El sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) ha llegado a un punto en el que debe subirse sí o sí a la competencia tecnológica de servicios financieros, con la cercanía a sus más de 10 millones de socios como uno de sus principales activos; sin embargo, para lograrlo deberá superar barreras no sólo regulatorias, sino también de mercado y de integración del propio sector.

“Fortalecer lo local para alcanzar una dimensión global” fue una de las premisas que expresó Iñigo Albizuri Landazabal, director global de Asuntos Públicos de Corporación Mondragon, en el Congreso Cooperativo.

Esa visión plantea uno de los principales retos para las socaps mexicanas, que es crecer y competir en un mercado financiero donde bancos y plataformas digitales han acelerado la incorporación de tecnología, sin perder la cercanía que mantienen con sus socios.

Para Alfonso García Moreno, presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), una de las vías para enfrentar ese reto es precisamente fortalecer la integración de las 153 entidades que operan en el sector.

El objetivo es que las cooperativas con mayor capacidad impulsen proyectos que permitan incorporar a las medianas y pequeñas, de modo que el acceso a servicios tecnológicos no dependa de su tamaño.

“Estamos invitando a las 10 cooperativas más grandes a generar un gran acuerdo para poder asomar a todas las cooperativas a los servicios digitales”, señaló.

Integración con propósito

La propuesta contempla generar infraestructura y servicios comunes para aprovechar economías de escala, desde plataformas digitales, aplicaciones móviles y medios de pago, hasta tarjetas y servicios de SPEI.

García Moreno incluso planteó crear una organización cooperativa que pueda ofrecer estos servicios al resto del sector, con el objetivo de que una entidad con 10,000 socios pueda acceder a herramientas similares a las de una con cientos de miles o millones de asociados.

Esta integración también tendría que acompañar el proceso de adaptación regulatoria. El presidente de Concamex destacó la comunicación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para construir una agenda que considere las diferencias de tamaño y capacidad entre las cooperativas.

La ventaja está en las comunidades

Frente a bancos y plataformas digitales, las socaps tienen una ventaja que el sector busca conservar: su presencia en comunidades remotas, semiurbanas y semirurales.

“Esa será nuestra ventaja competitiva”, sostuvo García Moreno.

A ello se suma el comportamiento de la cartera. Con base en las cifras de cartera de consumo, que asciende a 131,706.9 millones de pesos, y una cartera vencida de 5,510.1 millones, el índice de morosidad (IMOR) se ubicó en 4.18% a junio pasado.

García Moreno atribuyó parte de la fortaleza de la cartera a las condiciones de crédito de las cooperativas y destacó el compromiso de los socios con el pago de sus financiamientos.

Brasil como referencia

La experiencia brasileña es uno de los modelos que observa el sector mexicano. De acuerdo con García Moreno, el cooperativismo financiero de ese país suma cerca de 35 millones de asociados, equivalentes a alrededor de 30% de la población económicamente activa.

Uno de los factores detrás de esa escala, explicó, ha sido la integración. En uno de los principales modelos participan alrededor de 90 cooperativas, que comparten infraestructura tecnológica y servicios financieros y atienden a cerca de 15 millones de personas.

El esquema incluye servicios comunes como un CORE bancario, una aplicación y productos financieros, lo que permite a las cooperativas competir con grandes instituciones sin desarrollar por separado toda esa infraestructura.

Para Concamex, ese modelo plantea una ruta para México: que las cooperativas con mayor capacidad impulsen inversiones y servicios que puedan aprovechar las de menor tamaño y que la tecnología se convierta en una herramienta de integración, en lugar de profundizar las diferencias dentro del sector.

El sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) busca destrabar uno de los temas que durante años ha limitado su potencial en materia de crédito: el financiamiento a personas morales, mediante la agilización de modificaciones a sus bases constitutivas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El tema no es nuevo. Desde hace casi una década, el sector cooperativo ha planteado la necesidad de ampliar las posibilidades de las socaps para canalizar recursos hacia personas morales, entre ellas empresas y otras organizaciones cooperativas.

En el 2017, la Concamex señalaba que uno de los obstáculos para convertir el ahorro del sector en una mayor colocación de crédito era que las socaps no podían tener como socios a personas morales.

La discusión continuó en los años siguientes y ahora vuelve a la agenda del sector. Durante el Congreso Cooperativo, César Zepeda, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana (Mexicoop), explicó que la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) permite desde el 2009 otorgar crédito a personas morales.

El problema, señaló, está en que las bases constitutivas de las cooperativas deben contemplar la posibilidad de incorporar a personas morales como parte de su membresía. Mientras esto no ocurra, las socaps enfrentan una limitante para otorgarles financiamiento.

“Ya hay regulación vigente para dar crédito a personas morales, pero seguimos teniendo el problema de que mientras no sean socios no podemos dar ese crédito”, explicó.

Con cifras a junio del 2026, las 153 socaps autorizadas en operación contaban con una cartera vigente de 185,527 millones de pesos, concentrada en crédito al consumo. En cambio, su captación se encontraba en 265,908 millones de pesos.

Acuerdo con la CNBV

Ante esta situación, Zepeda afirmó que existe un acuerdo con la CNBV para agilizar la modificación de las bases constitutivas de las cooperativas.

La propuesta, explicó, consiste en que Concamex envíe un documento con las cláusulas necesarias para que cada cooperativa pueda modificar sus bases constitutivas, con la intención de evitar el proceso ordinario de revisión ante la autoridad.

