 busca abrirse paso en el mercado nacional mediante esta figura, una intención que hizo pública desde hace más de un año y que ahora comienza a tomar forma tras solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorización para organizar y operar una casa de bolsa.

En febrero del 2025, Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, adelantó en una entrevista con Funds Society la intención del grupo de dar el salto a México durante el 2026, como parte de su estrategia de expansión en América Latina.

En aquel momento, el directivo explicó que la firma ya contaba con clientes en el país y había estudiado el funcionamiento del mercado de capitales mexicano, por lo que su llegada contemplaba replicar gradualmente el modelo de negocio que desarrolla en España.

“Creemos que México es el siguiente gran mercado en el que Renta 4 puede ofrecer sus servicios. Tenemos ya clientes mexicanos y hemos ido conociendo el funcionamiento de sus mercados de capitales, por lo que nos sentimos con capacidad y con ganas de abordar este paso”, explicó Ureta en la entrevista.

Ahora, esta intención ha comenzado a concretarse, pues en agosto pasado Renta 4 ingresó ante la CNBV su solicitud para organizar y operar una casa de bolsa en México, de acuerdo con información revisada por Yanmak.

Un modelo que buscará replicar

Renta 4 es un grupo financiero español especializado en servicios de inversión, gestión patrimonial y mercados de capitales, cuya trayectoria comenzó en 1986 y que inició su expansión latinoamericana en Chile, en el 2013, para posteriormente llegar a Perú, en el 2014, y Colombia, en el 2017.

A diferencia de los grandes bancos comerciales, su modelo de negocio se concentra en la intermediación bursátil, la asesoría financiera y la gestión de activos para clientes particulares e institucionales.

En una primera etapa, Ureta explicó que el grupo contemplaba participar en el mercado de deuda y ofrecer una plataforma digital para operar en los mercados bursátiles mexicano e internacionales.

Posteriormente, buscaría ampliar sus servicios hacia la asesoría y gestión de inversiones, así como la banca de inversión.

Renovado interés

El movimiento de Renta 4 coincide con un renovado interés por las casas de bolsa en México, donde distintos grupos financieros buscan ampliar su participación en el negocio de inversión mediante la adquisición de intermediarios existentes o la creación de nuevas entidades.

Banamex y Mifel han manifestado su interés en adquirir una casa de bolsa, mientras que Plata inició gestiones para constituir la suya, por su parte, Trafalgar avanzó en la adquisición de la casa de bolsa que pertenecía a CIBanco, operación que recibió autorización de la CNBV.

Otro movimiento relevante fue el de Kapital, que adquirió Intercam Casa de Bolsa, una operación que permitió al grupo ampliar su estructura financiera y consolidar su presencia en el mercado bursátil mexicano, como parte de su estrategia de crecimiento, que también contempla una eventual salida a bolsa.

Este interés ocurre en un mercado transformado por la digitalización y la llegada de nuevos inversionistas, pues las plataformas tecnológicas también buscan captar a ese público mediante productos que facilitan el acceso a acciones y fondos cotizados en mercados internacionales.

En abril del 2026, Revolut anunció el lanzamiento de su plataforma de inversión en México, con acceso a más de 2,000 acciones y fondos cotizados en Estados Unidos, además de la posibilidad de invertir desde un dólar.

¿Cómo es el mercado al que entraría?

En México operan 35 casas de bolsa, un sector que registraba activos por 1.2 billones de pesos al cierre de marzo del 2026, equivalentes a 3.2% de los activos totales del sistema financiero, de acuerdo con el Banco de México.

Entre los servicios y actividades que pueden ofrecer estas entidades se encuentran:

• Intermediar valores: conectar a compradores y vendedores de instrumentos financieros en los mercados primario y secundario.

• Comprar y vender valores: realizar operaciones por cuenta propia o de sus clientes.

• Asesorar inversiones: orientar a sus clientes sobre alternativas y operaciones con valores.

• Administrar carteras: gestionar portafolios de inversión conforme a los mandatos y servicios contratados.

• Participar en colocaciones: intervenir en ofertas públicas de valores y apoyar a empresas que buscan financiamiento.

• Actuar como representante común: representar los intereses de los tenedores de determinados instrumentos de deuda.

Al cierre de junio del 2026, las casas de bolsa mantenían valores en custodia por 11 billones 342,502 millones de pesos y registraban 27 millones 708,627 cuentas de inversión, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Desde abril del 2025, cuando la CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación la última autorización para organizar y operar una casa de bolsa, no se ha publicado otra de este tipo, pese al interés que han demostrado distintos grupos financieros por ingresar al negocio, por lo que la solicitud de Renta 4 representa un nuevo intento por ampliar la oferta de intermediarios bursátiles en México.

Las áreas de cumplimiento de las instituciones financieras y de actividades vulnerables enfrentan el reto de adaptar sus mecanismos de prevención de lavado de dinero a la velocidad de las operaciones, la innovación tecnológica y los desafíos de supervisión, por lo que deben fortalecer sus controles internos y su capacidad para anticiparse a los riesgos.

Durante la inauguración del tercer Gran Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 2026, Teodoro Briseño, director general de Briupec Consultoría, planteó que los responsables de cumplimiento deben asumir un papel más activo ante un entorno financiero cada vez más complejo.

“La reciente evaluación del GAFI sitúa a México bajo un análisis global y los riesgos políticos actuales nos obligan a transitar de una postura reactiva a una estrategia plenamente preventiva”, expresó Briseño.

El directivo identificó entre los desafíos del sector los retrasos en los procesos regulatorios, la falta de respuestas ágiles y la disponibilidad de especialistas para supervisar operaciones que evolucionan al ritmo de la innovación financiera.

“Es innegable que en la operación diaria experimentamos una percepción de rezago o ausencia por parte de las autoridades. Quienes formamos parte del gobierno corporativo lo vivimos de primera mano: retrasos prolongados en autorizaciones, vacíos de respuesta ágil y una constante presión por la escasez de inspectores técnicos que entiendan la velocidad a la que se mueve la innovación financiera”, añadió el especialista.

Ante este escenario, sostuvo que las instituciones no pueden depender exclusivamente de la intervención de las autoridades para fortalecer sus mecanismos de prevención, sino que deben desarrollar capacidades internas para responder a los riesgos de manera oportuna.

Tecnología y controles internos

Briseño destacó que la inteligencia artificial y la transformación de las operaciones financieras plantean nuevas exigencias para los modelos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que las entidades deben revisar sus metodologías de evaluación de riesgos y aprovechar herramientas tecnológicas.

“La irrupción de la inteligencia artificial en los procesos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo plantea un nuevo paradigma de cumplimiento financiero”, afirmó.

En ese contexto, llamó a los oficiales de cumplimiento a reforzar la coordinación con los comités de comunicación y control, así como a fortalecer los mecanismos internos más allá de la obtención de un dictamen técnico.

“No esperemos a que la autoridad venga a decirnos cómo proteger nuestras instituciones”, expresó.

El directivo también reconoció los retos que enfrenta la autoridad en materia de supervisión, pero sostuvo que las instituciones financieras deben mantener una postura preventiva mientras se fortalecen las capacidades regulatorias.

“El fortalecimiento del ecosistema financiero requiere que la autoridad recupere su músculo operativo, pero, mientras esa robustez institucional se consolida, la primera, más obvia e inteligente línea de defensa somos nosotros”, concluyó.

México llega a la quinta evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tras modificar su marco legal antilavado, con el reto de demostrar resultados concretos en investigaciones, sentencias y decomisos de activos, más allá de acreditar que cuenta con normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Durante la plenaria celebrada en París del 28 al 30 de octubre, el GAFI adoptó el informe de evaluación mutua de México, junto con el de Estados Unidos, cuyos resultados se publicarán en diciembre, una vez concluida la revisión de calidad y consistencia de ambos documentos.

“Estos informes evaluaron la eficacia de las medidas adoptadas por ambos países para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, y el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI”, indicó el organismo en el comunicado sobre los resultados de la plenaria, publicado el 30 de octubre.

En esta quinta ronda, los países también recibirán una hoja de ruta con medidas prioritarias y plazos para atenderlas durante un periodo de hasta tres años, con el objetivo de reforzar la efectividad de sus sistemas contra las finanzas ilícitas.

¿Cómo llegó México a esta evaluación?

La evaluación de México fue adoptada en noviembre del 2017 y publicada en enero del 2018; el GAFI reconoció entonces el marco legal e institucional del país, pero detectó deficiencias en la investigación y persecución del lavado de dinero, así como en el decomiso de activos.

En junio del 2023, tras un proceso de seguimiento intensificado, el organismo reconoció avances y recalificó dos recomendaciones; México pasó de 15 a cinco parcialmente cumplidas, aunque mantuvo una sin cumplir: la número 23, relativa a las actividades y profesiones no financieras designadas (actividades vulnerables).

Antes de la quinta ronda, el país reformó su ley antilavado en julio del 2025 con el fin de tener mayor control sobre las actividades vulnerables, pero el reglamento y las reglas generales se publicaron después, con obligaciones cuyos plazos llegan hasta el 2028.

Mireya Valverde Okón, copresidenta del Capítulo México de ACAMS y titular de Prevención de Lavado de Dinero en Alonso y Cía., advirtió durante el tercer Gran Encuentro PLD/FT de Briupec, celebrado días antes de la adopción del informe, que los tiempos de implementación dificultan acreditar el cumplimiento técnico de las nuevas disposiciones.

“Esto nos deja claro que, en temas de cumplimiento técnico, sí, ya tenemos la ley antilavado, ya está vigente, pero no vamos a poder demostrar este cumplimiento técnico, que era tarea de 2017 ante el grupo de evaluadores del GAFI”, explicó.

La tensión para México está en acreditar la efectividad de su sistema mientras persisten pendientes técnicos que, por los plazos de las reformas, posiblemente no pudieron resolverse antes de la evaluación.

La quinta ronda considera 11 resultados inmediatos, entre ellos la capacidad de investigar y perseguir delitos, obtener sentencias y decomisar activos, además del cumplimiento de las 40 recomendaciones técnicas.

“El objetivo es demostrar efectividad, que es en lo que se basa esta quinta ronda de evaluaciones mutuas, pero primero se tiene que demostrar cumplimiento técnico”, añadió Valverde.

¿Seguimiento intensificado o lista gris?

Valverde Okón anticipó dos escenarios para México ante la quinta evaluación del GAFI: permanecer bajo seguimiento intensificado, como ocurrió tras la evaluación del 2017, o ingresar a la lista gris, con consecuencias más severas para el país.

En el primer escenario, el de seguimiento intensificado, México tendría que corregir las deficiencias identificadas en el informe, modificar normas y emitir nuevas reglas, además de atender las exigencias que el organismo plantee a los sujetos obligados.

“Aquellas deficiencias identificadas pues las vamos a tener que robustecer en México a través de normas, modificación y emisión de nuevas reglas… se tendría presión para estas reformas regulatorias, se tendría una mayor exigencia de sujetos obligados y sin duda tendríamos un impacto reputacional moderado si nos ubicáramos en este proceso de seguimiento intensivo”, comentó Valverde.

El segundo escenario: ingreso a la lista gris. Aunque México no figura hasta ahora en esta lista, la especialista advirtió que una eventual inclusión podría tener consecuencias como:

• Deterioro de la reputación internacional del país.

• Mayores costos financieros.

• Posibles efectos sobre la inversión extranjera.

• Riesgos para las relaciones de corresponsalía bancaria.

• Mayor presión para demostrar avances ante el grupo encargado de dar seguimiento a las jurisdicciones incluidas en la lista.

Como antecedente, Valverde recordó el caso de Panamá y la importancia de mantener los avances después de una evaluación favorable: “Panamá fue evaluado, entró a la lista gris, salió de la lista gris, se relajó, entró en un proceso de seguimiento intensificado, se relajó más y entró nuevamente a la lista gris y se quedó cuatro años y medio”.

Para demostrar la efectividad de su sistema, México tuvo que respaldar sus avances con resultados verificables, entre ellos investigaciones que culminen en sentencias firmes y decomisos de activos.

En ese contexto, el planteamiento de acreditar al menos cinco casos de éxito permitiría ilustrar la capacidad de las autoridades para detectar operaciones ilícitas, investigarlas y llevarlas ante la justicia, con resultados verificables.

Hasta el momento, México no figura en la lista gris del GAFI. Los resultados de la evaluación mutua, cuya publicación está prevista para diciembre, permitirán conocer las deficiencias identificadas por el organismo y las medidas que el país deberá atender.

El caso de la caída de la sociedad financiera popular (sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) vive un nuevo capítulo, pues un juez reconoció una deuda por casi 8,000 millones de pesos con cerca de 10,000 acreedores.

De acuerdo con la sentencia en poder de Yanmak Periodismo, entre los acreedores figuran organismos como Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Nacional Financiera, el BID Invest, Sociedad Hipotecaria Federal y el mismo Fondo de Protección de Sofipos (Prosofipo).

“Debe aprobarse y se aprueba la propuesta de reconocimiento de los créditos relacionados en la lista definitiva exhibida por el especialista (José Antonio Echenique García)”, se puede leer en la resolución de la jueza Ruth Haggi Huerta García, con fecha del 28 de octubre del 2026.

El procedimiento comenzó el 10 de diciembre del 2025, cuando CAME, por conducto de su liquidador, Alfonso Ascencio Triujeque, solicitó la declaración de concurso mercantil en etapa de quiebra. El 20 de febrero del 2026, la jueza declaró a la sofipo en esa etapa y, el 11 de mayo, el síndico presentó la lista provisional de créditos, sobre la cual se dio vista a la empresa y a los acreedores para que formularan objeciones en un plazo de cinco días.

El 16 de junio del 2026, el síndico exhibió la lista definitiva de acreedores, que incorporó las solicitudes de reconocimiento y las objeciones planteadas durante el procedimiento. La jueza Huerta García revisó la documentación y resolvió cuáles créditos debían reconocerse, así como su grado y prelación de pago.

CAME supera a Ficrea en acreedores comunes y deuda reconocida

Las cifras de la sentencia muestran que CAME tiene casi el doble de acreedores comunes que Ficrea y una deuda reconocida superior en términos nominales. De acuerdo con las resoluciones de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, estas son las diferencias:

• Casi el doble de acreedores comunes: CAME tiene 9,682, frente a los 4,907 de Ficrea, una diferencia de 4,775 acreedores.

• Mayor deuda reconocida en pesos: CAME suma 7,997 millones de pesos, frente a los 6,462 millones reportados para Ficrea.

¿A quién le debe CAME?

La sentencia reconoce ocho categorías de acreedores, cuyos créditos tienen distintos grados y prelaciones de pago conforme a la Ley de Concursos Mercantiles. Esta clasificación determinará el orden en que deberán cubrirse las deudas con los recursos que se obtengan de la liquidación de los bienes de CAME.

Los créditos laborales contra la masa tienen prioridad de pago conforme al artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles, disposición que también contempla el tratamiento de los gastos de administración de la masa, como el crédito reconocido al Prosofipo. Para las demás categorías, el orden de pago depende del grado y la prelación que la ley establece para cada tipo de crédito.

Organismos involucrados

En la lista de acreedores de CAME figuran distintos organismos públicos y entidades financieras, algunos por obligaciones fiscales y tributarias, mientras que otros tienen créditos derivados de financiamientos otorgados a la sociedad financiera popular, que en su momento llegó a figurar entre las más importantes del sector.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aparece como acreedor por un crédito fiscal de 2,041.47 UDIS, equivalente a cerca de 17,779 pesos, mientras que el Fondo Prosofipo tiene un crédito por administración de la masa de 399,581.59 UDIS, es decir, alrededor de 3.48 millones de pesos.

También figura la Corporación Interamericana de Inversiones, conocida como BID Invest, con un crédito respaldado por garantía real prendaria de 20 millones 352,340.45 UDIS, equivalente a aproximadamente 177.25 millones de pesos.

Entre los acreedores con créditos fiscales sin garantía real se encuentran la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En conjunto, los créditos reconocidos en esta categoría suman 390 millones 449,045 UDIS, equivalentes a cerca de 3,400 millones de pesos.

En la categoría de acreedores comunes figura el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), uno de los cuatro fideicomisos que opera FIRA, de Banco de México, con un crédito reconocido por 170 millones 426,349.52 UDIS, equivalente a aproximadamente 1,484 millones de pesos, el monto individual más alto dentro de esta categoría.

Nacional Financiera (Nafin) también aparece entre los acreedores comunes, con un crédito de 67 millones 42,330.69 UDIS, equivalente a cerca de 583.88 millones de pesos. Por su parte, el Prosofipo tiene otro crédito reconocido en esta categoría por 42 millones 134,021.65 UDIS, alrededor de 366.95 millones de pesos.

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) figura con dos créditos distintos dentro de la categoría de acreedores comunes. El primero asciende a 34 millones 723,093.18 UDIS, equivalentes a aproximadamente 302.41 millones de pesos, mientras que el segundo suma 24 millones 262,896.21 UDIS, cerca de 211.31 millones de pesos.

Los acreedores comunes recibirán el pago proporcional de sus créditos, conforme a la disponibilidad de recursos que determine el síndico y de acuerdo con el orden de prelación establecido en la ley.

Al anunciar la revocación de CAME y orientar sobre el cobro del seguro de depósito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que la protección alcanzaba a más de 99.5% de los ahorradores de la sofipo, es decir, a 169,564 personas, mientras que el resto, poco más de 800 ahorradores, tendría que recurrir al proceso de liquidación de la entidad para buscar la recuperación de la totalidad de sus recursos.

Los Kleinberg en la lista

Al final de la lista aparecen 15 acreedores subordinados por su relación personal con el comerciante. Entre ellos figura el apellido Kleinberg, lo que apunta a un posible vínculo con Jorge Kleinberg, uno de los directivos de CAME cuando la institución colapsó.

Esta categoría comprende créditos de personas vinculadas con la empresa, por lo que su pago tiene menor prioridad que el de los acreedores comunes.

Yanmak Periodismo documentó previamente que CAME ajustaba de forma sistémica su información contable sin que esos cambios reflejaran su realidad financiera. El hallazgo formó parte de un informe presentado el 21 de agosto del 2025 por el interventor Alfonso Ascencio Triujeque ante la CNBV, en el que advirtió que las modificaciones incumplían disposiciones contables de la autoridad.

Tras el reconocimiento de los créditos, el síndico deberá continuar con la liquidación de los activos de CAME para obtener recursos destinados al pago de los acreedores, conforme a la prelación establecida en la sentencia y la Ley de Concursos Mercantiles.

La recuperación dependerá de los recursos que se logren reunir, por lo que el monto reconocido no garantiza que los acreedores reciban la totalidad de sus créditos.

En los últimos años, México ha ganado relevancia como destino para el capital brasileño, en un contexto de mayor intercambio comercial entre ambos países y de oportunidades para las empresas de Brasil interesadas en ampliar su presencia en el mercado mexicano.

Uno de los casos más visibles es la fintech Nubank, que desde hace varios años tiene presencia en el sistema financiero mexicano, especialmente en los mercados de tarjetas de crédito y ahorro. Después de operar como sociedad financiera popular, la compañía avanzó hacia una licencia bancaria para ampliar sus servicios financieros en el país.

El avance de Nubank en México no ha pasado desapercibido. Ahora, otra institución de mayor tamaño que la compañía de “la moradita” apunta hacia el mercado mexicano.

Yanmak constató que, en mayo pasado, Banco do Brasil, el segundo banco más grande de América Latina por volumen de activos, ingresó un expediente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para establecer una oficina de representación en México.

Esta figura permite a las instituciones financieras extranjeras ofrecer información sobre sus operaciones de crédito en sus mercados de origen y conocer las condiciones de la economía mexicana. Sin embargo, no las autoriza a captar recursos del público ni a realizar actividades de intermediación financiera que requieran autorización del gobierno mexicano.

La solicitud llega en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre México y Brasil. En el ámbito financiero, el saldo de la inversión extranjera directa brasileña en México repuntó a partir del 2023 y superó los 400 millones de dólares al cierre de ese año, así como del 2024 y el 2025. Al primer semestre del 2026, dicho saldo se ubicó en 136 millones de dólares.

Un regreso a México

La historia de Banco do Brasil en México no es nueva. En el 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el establecimiento de su oficina de representación en el país, de acuerdo con los registros del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Quince años después, el banco brasileño solicitó el cierre de esa oficina y la revocación de su autorización. La medida se publicó en el DOF el 4 de junio del 2018.

Antes de esa salida, el interés por el mercado mexicano ya había aparecido en los planes de expansión internacional de la institución. En el 2012, Paulo Caffarelli, entonces vicepresidente de negocios internacionales de Banco do Brasil, incluyó a México entre los mercados que el grupo contemplaba para ampliar su presencia, junto con otros países de América Latina.

Un gigante de la región

Fundado en 1808, Banco do Brasil tiene como accionista mayoritario al gobierno federal brasileño. La institución cuenta con experiencia en operaciones de comercio internacional y servicios financieros para clientes en el extranjero, actividades que forman parte de su estrategia de vinculación con empresas y mercados fuera de Brasil.

En su presentación institucional, el banco destaca el papel de su red internacional en la promoción de las relaciones comerciales bilaterales, un enfoque relevante ante su nueva solicitud para establecer una oficina de representación en México.

De acuerdo con un análisis de S&P Global publicado en abril del 2026, Banco do Brasil ocupa el segundo lugar entre los bancos más grandes de América Latina y el Caribe por volumen de activos, con más de 445,100 millones de dólares al cierre del 2025. Sólo se ubica detrás de Itaú Unibanco, también de origen brasileño.

Banco do Brasil figura entre las mayores instituciones financieras de América Latina, mientras que su connacional Nubank, que ocupa el puesto 15 de esa clasificación.

La relevancia de las oficinas de representación

El segmento de oficinas de representación es uno de los más discretos dentro del sistema financiero mexicano. Sin embargo, en marzo pasado cobró visibilidad por la revocación de la autorización de la oficina de representación en México de Lehman Brothers, entidad que colapsó durante la crisis financiera global del 2008.

La revocación de la oficina de representación de esta casa de bolsa extranjera se suma a otras tres registradas en los últimos años:

• Banco General de Panamá, en el 2025.

• Landesbank de Alemania, en el 2023.

• Banco Espírito Santo de Portugal, en el 2016.

En la actualidad, operan en México 30 oficinas de representación de bancos internacionales y dos de casas de bolsa del exterior, de acuerdo con los registros de la CNBV.

A ese universo podrían sumarse nuevas instituciones. Además de Banco do Brasil, la CNBV tiene identificadas otras dos solicitudes en trámite para establecer oficinas de representación:

• SEB Kort OR, firma financiera europea con presencia en el segmento de tarjetas de crédito.

• Fifth Third, banco estadounidense.

El expediente de Banco do Brasil abre la posibilidad de un regreso al país ocho años después del cierre de su anterior oficina, en un contexto en el que otras entidades financieras también buscan establecer presencia en el mercado mexicano.

“¡No, no, no, ahora sí te pasaste, Reyna! Niego rotundamente que eso sea cierto”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, luego de que la periodista Reyna Haydee Ramírez le preguntara qué medidas se aplicaron para impedir que el crimen organizado financiara su campaña presidencial del 2024.

Sheinbaum sostuvo que los recursos de su campaña fueron transparentados y fiscalizados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en respuesta al cuestionamiento sobre los mecanismos para evitar la entrada de dinero ilícito.

Ahora, una guía de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), elaborada en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), establece criterios para vigilar las operaciones financieras de aspirantes que buscan una candidatura en las elecciones del 2027.

El documento, al que Yanmak tuvo acceso, plantea prestar atención a movimientos inusuales, transferencias, depósitos en efectivo y posibles vínculos con empresas fachada, además de dar prioridad a determinados reportes para identificar indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La importancia del proceso

La vigilancia financiera durante las elecciones tiene antecedentes. Para los comicios del 2020-2021, las autoridades ya contaban con una guía para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales.

Aquel documento recomendó a las instituciones financieras prestar mayor atención a las operaciones de precandidatos, candidatos, dirigentes partidistas, militantes y servidores públicos, así como a las transacciones de personas y empresas relacionadas con ellos.

También aclaró que pertenecer a alguno de esos grupos no constituía por sí mismo una alerta; el objetivo era detectar comportamientos inusuales y reportarlos a la autoridad cuando correspondiera.

Ese mecanismo de vigilancia vuelve a cobrar relevancia ante las elecciones del 2027, en las que se renovarán miles de cargos públicos en todo el país. El proceso electoral federal y local 2026-2027 comenzó formalmente el 10 de septiembre del 2026, con miras a la jornada del 6 de junio del 2027.

A nivel federal, se elegirán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados: 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. En el ámbito local, la contienda incluye 17 gubernaturas, diputaciones locales y cargos municipales, además de los puestos correspondientes al cuarto orden de gobierno.

La organización de los comicios estará a cargo del INE en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

Riesgos para la integridad electoral

En su Primer Reporte Electoral. Proceso 2026-2027, Integralia identifica el financiamiento ilícito y la intervención del crimen organizado entre los riesgos que podrían afectar la integridad de los comicios. El análisis también advierte sobre la violencia política, el uso clientelar de programas sociales, la compra de votos, la injerencia de servidores públicos y las precampañas anticipadas.

La preocupación por el financiamiento ilícito en las elecciones tiene antecedentes documentados. La Evaluación Nacional de Riesgos del 2023, retomada por la UIF y la CNBV en su nueva guía, ya advertía sobre esquemas de simulación de operaciones mediante empresas fachada.

De acuerdo con el documento, el INE identificó casos en los que estas empresas cobran por bienes o servicios que no entregan, emiten facturas y después devuelven el dinero.

La evaluación también identificó el desvío de recursos públicos con fines electorales. La guía agrega que la UIF cuenta con indicadores de monitoreo automático para detectar reportes de operaciones inusuales relacionados con delitos fiscales, facturación falsa y empresas fachada, además de dar seguimiento a contribuyentes incluidos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

En ese contexto, la guía de la UIF y la CNBV establece medidas para que las instituciones financieras detecten operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita y para que la autoridad analice los perfiles financieros de quienes aspiran a una candidatura.

Verificación de candidaturas

El 2 de junio del 2026 se publicó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas, que creó la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE. Esta instancia, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la UIF y la CNBV, debe establecer la metodología y los criterios para evaluar los riesgos de quienes buscan una candidatura, antes de su registro electoral.

“En México, tratándose de la fiscalización de los gastos que realizan las personas candidatas a cargos de elección popular corresponde al INE, pero la detección integral del financiamiento ilícito requiere coordinación con autoridades financieras, fiscales, de investigación, de seguridad pública e incluso de autoridades competentes en materia penal”, se puede leer en el documento.

En ese marco, la UIF y la CNBV elaboraron una guía para analizar los perfiles financieros de aspirantes a candidaturas federales y locales. El documento plantea identificar un posible “riesgo razonable” de vínculos con actividades delictivas a partir de la información disponible, incluidos los reportes de operaciones inusuales.

La evaluación contempla aspectos como la periodicidad de los movimientos, el envío y recepción de recursos, los montos, las cuentas de origen, las formas de pago y la actividad económica de las personas examinadas.

La guía también establece que las instituciones financieras deben reforzar la identificación y el conocimiento de sus clientes, revisar sus perfiles económicos y transaccionales, y prestar atención al uso de efectivo y a posibles vínculos con prestanombres o empresas fachada. Sin embargo, el documento aclara que ser aspirante a una candidatura no es, por sí solo, motivo suficiente para generar un reporte de operación inusual.

Vigilancia de recursos

La guía de la UIF y la CNBV establece medidas específicas para las instituciones financieras. Los reportes de operaciones inusuales relacionados con aspirantes a candidaturas deberán clasificarse con prioridad de 24 horas e incluir la leyenda “Aspirante 2027” como último rubro del campo “Descripción de la Operación”, para identificarlos durante el proceso electoral federal 2026-2027 y los comicios locales concurrentes.

Además, las entidades deberán reforzar sus sistemas de monitoreo y prestar atención a las siguientes operaciones:

• Incrementos súbitos en la actividad transaccional de clientes que aspiren a una candidatura.

• Transferencias nacionales e internacionales con conceptos genéricos o relacionados con propaganda, campañas electorales, reuniones, eventos, rifas o entrega de apoyos.

• Depósitos frecuentes o estructurados en efectivo, así como depósitos realizados en distintas entidades federativas y seguidos de transferencias inmediatas.

• Posible triangulación de recursos entre aspirantes, proveedores de servicios, servidores públicos, contratistas, grupos delictivos y personas vinculadas con diversos delitos.

• Operaciones con activos virtuales, incluidas las stablecoins, cuando se vinculen con integrantes de partidos políticos, organizaciones delictivas o personas relacionadas con fraudes y estafas.

La guía también establece que la condición de persona políticamente expuesta no constituye por sí sola un hallazgo adverso. En esos casos, las instituciones deberán aplicar medidas de conocimiento y monitoreo proporcionales al riesgo y considerar el origen del patrimonio y de los fondos cuando el nivel de riesgo lo justifique.

La aplicación de la guía

El documento sugiere a los oficiales de cumplimiento presentar “a la brevedad” la guía al Comité de Comunicación y Control de cada institución, o al órgano equivalente, para su conocimiento y, en caso de ser viable, evaluar la aprobación de nuevas metodologías, modelos y escenarios de monitoreo. Las entidades financieras deberán notificar a la autoridad supervisora las medidas adoptadas.

Por su parte, la UIF analizará los reportes recibidos y consultará sus bases de datos para evaluar los perfiles de las personas aspirantes.

En un contexto en el que se han reportado presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del INE y de organismos electorales locales, así como la apertura de expedientes financieros y fiscales relacionados con Santiago Nieto, coordinador de Morena en Querétaro, la guía cobra relevancia ante las elecciones del 2027.

La guía establece criterios para identificar esas alertas y analizarlas antes de que avance el proceso electoral, aunque su detección no implica por sí misma que se haya cometido un delito. La pregunta es: ¿Con esto se blindará a las próximas elecciones de financiamiento ilícito?

La cuota de intercambio para pagos con tarjetas de crédito y débito en gasolineras, actualmente registrada en 0%, se perfila para mantenerse en ese nivel después del 31 de octubre, de acuerdo con fuentes del sector consultadas por Yanmak.

Actualmente, la cuota de intercambio para las operaciones con tarjetas de crédito y débito en gasolineras está registrada en Banco de México (Banxico) en 0% del 1 de mayo al 31 de octubre del 2026; sin embargo, con la extensión que se perfila, se contempla mantenerla en ese nivel del 1 de noviembre del 2026 al 4 de enero del 2027, para que a partir del 5 de enero se registren las cuotas que correspondan para este giro.

“Banxico lo está socializando”, dijo una fuente cercana al proceso.

Una medida para reducir costos y uso de efectivo

La cuota cero fue anunciada el 27 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales para reducir las comisiones en los pagos de gasolina y diésel.

El esquema comenzó el 1 de mayo y fue planteado originalmente por seis meses, hasta el 31 de octubre del 2026.

El objetivo del gobierno fue reducir el costo que enfrentan las estaciones de servicio por aceptar pagos digitales y que ese ahorro pudiera trasladarse al precio de los combustibles.

Hacienda explicó entonces que la cuota de intercambio representaba alrededor de 80% de la comisión asociada a los pagos con tarjeta. Por ello, el acuerdo llevó temporalmente esa cuota a 0% para las operaciones con tarjetas de crédito y débito en gasolineras.

“Al disminuir las comisiones, va a bajar todavía más el precio de la gasolina y el diésel”, dijo Sheinbaum al presentar el acuerdo.

La presidenta también vinculó la medida con la protección del gasto de las familias ante el contexto internacional de precios de los energéticos.

El entonces secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que la reducción permitiría a las gasolineras pagar menos por aceptar operaciones digitales, con la expectativa de que ese ahorro se reflejara en el precio que pagan los consumidores.

Para las tarjetas de débito, la reducción fue de 0.45% por transacción, mientras que para las de crédito fue de 1%, hasta llevar en ambos casos la cuota de intercambio a 0% durante la vigencia del acuerdo.

La medida también formó parte de la estrategia para reducir el uso de efectivo. En abril, el gobierno reportó que 47.4% de las compras de combustible todavía se realizaban en efectivo.

Emilio Romano, entonces presidente de la ABM, planteó la reducción de las comisiones como una primera etapa para avanzar hacia una mayor utilización de los pagos digitales en gasolineras.

Esta extensión se da en paralelo con el avance de la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada por el Ejecutivo Federal, que plantea eliminar el uso de efectivo en los sectores que determine la Secretaría de Hacienda una vez que la propuesta sea aprobada por el Poder Legislativo. Entre los sectores que podrían quedar bajo este esquema se encuentran las gasolineras.

El 9 de junio del 2025, cuando el deterioro de la sociedad financiera popular Consejo de Asistencia al Microempresario (CAME) ya había llevado a la autoridad a evaluar medidas de intervención y representaba un problema para sus ahorradores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pidió a las vicepresidencias Técnica y de Finanzas Populares del organismo presentar en las siguientes sesiones análisis detallados sobre la situación del sector de las sofipos, que acumula 16 revocaciones en su historia.

La instrucción no fue menor al venir directamente del máximo órgano de decisión de la CNBV, donde tienen un lugar funcionarios de alto rango de la Secretaría de Hacienda, Banco de México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

En las sesiones posteriores, los funcionarios encargados de las Vicepresidencias relacionadas con el tema presentaron los informes, ante los cuales, los integrantes de la Junta de Gobierno de la CNBV realizaron fuertes señalamientos sobre la viabilidad de algunas entidades y sobre las condiciones que enfrenta el sector que, hasta junio pasado, se componía de 35 entidades que atendían a casi 40 millones de clientes.

El Informe Anual 2025 de la CNBV permite dimensionar el trabajo de supervisión realizado sobre estas entidades durante ese año, con 32 acciones que incluyeron 20 visitas ordinarias, cuatro especiales y ocho de investigación, mientras que en materia sancionatoria se emitieron 46 resoluciones contra sofipos, de las cuales dos correspondieron a amonestaciones y 44 a multas, con un monto total impuesto de 29.9 millones de pesos.

La supervisión se concentró en revisar los principales componentes del gasto de las entidades y su correspondencia con los ingresos, los factores que determinan sus niveles de capital, el reconocimiento de deducciones por operaciones contrarias a la regulación y la revisión de medidas correctivas y de los planes de restauración y conservación de capital, además de revisar el cumplimiento de la normativa de las aportaciones para futuros aumentos de capital.

Al cierre de 2025, el sector estaba integrado por 34 sofipos en operación, con alrededor de 35.9 millones de clientes, activos por 218,463 millones de pesos, cartera de crédito por 87,146 millones y captación por 186,117 millones, mientras que las tres principales entidades concentraban 73.72% de los activos y el crecimiento de éstos estuvo impulsado principalmente por entidades con modelos de negocio digitales.

En materia regulatoria, durante el 2025 la CNBV actualizó los requerimientos de capital de las sofipos bajo un esquema proporcional a sus niveles prudenciales, fortaleció las reglas de diversificación de riesgos y estableció obligaciones específicas para la prevención, detección y atención del fraude, mientras que entre los temas que quedaron en desarrollo se encuentra una nueva regulación de liquidez que plantea sustituir el actual Coeficiente de Liquidez por un Coeficiente de Cobertura de Liquidez proporcional al tamaño, complejidad operativa y perfil de riesgo de cada entidad.

Un discurso con trasfondo

Hace algunos días, el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera, participó en la convención anual de la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS), encuentro en el que el ecosistema de estas entidades presenta avances en distintos frentes y expone parte de su agenda hacia adelante.

En su discurso de inauguración, Cabrera destacó la importancia de las sofipos para avanzar en la inclusión financiera, aunque también puso sobre la mesa algunos de los elementos que la autoridad considera necesarios para que el crecimiento del sector pueda sostenerse.

“Hoy las entidades pueden crecer con mayor rapidez, atender a más personas y desarrollar servicios a través de canales que hace algunos años no existían o no estaban al alcance de todas las instituciones. Esa capacidad abre oportunidades importantes”, apuntó.

“Pero —añadió— también exige instituciones financieramente sólidas, una adecuada gestión de riesgos, buenos gobiernos corporativos, alta cultura de cumplimiento y una operación capaz de acompañar de manera ordenada ese crecimiento”.

El discurso de Cabrera ocurrió después de que la Junta de Gobierno ya había discutido los problemas que enfrentaban algunas sofipos, ya que en esas sesiones se habían señalado riesgos relacionados con la capitalización, los activos improductivos, los modelos de negocio y los controles de las entidades. Por eso, cuando el presidente de la CNBV habló de crecimiento ordenado, solidez financiera y gestión de riesgos, sus palabras coincidieron con varios de los temas que la autoridad ya había puesto sobre la mesa.

Asimismo, destacó que uno de los retos del sector era mejorar la gestión de los activos, con la tarea de reducir la acumulación de activos improductivos y fortalecer los controles para salvaguardar la integridad y transparencia de sus operaciones. Estos planteamientos retomaban dos de las preocupaciones que meses antes habían sido discutidas por la Junta de Gobierno de la CNBV.

Los señalamientos

En la última sesión de la Junta de Gobierno de la CNBV del 2025, el vicepresidente Técnico del organismo, Ramiro Álvarez Hernández, presentó un informe sobre la situación del sector de las sofipos, con cifras a agosto de ese año.

En dicha sesión, el funcionario destacó que entre agosto del 2021 y el mismo mes del 2025, los activos y pasivos del sector crecieron 408.59% y 450.21% en términos reales, respectivamente, impulsados por las sofipos tecnológicas, especialmente Finsus, Klar y Nu México, todas ellas con miras a obtener una licencia bancaria.

Como parte de su análisis, el funcionario señaló como sociedades vulnerables a:

• SFP Porvenir.

• Libertad Servicios Financieros.

• Grupo Regional de Negocios.

• Financiera del Sector Social.

• Financiera Más.

• Financiera Súmate.

• Opciones Empresariales del Noreste.

• Paso Seguro Creando Futuro.

Ante este escenario, el presidente de la CNBV indicó que se habían realizado esfuerzos para mejorar la regulación prudencial del sector, aunque advirtió que “esto no implica que los efectos sean inmediatos”, por lo que también se endurecerían las acciones de supervisión durante la primera parte del 2026.

El objetivo, según Cabrera, era establecer medidas de conservación de capital para garantizar la estabilidad y continuidad operativa de las entidades, contener prácticas perniciosas como los pagos anticipados a acreedores y contar con herramientas adecuadas que permitieran una intervención oportuna de la CNBV.

Para la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, era necesario revisar tres grandes rubros:

• Los gastos de operación, para determinar cuáles estaban relacionados con la colocación de crédito y cuáles correspondían a otros conceptos que podían generar distorsiones.

• La estrategia comercial, debido a que algunas sofipos tenían modelos que no resultaban sostenibles por los diferenciales negativos entre las tasas de captación y colocación.

• Los activos improductivos, ante la falta de claridad sobre los motivos por los que algunas entidades mantenían cuentas por pagar elevadas, situación que podía terminar por descapitalizarlas.

Ante la preocupación por los activos improductivos, Fabrizio López Gallo Dey, director general de Estabilidad Financiera del Banco de México, solicitó que se informaran los resultados de las visitas de inspección realizadas por la CNBV a las sociedades, con el propósito de tener mayor claridad sobre este componente.

“Su principal objetivo no es tener activos improductivos, sino la colocación del crédito y la intermediación financiera”, se puede leer en el acta durante la participación de López Gallo Dey.

En este contexto, el presidente de la CNBV destacó las acciones para fortalecer el Fondo de Protección mediante el cobro de cuotas adicionales a las sociedades, con el objetivo de recapitalizarlo y llevar su patrimonio a cerca de 1,000 millones de pesos.

Para Ranmses Arturo Ruiz Cázares, subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros, también era importante que en las visitas de inspección de la CNBV se pudiera contar con información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin de tener mayor claridad sobre el origen de los recursos.

Cabrera respondió que, en ese momento, la CNBV se encontraba en la formalización de un convenio de colaboración con la UIF, acuerdo que finalmente se concretó en marzo del 2026.

Para el presidente de la CNBV, estos señalamientos no debían tratarse como un tema persecutorio, sino como parte de la búsqueda de estrategias que permitieran a las sofipos operar de manera productiva y rentable.

“Lo que se pretende con ello es encontrar y establecer medidas que permitan recuperar la administración sana de estas entidades, con la finalidad de cuidar a los usuarios y a los depositantes de estas”, concluyó.

Con más información, veredicto más estricto

Pero los señalamientos contra el sector no terminaron en aquella Junta de Gobierno de diciembre del 2025, ya que también durante 2026 los señalamientos adquirieron un nivel de dureza que destaca respecto a otros sectores.

El pasado 27 de febrero, ante la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, la procuradora Fiscal, Grisel Galeano García, el director de Asuntos del Sistema Financiero de Banco de México, José Luis Negrín Muñoz, entre otros, se presentaron las conclusiones de una nueva revisión al sector de las sofipos.

Nuevamente, Ramiro Álvarez Hernández, vicepresidente Técnico, destacó el crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años, además de que puntualizó que dicha información no consideraba a la sociedad Acción y Evolución, porque se encontraba en proceso de revisión, entidad que hace algunos días fue revocada oficialmente.

Para el vicepresidente Técnico de la CNBV, el sector presentaba problemas de:

• Deterioro estructural y fragilidad financiera.

• Ajustes en los niveles de capitalización.

• Omisiones en registros contables.

• Alteraciones en los registros relacionados con el portafolio crediticio.

Álvarez Hernández indicó que, ante esta situación, se habían establecido estrategias de supervisión enfocadas en fortalecer la estabilidad, transparencia y cumplimiento normativo.

Meses después, ya en la convención anual de la AMS, Cabrera retomó públicamente algunos de los temas que la autoridad había colocado sobre la mesa. En la primera parte de su discurso destacó el crecimiento de las sofipos, su incorporación de herramientas tecnológicas y su capacidad para atender a personas, familias, pequeños comerciantes y emprendedores que no siempre encuentran respuesta en otros modelos de intermediación.

También sostuvo que esa expansión debía acompañarse de instituciones financieramente sólidas, una adecuada gestión de riesgos, buenos gobiernos corporativos, una alta cultura de cumplimiento y una operación capaz de acompañar el crecimiento de manera ordenada.

El presidente de la CNBV también planteó retos pendientes en la gestión de activos, la reducción de activos improductivos y el fortalecimiento de los controles para garantizar la integridad, trazabilidad y transparencia de las operaciones.

Cabrera resumió esa posición al señalar que “crecer importa, pero creo que crecer con solidez es aún más importante”. El planteamiento público de la CNBV estuvo acompañado por un llamado a fortalecer al sector.

Las actas de la Junta de Gobierno muestran que varios de esos temas ya habían sido identificados meses antes por la autoridad, junto con problemas de deterioro financiero, capitalización, registros contables y portafolio crediticio.

La figura de las sofipos se ha revalorizado con la llegada de jugadores digitales respaldados por millones de dólares, que buscan competir con los grandes participantes tradicionales y con las plataformas que apuestan por una licencia bancaria, un renovado interés que, sin embargo, no ha encontrado una puerta abierta para todos ante el filtro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Hasta el cierre del año pasado, la CNBV tenía en análisis nueve solicitudes de autorización para organizarse y operar como sofipo. Desde el 11 de julio del 2023, la autoridad no ha otorgado una nueva autorización a una financiera popular; la más reciente corresponde a Financiera Haai Capital.

El capital bajo revisión

Entre los proyectos que no lograron superar ese filtro están Oportunidades Financieras y Capital 4yu, cuyas solicitudes fueron rechazadas después de que la CNBV detectó deficiencias en la información presentada para acreditar las condiciones necesarias para obtener la autorización.

Los documentos revisados por Yanmak muestran cuestionamientos relacionados con el origen de los recursos y la solvencia de los accionistas, así como con la información financiera y las proyecciones utilizadas para sustentar la viabilidad de los proyectos.

Entre las observaciones de la autoridad aparecen:

• Capital y solvencia: no se acreditaron de manera suficiente elementos relacionados con los recursos y la capacidad económica de los accionistas.

• Información financiera: se detectaron inconsistencias en la información presentada para sustentar la situación y evolución financiera de los proyectos.

• Proyecciones: las estimaciones financieras no estaban suficientemente sustentadas con las referencias utilizadas para elaborarlas.

• Modelo financiero: se identificaron errores metodológicos y de formulación que incidían en las proyecciones.

• Operación: hubo inconsistencias entre documentos relacionados con la estructura y los manuales de operación.

• PLD/FT: también se encontraron deficiencias en la documentación relacionada con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Los documentos posteriores permiten identificar a Oportunidades Financieras y Capital 4yu como las sociedades involucradas en las negativas, pero no permiten atribuir cada una de las observaciones anteriores a una u otra entidad de manera individual.

Yanmak cuenta con las versiones de los documentos de la CNBV en las que consta el rechazo de las solicitudes.

La negativa llegó a revisión

Las sociedades interpusieron recursos de revisión contra las resoluciones que les negaron la autorización. Los asuntos volvieron a la Junta de Gobierno de la CNBV, que confirmó las negativas, por lo que los recursos no modificaron la decisión de la autoridad.

La resolución inicial pasó así por una nueva revisión de la Junta de Gobierno, que mantuvo la negativa para ambas sociedades.

En los últimos meses, distintos participantes han buscado obtener una licencia de sofipo, como es el caso de la sofom de Soriana, UNL Pagos, Fintopia, Axen Pay, Fincluyente o Xepelin, entre otras; sin embargo, ¿qué encuentra la CNBV cuando revisa los expedientes de las empresas que quieren entrar al sector?

La administración de la sociedad financiera popular (sofipo) CAME operaba bajo una práctica sistémica para ajustar su información contable, cuyos cambios no reflejaban la realidad operativa y financiera de la institución ni cumplían con las disposiciones contables aplicables a este tipo de entidades.

Esta fue una de las conclusiones del informe del interventor-gerente de la entidad, Alfonso Ascencio Trujeque, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 21 de agosto de 2025.

Yanmak cuenta con una copia del informe del interventor, documento que forma parte de los antecedentes del proceso que derivó en la revocación de la autorización de CAME en septiembre de ese mismo año, luego de que la entidad incumpliera con los niveles de capitalización requeridos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

“Existiendo controles y no habiéndolos observado dentro de CAME, se detectó una práctica sistémica para ajustar la información contable; no obstante, dichos ajustes no reflejaban la realidad operativa y financiera e inobservancia del cumplimiento de las disposiciones contables de la CNBV, NIF’s y otras normas de entidades regulatorias y de supervisión”, se puede leer en el informe.

La conclusión del interventor refuerza y amplía lo señalado previamente por la CNBV, que había informado sobre “una serie de elementos que denotan irregularidades contables que ponen en riesgo los intereses de los ahorradores”.

CNBV ha buscado blindar la información

La obtención del informe del interventor se da en un contexto donde la CNBV ha buscado blindar la información sobre este caso.

Al solicitarle el número de opiniones de delito emitidas ante las instancias correspondientes en relación con el caso CAME, la Comisión clasificó como confidencial cualquier pronunciamiento sobre su existencia o inexistencia.

En otra solicitud, Yanmak pidió la versión pública de los documentos remitidos por la Federación Atlántico Pacífico, encargada de la supervisión auxiliar de CAME. La CNBV informó que había localizado los informes de inspección, pero señaló que se encontraban vinculados con actos de supervisión y vigilancia en proceso y sin haber concluido, por lo que confirmó su clasificación como información reservada por cinco años.

Antecedentes, incumplimientos y su caída

Fue en abril del 2025, con el cierre de su operación, cuando se materializaron los problemas de CAME; en junio la CNBV determinó su intervención gerencial y en septiembre de ese mismo año ordenó su revocación.

Dentro del informe del interventor hay una revisión de la evolución financiera de CAME desde el 2022. Ese año, durante el proceso de fusión con Te Creemos, la entidad tenía previsto reducir 25% sus gastos de personal y operativos-administrativos mediante la consolidación de operaciones, sinergias y economías de escala.

El objetivo de esas medidas era contener los gastos y mejorar la situación de la entidad. El propio informe refiere que, junto con otras acciones previstas para el 2023, permitirían evitar que CAME fuera considerada en riesgo de negocio en marcha. “Esta y otras acciones por realizar en el año 2023 evitarían que la entidad se declarara con riesgo de negocio en marcha. Lo que no sucedió”, se lee en el documento.

Para el 2023, sin embargo, los auditores externos ya habían incorporado un párrafo de énfasis sobre la continuidad de CAME como negocio en marcha. La entidad había registrado una pérdida neta y enfrentaba una reducción de sus fuentes de fondeo, situación que también había repercutido en sus puntos de atención y en su plantilla.

El informe matiza que no todos los indicadores evolucionaban en el mismo sentido. Las condiciones de la cartera de crédito habían mejorado en cuanto a su composición y fondeo, lo que permitió que los estados financieros dictaminados no incluyeran un ajuste por riesgo de negocio en marcha. Aun así, el interventor identificó otros factores de riesgo cuya tendencia era negativa.

Entre ellos estaba el Nivel de Capitalización (NICAP), que había disminuido de manera consecutiva durante los tres años previos.

En la última etapa de su operación, CAME también buscaba competir por los ahorradores en un mercado con una mayor oferta tecnológica y una fuerte disputa por las tasas de interés. La entidad impulsó su oferta digital y llegó a ofrecer rendimientos cercanos a 16% anual.

Esa estrategia comercial coincidió con una etapa en la que los indicadores financieros de CAME continuaban deteriorándose y ocurrió meses antes de que la CNBV determinara su intervención.

El interventor tomó control y encontró una entidad insolvente

El 11 de julio de 2025, el interventor-gerente se presentó en el domicilio de CAME y entregó a su director general, Pablo Andrés Varela Bolaños, el oficio mediante el cual la CNBV declaró la intervención gerencial, además del documento denominado “control de entregables”.

Como parte de ese proceso, se levantó el acta administrativa de entrega-recepción, en la que Pablo Andrés Varela Bolaños, Óscar Juan Pfeiffer Schittler, Marijose Álvarez, María Guadalupe Medina Reza y Jacqueline Apreza Ocampo se comprometieron a entregar la información solicitada por el interventor.

El informe comprende la revisión de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y lo ocurrido durante el 2025. El propio documento advierte que el interventor enfrentó limitaciones para validar toda la información, debido a que algunos proveedores habían suspendido sus servicios a CAME por falta de pago de los meses de abril, mayo y junio de 2025.

Con la información disponible, el interventor encontró que al 30 de junio de 2025 CAME presentaba un capital negativo. Al incorporar los efectos derivados de la inobservancia de la normativa contable, esa posición negativa se incrementaba.

El informe también señala que durante el primer semestre del 2025 la entidad registró un NICAP negativo, además de una pérdida neta que representaba una proporción relevante de sus ingresos por intereses. Como antecedente, el 23 de abril de 2025 se había reportado un NICAP de -3,953.47 por ciento.

La revisión de la información, con las limitaciones descritas por el propio interventor, llevó a una conclusión más severa: “La entidad se encuentra en una situación de quiebra técnica aunado a su insolvencia actual que es insostenible para que pueda cumplir con su objeto social y continuar operando como negocio en marcha”.

De acuerdo con el informe, el activo de CAME no era suficiente para hacer frente a sus pasivos. Bajo esas condiciones, el interventor consideró que la entidad no podía continuar operando como negocio en marcha y planteó la necesidad de considerar los mecanismos y medidas previstos en el artículo 90 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

El calvario para los ahorradores

Los orígenes de CAME se remontan a 1985, cuando surgió la Fundación para el Apoyo a la Comunidad para canalizar apoyos a personas afectadas por los sismos de ese año. Diez años después, en 1995, nació el Centro de Apoyo al Microempresario, con presencia en Valle de Chalco, Estado de México, desde donde impulsó grupos autogestionados, el autoempleo y el acceso a créditos grupales.

En el 2005 se constituyó formalmente el Consejo de Asistencia al Microemprendedor y ese mismo año dejó atrás su figura de sociedad civil para convertirse en una sociedad anónima. Cuatro años después, la CNBV autorizó su transformación en sociedad financiera popular.

En el 2018, CAME fue adquirida por Te Creemos Holding, grupo vinculado al negocio de las microfinanzas. Jorge Kleinberg, uno de los socios fundadores y entonces director general de Te Creemos Holding, fue una de las figuras centrales de esa etapa.

Para entonces, PC Capital ya era inversionista de Te Creemos Holding y en diciembre de ese año realizó una inversión adicional en la controladora, luego de que la CNBV aprobara la operación para adquirir 100% de las acciones de CAME. Pablo Coballasi, socio director de PC Capital, participó públicamente en el anuncio de la operación.

Después de la adquisición, Pablo Varela asumió la dirección general de CAME. El 31 de octubre del 2022 se formalizó la fusión de ambas entidades, con CAME como sociedad fusionante y los activos de ambas entidades sumaron los 6,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la CNBV.

Al anunciar la revocación de CAME y orientar sobre el cobro del seguro de depósito, la CNBV informó que esta protección alcanzaba a más de 99.5% de los ahorradores de la sofipo, es decir, a 169,564 personas. El resto, poco más de 800 ahorradores, tendría que esperar al proceso de liquidación de la entidad para buscar la recuperación del total de sus recursos.

Pero para los ahorradores que no recuperaron la totalidad de sus recursos con el cobro del seguro, la revocación de CAME no significó el final del problema. Lizbeth Morales, una de las afectadas, lleva alrededor de año y medio en busca de respuestas de las autoridades y ha acudido a reuniones en la Secretaría de Gobernación con ese propósito.

Morales aseguró que en un inicio la Fiscalía General de la República les permitía consultar la carpeta de investigación relacionada con el caso, pero posteriormente dejó de darles acceso y les comunicó que no tenían el carácter de víctimas. “Ahora nos dicen que nosotros no somos víctimas, que la víctima solo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, dijo.

También contó que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se han atribuido mutuamente la competencia sobre el caso.

De acuerdo con su relato, la CNBV también ha enviado información incompleta a las fiscalías, lo que, desde su perspectiva, ha dificultado el avance de las investigaciones y conocer con claridad qué autoridad debe atender sus reclamos.

Según la afectada, alrededor de 300 personas participan en distintas demandas civiles, mercantiles, penales y patrimoniales, mientras que el grupo de afectados que todavía busca recuperar sus recursos rondaría las 400 personas.

El proceso de liquidación tampoco les ha dado una respuesta definitiva. Según la afectada, la lista de acreedores fue enviada al juzgado para su reconocimiento y, hasta el momento de la entrevista, los ahorradores todavía no sabían si sus créditos serían reconocidos.

Más allá del dinero, Morales describe las consecuencias personales que ha tenido el caso. Cuenta que la pérdida de sus recursos afectó su economía, que dejó de pagar su seguro de gastos médicos y que durante este periodo fue diagnosticada con cáncer. También cuenta que su hija está por entrar a la universidad y que ahora enfrenta incertidumbre sobre cómo cubrir ese gasto.

“No hice nada malo para que me esté pasando esto”, dijo Morales al hablar de la situación que enfrenta. Para ella, el problema no se limita a recuperar sus ahorros, sino a obtener una respuesta de las autoridades y que se investigue y castigue a quienes considera responsables, principalmente a Jorge Kleinberg.

“No voy a parar hasta que esto pase. Me lleve el tiempo que me lleve”, dijo Morales.

Otros activos, otra pieza del rompecabezas

Hace algunos meses, una fuente con conocimiento del asunto, que pidió el anonimato, explicó a este medio que uno de los aspectos a revisar dentro de las irregularidades contables de CAME era el rubro de Otros Activos, debido a que, desde su perspectiva, una parte importante correspondía a activos improductivos.

La información financiera muestra que el saldo de Otros Activos pasó de 412 millones de pesos en diciembre del 2018 a 1,532 millones de pesos en junio del 2025, de acuerdo con cifras de la CNBV, es decir, un incremento de 259 por ciento.

La fuente explicó que este tipo de registros puede ocultar el deterioro real de una entidad cuando activos que no generan recursos permanecen dentro del balance. La evolución de la partida, por sí sola, no permite determinar qué proporción correspondía a activos improductivos.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados alista una opinión positiva sobre la iniciativa presidencial para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la cual será discutida y votada este martes, de acuerdo con el orden del día publicado en la Gaceta Parlamentaria.

De acuerdo con el documento en poder de Yanmak, la Comisión de Economía perfila una opinión en sentido positivo sobre la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se plantea establecer un marco jurídico para ampliar el uso de medios de pago digitales y electrónicos en las operaciones económicas.

La propuesta todavía deberá ser analizada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que fue designada para elaborar el dictamen, mientras que las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, y de Presupuesto y Cuenta Pública fueron llamadas únicamente para emitir opinión.

“Esta Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, emite opinión positiva no vinculatoria respecto la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos”, se puede leer en el documento en poder de este medio.

El documento precisa que la opinión de la Comisión de Economía se limita a las materias que corresponden a su ámbito de competencia, por lo que su pronunciamiento se concentra en los aspectos de la iniciativa vinculados con sus atribuciones y no sustituye el análisis que corresponde realizar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

¿Qué propone la iniciativa?

La propuesta del Ejecutivo plantea expedir una nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con estos principales componentes:

• Pagos digitales: establecer un marco para ampliar y facilitar el uso de medios de pago digitales y electrónicos.

• Proveedores: promover que establecimientos de bienes y servicios acepten estos medios y cuenten con la infraestructura necesaria para recibirlos.

• Sectores estratégicos: facultar a la SHCP para determinar sectores o actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos puedan constituir la única forma de pago, bajo una transición gradual.

• Gobierno digital: establecer que los tres órdenes de gobierno adopten medidas para aceptar pagos digitales en sus trámites y servicios.

• Inclusión financiera: aprovechar los registros de las operaciones digitales para generar historiales transaccionales que puedan facilitar el acceso al crédito y otros servicios financieros.

• Identidad y trámites: incorporar herramientas como la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano, la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles.

• Contingencias: permitir medios alternativos, como efectivo o cheque, cuando una falla técnica, tecnológica u operativa impida temporalmente recibir pagos digitales.

Los pagos digitales buscan abrir más información financiera

El documento de la Comisión destaca que las operaciones digitales pueden generar un historial transaccional con información sobre ingresos, operaciones y capacidad de pago, lo que podría facilitar la evaluación de personas y empresas para acceder a crédito, inversión y otros servicios financieros.

El planteamiento cobra relevancia para las micro, pequeñas y medianas empresas que operan principalmente con efectivo y tienen mayores dificultades para documentar su actividad económica.

La iniciativa también plantea facilitar la contratación remota de servicios financieros mediante mecanismos digitales de identificación y consulta, entre ellos la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, sin excluir otros medios oficiales de identificación.

En paralelo, asigna funciones a las autoridades financieras y de sistemas de pago para ampliar el acceso a cuentas de depósito, facilitar transferencias electrónicas y promover infraestructura que permita ampliar el acceso a servicios financieros. Para las entidades financieras contempla acciones de inclusión y el otorgamiento de crédito y financiamiento mediante canales digitales.

La propuesta también alcanza a los trámites públicos

El proyecto extiende la digitalización a la relación entre ciudadanos, empresas y autoridades. Los tres órdenes de gobierno deberán adoptar medidas para aceptar pagos electrónicos y digitales en los trámites y servicios que correspondan a sus competencias.

Para ello, contempla herramientas como la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles, además de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, con el objetivo de articular identificación, documentación, trámites y pagos dentro de procesos digitales.

Conectividad y continuidad, entre los retos

El documento reconoce que la mayor utilización de medios digitales requiere condiciones de conectividad e infraestructura, además de mecanismos que permitan mantener las operaciones ante contingencias técnicas, tecnológicas u operativas.

Ante una falla que impida temporalmente recibir pagos digitales, la iniciativa contempla recurrir a medios alternativos como efectivo o cheque. En los sectores estratégicos o actividades relevantes que determine Hacienda, esas contingencias no podrán utilizarse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de las obligaciones previstas.

Comisión de Hacienda ya analiza la propuesta

El pasado 23 de septiembre, la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con funcionarios y representantes de los sectores social y privado para analizar la iniciativa presidencial. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que el proyecto busca reducir costos y tiempos de transacción, además de favorecer la inclusión financiera y la formalización.

En la reunión, Peña Merino también destacó la necesidad de impulsar planes y programas de conectividad para facilitar el acceso a los pagos digitales. Por su parte, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la CNBV, informó que se trabaja con Hacienda y la Agencia de Transformación Digital para facilitar la apertura de cuentas desde dispositivos móviles.

Othón Moreno González, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercado de Banco de México, señaló que uno de los retos es facilitar la apertura de cuentas para operaciones de menores montos sin elevar los riesgos asociados al uso de recursos de procedencia ilícita. En el encuentro también se plantearon preocupaciones por los costos de conectividad, equipos y comisiones que podrían enfrentar las micro, pequeñas y medianas empresas.

En los últimos días, se ha querido polemizar sobre la primera revocación del universo fintech regulado, luego de que el pasado 1 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el oficio de la revocación de la Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) SDMX Superdigital ligada a Santander.

El oficio publicado en el DOF detalla que, pese a que la IFPE tenía el aval para iniciar operaciones, se optó por la revocación voluntaria, proceso que comenzó desde el 23 de mayo del 2025.

Más allá de la nota de ser la primera fintech regulada cuya autorización fue revocada, el asunto se pone más serio si se toma en cuenta el contexto, donde el entusiasmo por operar bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, ha disminuido de manera considerable, ante la falta de una actualización que permita un marco regulatorio más flexible a las entidades que operan bajo esta legislación y una apuesta de las entidades tecnológicas a otro tipo de licencias, como la bancaria o la de financieras populares.

Esta primera revocación llega después de ocho años de haberse promulgado la Ley Fintech, la cual regula dos figuras principales: las IFPE y las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC). A la fecha, han sido autorizadas 88 entidades, de las cuales 61 son IFPE y 27 IFC.

De acuerdo con datos del Banco de México, se han recibido 201 solicitudes de autorización en total, de las cuales 141 han sido resueltas, con un total de 52 rechazadas, 44 desistidas y 16 en proceso.

A Superdigital le tomó 442 días obtener su autorización como institución IFPE y 466 días para materializarse su proceso de revocación; sin embargo, su salida abre la puerta para que otras entidades que ya han solicitado su revocación voluntaria también materialicen su salida y dejen atrás la licencia fintech.

Las que vienen

Según información obtenida por Yanmak, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había recibido, al cierre del 2025, cuatro solicitudes de revocación voluntaria; sin embargo, una de las entidades desistió del proceso por así convenir a sus intereses.

Es decir, hasta el cierre del 2025, al menos tres seguían en el proceso de su revocación voluntaria, de las cuales dos eran IFPE y una IFC.

El contraste con Superdigital es que entre las entidades que continúan en el proceso de revocación hay instituciones que intentaron, al menos, despegar sus modelos de negocio bajo la regulación fintech, pero que por alguna razón ahora buscan materializar su salida.

No pudo superar adversidades

Desde hace algunos meses, en la página de la IFC Klimb, que recibió su autorización el 23 de marzo del 2021 bajo la razón social Likideo MX S.A.P.I. de C.V., aparece una leyenda que anuncia el proceso de cese de sus operaciones.

“Nos encontramos en un proceso de revocación voluntaria de nuestra autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Durante este periodo, no estaremos realizando nuevas operaciones ni permitiendo el registro de nuevos usuarios”, se puede leer en su página.

De acuerdo con lo informado, la gestión de cobranza fue transferida a la IFC Lendera Crowdfunding.

Klimb llegó a México en el 2017 bajo el nombre de Facturedo, que ya llevaba algunos años de operación en Perú. Como si fuera un tema de premonición, su fundador, Álvaro Echeverría, contó que llegó a territorio nacional en el trágico 19 de septiembre de aquel año.

El camino para obtener la autorización tampoco fue sencillo: en el 2018, la CNBV ordenó suspender la promoción de captación de recursos de la plataforma, hasta que contara con autorización para operar bajo la Ley Fintech. Echeverría atribuyó este episodio a una “falta de comprensión (de la normativa mexicana) y mal asesoramiento legal”.

El episodio no impidió que la empresa obtuviera finalmente la autorización como IFC en marzo del 2021, con un modelo enfocado en el factoraje, mediante el cual se conectaba a empresas que requerían financiamiento con inversionistas que aportaban recursos para esas operaciones, a cambio de un rendimiento.

Cinco años y medio después de haber obtenido su autorización, la firma se encuentra en la lista de solicitudes de revocación voluntaria.

No se cumplió la promesa

Una de las fintech que se decía parte de “una nueva generación de servicios financieros” fue Enso, una wallet que ofrecía soluciones para enviar y recibir dinero y realizar pagos de servicios, además de una tarjeta de débito para ofrecer servicios digitales sin comisiones.

Al operar bajo el octavo transitorio de la Ley Fintech, su autorización tardó 1,533 días, proceso que se oficializó en el DOF el 26 de diciembre del 2023.

La espera modificó el escenario para la empresa. Enso solicitó su autorización en septiembre del 2019 y la obtuvo hasta finales del 2023, periodo durante el cual, según reconoció en uno de sus informes, el mercado de las IFPE cambió de manera importante y aparecieron competidores con mayor presencia, incluso entidades que obtuvieron antes su autorización.

Ante ese escenario, durante el 2024 la empresa se concentró en reestructurar su operación, mantener una estructura mínima y buscar socios estratégicos, mientras no generó ingresos operativos significativos. Su plan para el 2025 era reactivar la Wallet Enso y la tarjeta, además de retomar la promoción de sus servicios.

Sin embargo, el 27 de junio del 2025 la firma ingresó su solicitud de revocación voluntaria sustentada en el artículo 69, fracción IX de la Ley Fintech. En su informe, la empresa aclaró que su actividad previa bajo el octavo transitorio había dejado saldos pendientes de cuentas abiertas bajo esa disposición, pero que después de obtener la autorización como IFPE no abrió nuevas cuentas de fondos de pago electrónico ni realizó operaciones relacionadas con esas actividades.

Los saldos pendientes correspondían a cuentas abiertas bajo la disposición del octavo transitorio, antes de que ENSO obtuviera su autorización como IFPE. Para cerrar este pendiente, en septiembre del 2025 consignó 438,176.23 pesos ante un juzgado de San Luis Potosí para que los beneficiarios pudieran reclamar esos recursos.

ENSO esperaba que la CNBV resolviera su solicitud de revocación en diciembre del 2025, lo que le permitiría dejar de estar sujeta a la regulación aplicable a las IFPE y reorientar sus objetivos como sociedad anónima promotora de inversión. Sin embargo, al momento de la publicación de sus últimos estados financieros, la empresa continuaba a la espera de la resolución de la autoridad.

Si bien, hasta el momento son los únicos casos conocidos de entidades que han pedido su revocación voluntaria, existen otras firmas autorizadas bajo la Ley Fintech que han decidido cerrar su operación para solo concentrarse en su portafolio activo. Tal es el caso de la IFC Play Business, la cual desde hace meses decidió solo enfocarse en sus inversionistas activos.

En un contexto donde los pagos digitales se presentan como punta de lanza de la inclusión financiera, un marco normativo como la Ley Fintech, que en su momento fue innovador, comienza a mostrar signos claros de rezago y amenaza con asfixiar modelos de negocio que alguna vez apostaron por revolucionar la industria de servicios financieros en México.

El sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) ha llegado a un punto en el que debe subirse sí o sí a la competencia tecnológica de servicios financieros, con la cercanía a sus más de 10 millones de socios como uno de sus principales activos; sin embargo, para lograrlo deberá superar barreras no sólo regulatorias, sino también de mercado y de integración del propio sector.

“Fortalecer lo local para alcanzar una dimensión global” fue una de las premisas que expresó Iñigo Albizuri Landazabal, director global de Asuntos Públicos de Corporación Mondragon, en el Congreso Cooperativo.

Esa visión plantea uno de los principales retos para las socaps mexicanas, que es crecer y competir en un mercado financiero donde bancos y plataformas digitales han acelerado la incorporación de tecnología, sin perder la cercanía que mantienen con sus socios.

Para Alfonso García Moreno, presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), una de las vías para enfrentar ese reto es precisamente fortalecer la integración de las 153 entidades que operan en el sector.

El objetivo es que las cooperativas con mayor capacidad impulsen proyectos que permitan incorporar a las medianas y pequeñas, de modo que el acceso a servicios tecnológicos no dependa de su tamaño.

“Estamos invitando a las 10 cooperativas más grandes a generar un gran acuerdo para poder asomar a todas las cooperativas a los servicios digitales”, señaló.

Integración con propósito

La propuesta contempla generar infraestructura y servicios comunes para aprovechar economías de escala, desde plataformas digitales, aplicaciones móviles y medios de pago, hasta tarjetas y servicios de SPEI.

García Moreno incluso planteó crear una organización cooperativa que pueda ofrecer estos servicios al resto del sector, con el objetivo de que una entidad con 10,000 socios pueda acceder a herramientas similares a las de una con cientos de miles o millones de asociados.

Esta integración también tendría que acompañar el proceso de adaptación regulatoria. El presidente de Concamex destacó la comunicación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para construir una agenda que considere las diferencias de tamaño y capacidad entre las cooperativas.

La ventaja está en las comunidades

Frente a bancos y plataformas digitales, las socaps tienen una ventaja que el sector busca conservar: su presencia en comunidades remotas, semiurbanas y semirurales.

“Esa será nuestra ventaja competitiva”, sostuvo García Moreno.

A ello se suma el comportamiento de la cartera. Con base en las cifras de cartera de consumo, que asciende a 131,706.9 millones de pesos, y una cartera vencida de 5,510.1 millones, el índice de morosidad (IMOR) se ubicó en 4.18% a junio pasado.

García Moreno atribuyó parte de la fortaleza de la cartera a las condiciones de crédito de las cooperativas y destacó el compromiso de los socios con el pago de sus financiamientos.

Brasil como referencia

La experiencia brasileña es uno de los modelos que observa el sector mexicano. De acuerdo con García Moreno, el cooperativismo financiero de ese país suma cerca de 35 millones de asociados, equivalentes a alrededor de 30% de la población económicamente activa.

Uno de los factores detrás de esa escala, explicó, ha sido la integración. En uno de los principales modelos participan alrededor de 90 cooperativas, que comparten infraestructura tecnológica y servicios financieros y atienden a cerca de 15 millones de personas.

El esquema incluye servicios comunes como un CORE bancario, una aplicación y productos financieros, lo que permite a las cooperativas competir con grandes instituciones sin desarrollar por separado toda esa infraestructura.

Para Concamex, ese modelo plantea una ruta para México: que las cooperativas con mayor capacidad impulsen inversiones y servicios que puedan aprovechar las de menor tamaño y que la tecnología se convierta en una herramienta de integración, en lugar de profundizar las diferencias dentro del sector.

El sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) busca destrabar uno de los temas que durante años ha limitado su potencial en materia de crédito: el financiamiento a personas morales, mediante la agilización de modificaciones a sus bases constitutivas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El tema no es nuevo. Desde hace casi una década, el sector cooperativo ha planteado la necesidad de ampliar las posibilidades de las socaps para canalizar recursos hacia personas morales, entre ellas empresas y otras organizaciones cooperativas.

En el 2017, la Concamex señalaba que uno de los obstáculos para convertir el ahorro del sector en una mayor colocación de crédito era que las socaps no podían tener como socios a personas morales.

La discusión continuó en los años siguientes y ahora vuelve a la agenda del sector. Durante el Congreso Cooperativo, César Zepeda, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana (Mexicoop), explicó que la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) permite desde el 2009 otorgar crédito a personas morales.

El problema, señaló, está en que las bases constitutivas de las cooperativas deben contemplar la posibilidad de incorporar a personas morales como parte de su membresía. Mientras esto no ocurra, las socaps enfrentan una limitante para otorgarles financiamiento.

“Ya hay regulación vigente para dar crédito a personas morales, pero seguimos teniendo el problema de que mientras no sean socios no podemos dar ese crédito”, explicó.

Con cifras a junio del 2026, las 153 socaps autorizadas en operación contaban con una cartera vigente de 185,527 millones de pesos, concentrada en crédito al consumo. En cambio, su captación se encontraba en 265,908 millones de pesos.

Acuerdo con la CNBV

Ante esta situación, Zepeda afirmó que existe un acuerdo con la CNBV para agilizar la modificación de las bases constitutivas de las cooperativas.

La propuesta, explicó, consiste en que Concamex envíe un documento con las cláusulas necesarias para que cada cooperativa pueda modificar sus bases constitutivas, con la intención de evitar el proceso ordinario de revisión ante la autoridad.

De acuerdo con el representante del sector, este procedimiento puede extenderse hasta por un año o año y medio, por lo que la intención es acelerar el proceso para las cooperativas que busquen realizar este cambio. Zepeda estimó que el proceso podría quedar resuelto durante el cuarto trimestre del 2026.

“Se va a enviar un documento como Concamex para que estén las cláusulas necesarias que se van a autorizar en cada cooperativa en sus bases constitutivas y no vamos a pasar por el proceso engorroso de la Dirección de Autorizaciones Especializadas que nos lleva un año, año y medio en revisión de las bases”, declaró Zepeda.

De concretarse estas modificaciones, las socaps contarían con una vía para superar la limitante que actualmente enfrentan para financiar a personas morales, de acuerdo con el planteamiento expuesto por el presidente de Mexicoop.

Durante el mismo Congreso Cooperativo, Daniel Miranda, director general de Desarrollo Regulatorio de la CNBV, explicó que las disposiciones vigentes ya contemplan el microcrédito productivo y que las entidades pueden utilizar este esquema.

Miranda aclaró que los créditos otorgados originalmente como financiamiento de consumo no tienen que ser reclasificados posteriormente como microcréditos productivos.

El proyecto en el que trabaja la CNBV busca alinear los incentivos de capital y reservas para que las entidades tengan un menor costo regulatorio y mayores incentivos para utilizar el esquema de microcrédito productivo.

En los últimos años, el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) ha trabajado para cumplir, a partir del 1 de enero del 2027, con la regulación relacionada con la norma IFRS-9, con el fin de apegarse a los estándares internacionales en materia de contabilidad. A la par de este proceso, la autoridad ha definido un amplio plan regulatorio que abarca distintos aspectos para este sector, compuesto por 153 entidades autorizadas.

De acuerdo con Daniel Miranda, director general de Desarrollo Regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dentro de dicha agenda se prevé un robusto plan de capitalización, medidas antifraude, lineamientos para nuevos productos, mediciones de sostenibilidad y género, nuevas reglas para la contratación de proveedores y servicios de cómputo en la nube, además de una regulación transversal sobre medios de pago.

“Es necesario fortalecer, tener bases sólidas, dar señales de fortaleza del sector con el objetivo de que el sector continúe creciendo, continúe consolidándose”, indicó Miranda al exponer la agenda regulatoria que la autoridad trabajará con el sector de socaps.

El funcionario expuso su plan de trabajo, el cual se basará en los siguientes ejes:

Capital, el punto de partida

La propia CNBV coloca a las socaps como un sector prioritario dentro de la política pública, por su papel en los objetivos de desarrollo económico y de inclusión financiera.

Bajo esa premisa, la autoridad plantea fortalecer su posición financiera y capacidad para enfrentar los distintos riesgos que implica su operación.

La propuesta de capitalización contempla seis cambios principales:

• Capital mínimo: actualización de los niveles requeridos de acuerdo con el perfil de riesgo y nivel de operaciones de cada socap.

• Capital neto: separación de los componentes de capital de mayor y menor calidad para medir con mayor precisión los recursos disponibles ante posibles periodos de estrés financiero.

• Riesgo de crédito: actualización de los requerimientos de capital para este riesgo.

• Riesgo de mercado: adecuación del marco para reflejar la exposición de mercado de las socaps y considerar las operaciones que pueden realizar conforme al marco legal.

• Riesgo operacional: incorporación de un requerimiento de capital que considere la exposición inherente a la operación de las entidades.

• Medidas correctivas: actualización de los niveles a partir de los cuales se activarían las distintas medidas correctivas de la CNBV.

“El objetivo de que una entidad pueda tener el capital necesario depende de la complejidad de la operación que esté realizando”, destacó Miranda.

Junto con la actualización del marco de capitalización, la CNBV prepara nuevas reglas para medir la liquidez de las socaps. Miranda explicó que se busca incorporar un Coeficiente de Cobertura de Liquidez que permita a las entidades contar con activos líquidos de alta calidad para responder ante escenarios de tensión.

El planteamiento contempla que las socaps puedan mantener sus operaciones críticas durante al menos 30 días bajo un escenario de estrés severo. La intención, explicó el funcionario, es que cuenten con una reserva suficiente para hacer frente a escenarios adversos y mantener la confianza de sus socios y prestamistas.

“Estas dos regulaciones sin duda van alineadas una con otra, con el objetivo de que tengan una mejor medición, un mejor manejo de la liquidez y una mejor medición de los riesgos”, detalló el funcionario.

Fraudes, un nuevo frente regulatorio

La prevención y gestión de fraudes será otro de los frentes de la agenda regulatoria de la CNBV, de acuerdo con Miranda, quien explicó que la autoridad trabaja en un proyecto para que las socaps establezcan mecanismos específicos para atender este tipo de riesgos.

El planteamiento contempla fortalecer los mecanismos de prevención y gestión, además de incorporar capacitación para el personal de las entidades y un reporte sobre reclamaciones monetarias que permita a la autoridad contar con más información sobre los casos que enfrenta el sector.

“Si tenemos un problema de fraude y no lo atendemos adecuadamente, pues puede generar pérdida de confianza y eventualmente puede generar problemas de solvencia”, explicó el funcionario de la CNBV.

Microcrédito, mujeres y sostenibilidad

La agenda también contempla cambios relacionados con la oferta de financiamiento de las socaps, entre ellos un proyecto para establecer un tratamiento específico para el microcrédito productivo y distinguirlo de los créditos de consumo.

Miranda explicó que algunas personas con una actividad económica pueden recibir actualmente un crédito clasificado como de consumo, aunque los recursos sean destinados a una actividad productiva, por lo que la intención es alinear la regulación con la naturaleza del financiamiento.

“Si yo tengo una regulación que no está alineada con la realidad, pues probablemente voy a terminar teniendo una tasa de interés más alta para el acreditado”, señaló.

Otro de los proyectos contempla generar información sobre el financiamiento que reciben las empresas de mujeres, con el propósito de identificar a las empresas lideradas o propiedad de mujeres y conocer el acceso que tienen al crédito mediante las socaps.

Esta información podría facilitar la vinculación de estas empresas con garantías o programas de la banca de desarrollo, de acuerdo con el planteamiento expuesto por Miranda.

La sostenibilidad también forma parte de la agenda de la CNBV, que trabaja en un esquema de información proporcional para las socaps que considere sus características y tamaño frente a las nuevas exigencias que surgen en las cadenas de valor.

Proveedores y nube, otro frente de la regulación

La CNBV también prepara cambios para agilizar la contratación de servicios con terceros que apoyan la operación de las socaps, con un esquema que contempla actualizar los procesos de aviso y autorización y adaptar los contratos marco al tipo de servicio que las entidades busquen contratar.

El proyecto también plantea homologar las excepciones para la contratación de servicios de bajo riesgo, además de fortalecer el padrón de terceros y comisionistas, como parte de un esquema que busca dar mayor transparencia a las relaciones de las socaps con empresas no financieras.

De acuerdo con la CNBV, estos cambios también buscan reducir las asimetrías regulatorias y favorecer una mayor competencia dentro del sistema financiero.

“Lo que se va a buscar es establecer cuáles son los requerimientos específicos que se deben tener con estos terceros, que proveen estos servicios para poder agilizar la constitución de los expedientes que tengan que solicitar la autorización de la CNBV para poder agilizar la autorización”, expresó.

CNBV busca simplificar la operación digital

Otro de los proyectos contempla actualizar las reglas relacionadas con los productos que las socaps pueden ofrecer a sus socios, además de avanzar en modificaciones para la conservación de información mediante procesos de microfilmación y grabación.

Miranda explicó que este proyecto surgió a partir de consultas de entidades y de experiencias con cooperativas que todavía deben conservar durante años grandes cantidades de expedientes físicos, pese a que parte de sus operaciones ya se realizan de manera digital.

El funcionario consideró que esta situación resulta contradictoria frente a la transformación digital del sector, particularmente cuando una entidad puede realizar de manera electrónica procesos como la apertura de un crédito y después verse obligada a imprimir y conservar físicamente la documentación.

“Permitir que, si la operación fue digital, se mantenga digital”, resumió Miranda al explicar el objetivo del proyecto, que también permitirá digitalizar expedientes físicos, conservarlos de manera segura y destruirlos bajo las condiciones que establezca la regulación.

En este mismo eje, la CNBV trabaja en un proyecto de regulación de redes de medios de disposición, particularmente las redes de pagos con tarjeta, que actualmente se encuentra en consulta y tendrá aplicación transversal en el sistema financiero.

La agenda regulatoria todavía deberá avanzar por distintas etapas de consulta y definición antes de convertirse en disposiciones aplicables, mientras que la CNBV prevé continuar el trabajo con el sector para definir los cambios que acompañarán la evolución de las socaps.

El 10 de diciembre del 2024, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio el aval para que la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap) Sakatekapan fuera autorizada para integrarse al universo regulado de estas entidades. Esa fue la última entidad del sector en recibir el aval.

La autorización de Sakatekapan representó el ingreso más reciente de una cooperativa al sistema supervisado, compuesto por 153 socaps autorizadas, en un sector que durante las últimas dos décadas ha atravesado un proceso de depuración y regularización. Sin embargo, ese proceso todavía no está cerrado.

En este contexto, la CNBV considera a las socaps como entidades relevantes para la inclusión financiera y el desarrollo de las localidades, por lo que busca avanzar hacia un marco regulatorio que acompañe la evolución del sector y fortalezca a estas sociedades que son parte de la economía social del país.

“En las localidades rurales donde están presentes las cooperativas, una proporción relevante de la población mantiene una cuenta en ellas. Esto habla de una relación financiera que ya existe y en la que se puede construir”, comentó Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria de la CNBV en el más reciente Congreso Cooperativo 2026.

De acuerdo con cifras de la CNBV, la presencia de las socaps en el país es la siguiente:

• 810 municipios del país tienen al menos una sucursal de socap.

• 251 municipios sin sucursal bancaria tienen una sucursal de una socap.

• 1 de cada 2 personas de localidades rurales donde hay una socap tiene una cuenta.

El gran pendiente para su consolidación

Dentro de la CNBV ya se perfila un proceso de modernización regulatoria para el sector; sin embargo, todavía hay pendientes para la consolidación total y uno de ellos es concluir el proceso de salida ordenada de 105 socaps que no lograron ingresar al universo autorizado. Aunque estas entidades representan apenas 2% de los activos del sector, concentran casi 500,000 socios.

Estas entidades tienen que dejar de operar y apegarse a un esquema de salida ordenada que antes contemplaba recibir apoyos del ahora extinto Fideicomiso Pago (Fipago). Actualmente, la posibilidad de otorgar estos apoyos queda a discreción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La última noticia de un proceso de esta naturaleza se registró en agosto del 2024, cuando la Secretaría de Hacienda estableció un procedimiento para apoyar a los ahorradores de 18 sociedades que operaron en Oaxaca, con recursos federales y estatales.

Dicho apoyo contempló el establecimiento de Centros de Atención a Ahorradores y permitió pagar 70% del saldo neto de ahorro a quienes estuvieran reconocidos como socios ahorradores y tuvieran un saldo superior a 40,000 pesos y de hasta 62,751 pesos.

Desde entonces no se han anunciado nuevos apoyos, mientras los registros del Fondo de Protección de las Socaps (Focoop) muestran que estas entidades concentran 489,537 socios y activos por más de 6,652 millones de pesos.

La última en dar el gran salto

Dentro del proceso de consolidación del sector de cooperativas en México, se contempla que las socaps consideradas en nivel básico, que son aquellas que tienen activos por menos de 2.5 millones de UDIS, puedan ingresar al universo autorizado una vez que rebasen el límite de activos y cumplan con todos los requerimientos de la CNBV.

El caso más reciente de una entidad que dio este salto fue Sakatekapan, ubicada en Zacatecas y con cerca de 2,000 socios. Según su expediente de autorización, del cual este medio tiene copia, la entidad, constituida en el 2016, presentó su solicitud para ser autorizada en mayo del 2022 y fue en diciembre del 2024 cuando recibió el aval para ingresar al universo regulado.

Durante este proceso, la autoridad revisó aspectos como:

• Situación financiera y capitalización.

• Cartera de crédito y morosidad.

• Liquidez.

• Controles internos.

• Gobierno corporativo.

• Infraestructura y capacidad tecnológica.

• Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Capacidad operativa para funcionar bajo el régimen autorizado.

Una de las ventajas que se ofrece al socio de una cooperativa autorizada es que tiene protección a su ahorro hasta por 25,000 Udis, es decir, cerca de 213,000 pesos.

“Desde el punto de vista legal, operativo, económico, financiero y administrativo, es procedente autorizar a Sakatekapan para que continúe realizando operaciones de ahorro y préstamo, con un nivel de operaciones distinto al básico”, se puede leer en el expediente de su autorización.

El proceso tomó poco más de dos años desde la presentación de la solicitud hasta la autorización. Durante ese periodo, Sakatekapan tuvo que atender los requerimientos formulados por las autoridades y acreditar las condiciones necesarias para operar bajo un nivel distinto al básico.

Se tiene estimado que existen cerca de 235 entidades de nivel básico, las cuales atienden a 146,357 socios y tienen activos por más de 2,000 millones de pesos.

El reto de la modernización

Uno de los grandes pendientes del sector de las socaps es la digitalización, ante un entorno financiero más tecnológico y una demanda de servicios más ágiles. Alfonso García Moreno, presidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), indicó que, aunque la confianza es uno de los principales activos de estas entidades, también existe un reto de fidelidad entre sus socios.

Según estimaciones de la Concamex, un socio que tiene una cuenta con una cooperativa también mantiene, en promedio, otras cuentas en cuatro instituciones financieras de distinta índole.

“El tema de fidelización, de lealtad a nuestros socios es todo un reto. Nos prefieren por tasas competitivas, por la facilidad de ahorrar, pero al momento de operar con nuestras cooperativas, ellos ven que hay más facilidad en otras alternativas”, apuntó García Moreno.

Con cifras a junio del 2026, las 153 socaps autorizadas tenían activos por 329,728 millones de pesos y atendían a 10 millones 86,506 socios. Además, había tres sociedades en proceso de autorización, con 9,013 socios.

El crecimiento del sector, que pasó de 70 entidades autorizadas en el 2012 a 153 en la actualidad, plantea una nueva etapa regulatoria.

Para la CNBV, el objetivo es que esa evolución permita fortalecer al sector sin perder el vínculo que las cooperativas mantienen con sus socios.

“No se trata de dejar de hacer lo que ya hacen y lo que han hecho muy bien por años. Se trata de utilizar las herramientas tecnológicas para llevar sus servicios de atención a más zonas, a las nuevas generaciones y más regiones del país”, expresó Lucía Buenrostro, vicepresidenta de la CNBV.

La funcionaria destacó que la digitalización representa una oportunidad para ampliar el alcance de las cooperativas, particularmente en comunidades donde persisten brechas de acceso a servicios financieros y tecnológicos.

Para Buenrostro, este proceso requiere un marco regulatorio que acompañe la evolución de las cooperativas, particularmente ante la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de atención. La funcionaria planteó que la regulación debe permitir que las socaps se modernicen, puedan apoyarse en aliados estratégicos y amplíen sus servicios, sin perder los controles necesarios para proteger el patrimonio y la información de sus socios.

La funcionaria explicó que las cooperativas pueden aprovechar la tecnología para ampliar su alcance y atender nuevas necesidades financieras, pero bajo reglas que mantengan condiciones de seguridad, continuidad operativa y protección al usuario.

El siguiente paso: integrarse como sistema

Para César Zepeda, integrante del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana (Mexicoop), tras una historia de 75 años el siguiente paso para las cooperativas de ahorro y préstamo no consiste únicamente en crecer de manera individual, sino en integrarse y desarrollar la capacidad de actuar como un sistema.

El representante sostuvo que el sector ya cuenta con instituciones sólidas, millones de socios, presencia territorial, recursos, experiencia y tecnología, pero todavía existe un potencial importante para avanzar hacia una mayor integración.

Zepeda retomó el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el estado de la economía social y solidaria, que plantea que este sector dejó de ser marginal y puede convertirse en una herramienta para el desarrollo económico. Sin embargo, advirtió que el reto no sólo está en contar con leyes y regulaciones, sino en convertirlas en resultados.

En este sentido, señaló que los sistemas cooperativos más desarrollados han construido ecosistemas donde las entidades trabajan de manera articulada. Para México, planteó que las socaps pueden convertirse en el motor financiero de la economía social, mediante el financiamiento de proyectos productivos de otras cooperativas y de empresas vinculadas con sus socios.

“El siguiente paso no es que cada cooperativa crezca sola, sino pasar de ser un conjunto de cooperativas grandes a ser un gran ecosistema o sistema integrado de cooperativas”, planteó el representante del Mexicoop.

Muchas historias se van a contar —y se están contando— de lo que pasó en la reciente Convención Bancaria. La banca con el discurso de solidez en medio de incertidumbre global, tensiones comerciales y un entorno donde la regulación pesa cada vez más.

Pero hay un dato que salió ya casi al final —cuando la formalidad empezó a aflojar— que vale la pena seguir.

Llamó la atención ver más activo a Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en medios. Desde ahí se buscó mandar un mensaje de certidumbre en un momento donde el regulador quiere dejar claro que la prioridad es la estabilidad, sin cerrar la puerta a nuevos modelos digitales.

Y en ese contexto soltó un dato: actualmente hay ocho solicitudes en análisis para obtener una licencia bancaria en México, y una más en fase de inicio de operaciones.

Ya he hablado de algunas de estas historias, pero sirve ponerlas juntas para ver cómo se está moviendo el tablero.

De esas ocho solicitudes, seis pueden confirmarse porque sí aparecen en los registros de la autoridad. Hay otras dos que no están en esos registros, pero por lo que han dicho y lo que se ha publicado en medios, es muy probable que ya estén en proceso.

Las seis confirmadas

Aunque algunas ya se mueven como bancos, todavía no lo son formalmente. Aquí la lista:

Mercado Libre. Hace algunos años, un textoservidor que comparte nombre y apellido conmigo adelantó en un medio llamado Día Fintech que el gigante del comercio electrónico tenía la intención de ser banco.

La razón principal, más allá del discurso de inclusión financiera, pasa por la regulación. Su licencia de IFPE le ha generado fricciones por los servicios que hoy ofrece, por lo que una licencia bancaria le daría mayor claridad operativa, aunque también implicaría ajustar o incluso dejar algunos productos, como los relacionados con criptomonedas.

Konfío. Desde 2022 se hablaba de esto. Aunque en su momento no lo confirmaron, meses después reconocieron el interés por obtener una licencia bancaria. Buscan ampliar su alcance en el segmento pyme con una oferta más completa.

Finsus. Es de los procesos más avanzados. Todo apuntaba a que la autorización llegaría desde finales del año pasado, pero algunos temas regulatorios frenaron el visto bueno. Se mantiene como una de las candidatas más cercanas.

Masari Casa de Bolsa. En la convención se habló mucho del interés de bancos por adquirir casas de bolsa para fortalecer su negocio. Aquí el movimiento es al revés: una casa de bolsa que busca convertirse en banco. Hay poca información pública, pero el proceso existe.

Crediclub. La sofipo regiomontana ya formalizó su intención hacia el cierre de 2025. Detrás hay una estrategia de crecimiento respaldada por inversionistas, con el objetivo de dar el salto a banca múltiple. El proceso sigue en curso.

Banco de Durango. Un proyecto del que ya se ha hablado antes. Ha recibido diversas observaciones del regulador sobre su modelo de negocio, pero sus inversionistas mantienen la apuesta. La propuesta —vinculada a una universidad privada— sigue bajo revisión.

Las dos posibles

Aquí entran dos jugadores que no aparecen en la información pública de la CNBV, pero que por declaraciones y reportes es probable que ya estén en proceso.

ION Financiera. Sofom con presencia en el mercado hipotecario. Desde hace tiempo ha planteado la posibilidad de convertirse en banco. En el camino ha recibido observaciones por parte de calificadoras, lo que ha marcado el ritmo de esa intención.

Naranja X. El banco digital de Grupo Financiero Galicia. Hace unas semanas se reportó desde el extranjero que solicitó licencia para operar como banco en México. Es un movimiento reciente y todavía con poca visibilidad en el mercado local.

La que ya no tarda

Y para cerrar, está el caso de Nu México, que ya recibió autorización para constituirse como institución de banca múltiple y que solo espera el aval regulador para iniciar operaciones...y ahora sí, compita de tú a tú con los que tanto se han quejado del piso parejo.

Vamos a ver cuántos de estos sí llegan y cuántos se quedan en el intento. Porque querer ser banco es una cosa… y que te dejen serlo, es otra.

Una de las tareas que más ha ocupado a Ángel Cabrera Mendoza desde su llegada a la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha sido reordenar internamente al organismo para hacerlo más eficiente frente a restricciones presupuestarias, vacantes y una constante fuga de talento especializado.

Cabrera Mendoza no la ha tenido fácil. El funcionario ha impulsado una revisión de la estructura operativa de la Comisión para identificar vicios, áreas de oportunidad y barreras que enfrentan las distintas unidades del organismo, con el objetivo de fortalecer su capacidad de supervisión y hacer un mejor uso de los recursos disponibles.

En ese contexto se concretó un cambio que pasó prácticamente desapercibido, pero que podría tener implicaciones relevantes para la supervisión del ecosistema de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), mejor conocidas como fintech.

Actualmente existen 88 ITF autorizadas, de las cuales 61 corresponden a Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y 27 a Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC); aunque en los últimos meses ha disminuido el ritmo de solicitudes para nuevas autorizaciones, el sector mantiene una relevancia significativa dentro del sistema financiero mexicano, ya que el número de fintech autorizadas supera ampliamente al de las instituciones de banca múltiple que operan en el país.

El pasado 14 de mayo, la CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a su esquema interno de delegación de facultades mediante la cual redistribuyó atribuciones derivadas de la Ley Fintech.

El acuerdo forma parte de una reestructuración más amplia al interior de la Comisión. Entre otros cambios, actualiza la estructura de mando del organismo al sustituir diversas referencias a Directores Generales Adjuntos por Coordinadores, una figura que ha ganado relevancia dentro del nuevo modelo organizacional impulsado por Cabrera Mendoza.

Para entender la relevancia del cambio es necesario retroceder al 2023. En ese año, cuando Jesús de la Fuente presidía la CNBV, la Dirección General de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera (DGSITF), entonces encabezada por Leticia Castellanos, pasó de la Vicepresidencia Técnica a la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B (VSGIF B), encabezada por José Ramón Canales Márquez.

En aquel momento, la decisión fue justificada por la supuesta similitud entre la supervisión que realiza la DGSITF y la que llevan a cabo las áreas adscritas a la VSGIF B. La apuesta consistía en integrar a las fintech a una estructura más cercana a la supervisión tradicional que se realiza sobre otros intermediarios financieros, como los bancos.

Sin embargo, con el paso de los años, dicha integración no terminó por resolver los desafíos que enfrenta la autoridad para supervisar a este sector. Si bien la CNBV ha realizado visitas de inspección, emitido observaciones y aplicado medidas correctivas tanto en materia prudencial como de prevención de lavado de dinero, todavía persisten cuestionamientos sobre el equilibrio entre supervisión, regulación e impulso a la innovación.

La industria fintech enfrenta un entorno regulatorio complejo, procesos largos para autorizaciones y modificaciones operativas, así como una supervisión que en distintos momentos ha sido percibida por participantes del sector como poco adaptada a las características propias de este tipo de entidades.

Prueba de ello son las modificaciones recientes.

Aunque la Dirección General de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera permanece dentro de la estructura orgánica de la CNBV, la reorganización aprobada por el regulador modifica la forma en que se estructura la supervisión del sector.

Hasta antes de estos cambios, la vigilancia de las Instituciones de Tecnología Financiera se realizaba a través de las Coordinaciones de Instituciones de Tecnología Financiera y Modelos Novedosos A, C, D, E y F, agrupadas bajo la DGSITF. En otras palabras, la supervisión especializada del sector se encontraba concentrada dentro de una sola dirección general.

Con la nueva estructura, las Coordinaciones de Instituciones de Tecnología Financiera y Modelos Novedosos A, C, D, E y F aparecen adscritas a las Direcciones Generales de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A, C, D, E y F.

Esto implica que la supervisión fintech deja de estar concentrada exclusivamente en áreas adscritas a la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B y pasa a involucrar también a la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A, las dos áreas de la CNBV encargadas de supervisar al sector bancario.

Al mismo tiempo, las facultades derivadas de la Ley Fintech también se redistribuyen entre Direcciones Generales adscritas a ambas vicepresidencias. Además, el acuerdo redistribuye facultades relacionadas con autorizaciones, supervisión, inspección, requerimientos de información y programas de autocorrección, entre otras materias previstas en la Ley Fintech.

En los hechos, la CNBV deja de organizar la supervisión fintech alrededor de una sola estructura especializada y opta por un modelo más distribuido, en el que distintas Direcciones Generales de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros participan en la vigilancia del sector.

Bajo el nuevo esquema, la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A, encabezada por Francisco Javier Vega Rodríguez, se incorpora formalmente a las labores de vigilancia del sector a través de las Direcciones Generales de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A y C.

Por su parte, las Direcciones Generales de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros D, E y F permanecerán bajo la órbita de la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B.

La decisión ocurre meses después de la salida de Leticia Castellanos de la DGSITF y en medio del proceso de reestructuración interna impulsado por Cabrera Mendoza.

Fuentes consultadas consideran que el movimiento refleja el reconocimiento implícito de que el modelo implementado en el 2023 no produjo los resultados esperados. La DGSITF se mantiene formalmente dentro de la estructura de la CNBV, pero la redistribución de sus coordinaciones especializadas y de facultades derivadas de la Ley Fintech apunta a una pérdida de centralidad en la supervisión del sector.

Esto influye en la vigilancia de entidades que actualmente forman parte del sector fintech regulado, tales como Mercado Pago, STP, Paypal, UBR Pagos, Tu Dinero Digital (Farmacias del Ahorro), Briq.mx, entre otras.

En esta ola de cambios, al parecer se viene uno trascendente en otra de las áreas del organismo, pero de eso, lo detallaré en la próxima entrega.

Mucho hay que analizar de la incursión de Nu México en la industria bancaria, desde la actuación de la autoridad para dar luz verde al proyecto hasta su migración desde el sector de sociedades financieras populares (sofipos), el cual ha tenido un mayor escrutinio durante el último año por parte de las autoridades financieras del país.

Más allá de la llegada de Nu a la banca múltiple, vale la pena voltear a ver qué ocurre con el sector que deja atrás. Durante el 2025, la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) elaboró un escenario sobre el comportamiento de las sofipos sin la entidad de origen brasileño y el ejercicio mostró un cambio en la composición de su cartera, con una mayor participación del crédito comercial.

Ahora que Nu ya obtuvo la autorización para operar como banco en México, los datos permiten revisar qué ocurrió con aquel escenario y qué tan fuerte es realmente el sector cuando se excluye a su mayor jugador.

En octubre del 2024, cuando todavía estaba pendiente la autorización bancaria de Nu, este servidor planteó la necesidad de analizar a las sofipos “con Nu y sin Nu”.

A marzo del 2026, todavía con Nu dentro de las estadísticas, las sofipos estaban integradas por 35 entidades, atendían a 32 millones 256,996 clientes y contaban con 656 sucursales.

En septiembre del 2025, la CNBV presentó un ejercicio que comparaba la evolución de la cartera de las sofipos con Nu y sin considerar a la entidad. La cartera del sector sin Nu pasó de 43,761 millones de pesos al cierre del 2024 a 49,460 millones a junio del 2025, un crecimiento de 13.02%, de acuerdo con las cifras mostradas por el regulador.

La diferencia también aparecía en la composición de la cartera. Con Nu, el crédito comercial representaba 25.64% y el consumo 74.28%, mientras que al excluir a la entidad el crédito comercial alcanzaba 37.62% y el consumo representaba 62.26%, debido a que la cartera de Nu estaba concentrada en crédito al consumo.

Ese cambio refleja el peso que tuvo Nu en la estructura del sector, pues la salida de una cartera concentrada en consumo eleva de manera automática la participación relativa del crédito comercial entre las entidades que permanecen.

En junio del 2025, las sofipos tenían una cartera de 72,565 millones de pesos y Nu concentraba 23,105 millones, por lo que las entidades distintas a la financiera brasileña sumaban 49,460 millones de pesos.

Para mayo del 2026, la cartera total había aumentado a 98,257 millones de pesos y la de Nu alcanzaba 34,810 millones, de modo que el resto de las sofipos en su conjunto acumulaba 63,447 millones de pesos. La cartera del sector, sin contabilizar a Nu, creció así 28.3% en menos de un año.

El avance fue mayor en el crédito comercial del sector, que pasó de 18,609 millones de pesos a 27,702 millones, un incremento de 48.9%, mientras que el consumo aumentó de 30,796 millones a 35,698 millones, equivalente a 15.9 por ciento.

Con este comportamiento, el crédito comercial pasó de representar 37.6% de la cartera de las sofipos sin Nu en junio del 2025 a cerca de 43.7% en mayo del 2026, mientras el consumo redujo su participación.

El crédito comercial tiene una relación más directa con las actividades productivas de las empresas y negocios que atienden estas entidades, mientras que el crédito al consumo está orientado principalmente a financiar necesidades de los hogares.

La salida de Nu reduce el tamaño estadístico del sector, pero la cartera de las entidades que permanecen también muestra un crecimiento propio. Entre junio del 2025 y mayo del 2026, ese grupo pasó de 49,460 a 63,447 millones de pesos, con un avance particularmente fuerte en el financiamiento comercial.

Los 34,810 millones de pesos de cartera que Nu representaba dentro de las estadísticas de mayo no explican por sí solos la evolución de las sofipos.

La migración de Nu hacia la banca múltiple sí reduce de manera importante los indicadores agregados del sector, pero ese movimiento no equivale a una contracción de las entidades que permanecen bajo esta figura.

Sin Nu, el sector de las sofipos es más pequeño en términos agregados, pero muestra una mayor participación del crédito comercial y un crecimiento propio de su cartera.

Los próximos meses mostrarán si esta transformación puede sostenerse y qué papel ocuparán las sofipos dentro de un sistema financiero en el que varias entidades digitales que llegaron a esta figura buscan migrar a una licencia bancaria.

La cancelación del registro de Santander Consumer Finance México como sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) entidad regulada (E.R.) pasó como una resolución más dentro del sector financiero, aunque el documento publicado hace algunos días en el Diario Oficial de la Federación revela algo más relevante para un sector que en los últimos años ha vivido una constante depuración.

La resolución muestra que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aplicó una facultad relativamente reciente para cancelar el registro de la sofom, al no acreditar durante más de cuatro meses consecutivos la realización de las operaciones previstas en el artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC).

La fracción VIII del artículo 61 de la Disposición en Materia de Registros ante la Condusef establece este supuesto para la cancelación del registro cuando una sofom no acredita durante más de cuatro meses consecutivos la realización de las operaciones previstas en el artículo 87-B de la LGOAAC.

La resolución de Santander dio para un titular llamativo sobre la pérdida del registro de una sofom, pero el documento permite ampliar bastante más la historia.

La Condusef ya había cancelado 52 registros de sofomes bajo esta misma causal antes de llegar a la entidad de Grupo Financiero Santander México. Fueron seis cancelaciones durante el 2023, 42 en el 2024 y cuatro más entre enero y marzo del 2025, de acuerdo con cifras obtenidas por este reportero.

Esta regulación representa un cambio respecto del régimen anterior, ya que la propia Condusef señaló que las disposiciones vigentes entre el 2014 y el 2022 no contemplaban esta causal de cancelación, por lo que el supuesto comenzó a formar parte del nuevo esquema de registros aplicado desde el 2023.

Antes de llegar a la cancelación, la Condusef debe notificar a la sofom los presuntos incumplimientos y otorgarle un plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación y los argumentos que considere pertinentes.

La resolución señala que la sociedad quedó en estado de disolución y liquidación e imposibilitada para realizar sus operaciones a partir de la notificación de la resolución.

Las 52 cancelaciones corresponden a sofomes entidades no reguladas, mientras que Santander operaba como sofom entidad regulada. La diferencia no impide observar que la misma causal prevista en la regulación fue utilizada en ambos casos.

El caso de Santander ocurrió además bajo una estructura distinta en la Condusef a la que estaba vigente durante buena parte del periodo en que se concentraron las 52 cancelaciones.

En junio del 2025, la Condusef publicó un nuevo Estatuto Orgánico que reorganizó las funciones del organismo y desapareció la Vicepresidencia Técnica, que durante el periodo de mayor aplicación de esta causal tenía a Luis Fabre al frente.

La mayor parte de las 52 cancelaciones bajo esta causal se concentró durante el 2024 y el primer trimestre del 2025, todavía bajo la estructura anterior. La resolución contra Santander, en cambio, fue emitida en julio del 2026 con el nuevo esquema institucional, es decir, solo dos vicepresidencias: la Jurídica y la de Unidades de Atención a Usuarios.

La diferencia deja una pregunta pendiente sobre el ejercicio de esta facultad después del cambio de estructura. Las cifras obtenidas por este reportero sólo llegan hasta marzo del 2025, por lo que todavía falta conocer cuántos registros fueron cancelados bajo esta causal durante el resto del 2025 y lo que va del 2026.

Las 52 cancelaciones corresponden a sofomes entidades no reguladas, mientras que Santander operaba como sofom entidad regulada. En ambos casos, la Condusef utilizó la misma causal prevista en la regulación.

La dimensión de la depuración del sector también es mayor cuando se observa el total de registros cancelados. Entre el 2014 y abril del 2025, la Condusef reportó 1,890 cancelaciones de registros de sofomes entidades no reguladas por distintas causales.

La depuración del sector tampoco comenzó con esta causal. La reforma financiera del 2014 elevó las obligaciones de las sofomes y amplió las facultades de las autoridades sobre estas entidades, incluidas las relacionadas con la actualización de sus registros y el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Más de una década después, el caso Santander muestra que las exigencias para permanecer dentro del sector siguen aumentando. Las sofomes no sólo deben conservar un registro ante la autoridad, también tienen que acreditar la actividad financiera que sustenta su permanencia.

La cancelación de Santander, por tanto, vuelve a poner bajo los reflectores una facultad que la Condusef ya había utilizado. Lo que falta por conocer es qué tanto se ha aplicado desde el cambio de estructura del organismo y cuántas sofomes han dejado de acreditar actividad desde entonces.