De acuerdo con el representante del sector, este procedimiento puede extenderse hasta por un año o año y medio, por lo que la intención es acelerar el proceso para las cooperativas que busquen realizar este cambio. Zepeda estimó que el proceso podría quedar resuelto durante el cuarto trimestre del 2026.

“Se va a enviar un documento como Concamex para que estén las cláusulas necesarias que se van a autorizar en cada cooperativa en sus bases constitutivas y no vamos a pasar por el proceso engorroso de la Dirección de Autorizaciones Especializadas que nos lleva un año, año y medio en revisión de las bases”, declaró Zepeda.

De concretarse estas modificaciones, las socaps contarían con una vía para superar la limitante que actualmente enfrentan para financiar a personas morales, de acuerdo con el planteamiento expuesto por el presidente de Mexicoop.

Durante el mismo Congreso Cooperativo, Daniel Miranda, director general de Desarrollo Regulatorio de la CNBV, explicó que las disposiciones vigentes ya contemplan el microcrédito productivo y que las entidades pueden utilizar este esquema.

Miranda aclaró que los créditos otorgados originalmente como financiamiento de consumo no tienen que ser reclasificados posteriormente como microcréditos productivos.

El proyecto en el que trabaja la CNBV busca alinear los incentivos de capital y reservas para que las entidades tengan un menor costo regulatorio y mayores incentivos para utilizar el esquema de microcrédito productivo.

En los últimos años, el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) ha trabajado para cumplir, a partir del 1 de enero del 2027, con la regulación relacionada con la norma IFRS-9, con el fin de apegarse a los estándares internacionales en materia de contabilidad. A la par de este proceso, la autoridad ha definido un amplio plan regulatorio que abarca distintos aspectos para este sector, compuesto por 153 entidades autorizadas.

De acuerdo con Daniel Miranda, director general de Desarrollo Regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dentro de dicha agenda se prevé un robusto plan de capitalización, medidas antifraude, lineamientos para nuevos productos, mediciones de sostenibilidad y género, nuevas reglas para la contratación de proveedores y servicios de cómputo en la nube, además de una regulación transversal sobre medios de pago.

“Es necesario fortalecer, tener bases sólidas, dar señales de fortaleza del sector con el objetivo de que el sector continúe creciendo, continúe consolidándose”, indicó Miranda al exponer la agenda regulatoria que la autoridad trabajará con el sector de socaps.

El funcionario expuso su plan de trabajo, el cual se basará en los siguientes ejes:

Capital, el punto de partida

La propia CNBV coloca a las socaps como un sector prioritario dentro de la política pública, por su papel en los objetivos de desarrollo económico y de inclusión financiera.

Bajo esa premisa, la autoridad plantea fortalecer su posición financiera y capacidad para enfrentar los distintos riesgos que implica su operación.

La propuesta de capitalización contempla seis cambios principales:

• Capital mínimo: actualización de los niveles requeridos de acuerdo con el perfil de riesgo y nivel de operaciones de cada socap.

• Capital neto: separación de los componentes de capital de mayor y menor calidad para medir con mayor precisión los recursos disponibles ante posibles periodos de estrés financiero.

• Riesgo de crédito: actualización de los requerimientos de capital para este riesgo.

• Riesgo de mercado: adecuación del marco para reflejar la exposición de mercado de las socaps y considerar las operaciones que pueden realizar conforme al marco legal.

• Riesgo operacional: incorporación de un requerimiento de capital que considere la exposición inherente a la operación de las entidades.

• Medidas correctivas: actualización de los niveles a partir de los cuales se activarían las distintas medidas correctivas de la CNBV.

“El objetivo de que una entidad pueda tener el capital necesario depende de la complejidad de la operación que esté realizando”, destacó Miranda.

Junto con la actualización del marco de capitalización, la CNBV prepara nuevas reglas para medir la liquidez de las socaps. Miranda explicó que se busca incorporar un Coeficiente de Cobertura de Liquidez que permita a las entidades contar con activos líquidos de alta calidad para responder ante escenarios de tensión.

El planteamiento contempla que las socaps puedan mantener sus operaciones críticas durante al menos 30 días bajo un escenario de estrés severo. La intención, explicó el funcionario, es que cuenten con una reserva suficiente para hacer frente a escenarios adversos y mantener la confianza de sus socios y prestamistas.

“Estas dos regulaciones sin duda van alineadas una con otra, con el objetivo de que tengan una mejor medición, un mejor manejo de la liquidez y una mejor medición de los riesgos”, detalló el funcionario.

Fraudes, un nuevo frente regulatorio

La prevención y gestión de fraudes será otro de los frentes de la agenda regulatoria de la CNBV, de acuerdo con Miranda, quien explicó que la autoridad trabaja en un proyecto para que las socaps establezcan mecanismos específicos para atender este tipo de riesgos.

El planteamiento contempla fortalecer los mecanismos de prevención y gestión, además de incorporar capacitación para el personal de las entidades y un reporte sobre reclamaciones monetarias que permita a la autoridad contar con más información sobre los casos que enfrenta el sector.

“Si tenemos un problema de fraude y no lo atendemos adecuadamente, pues puede generar pérdida de confianza y eventualmente puede generar problemas de solvencia”, explicó el funcionario de la CNBV.

Microcrédito, mujeres y sostenibilidad

La agenda también contempla cambios relacionados con la oferta de financiamiento de las socaps, entre ellos un proyecto para establecer un tratamiento específico para el microcrédito productivo y distinguirlo de los créditos de consumo.

Miranda explicó que algunas personas con una actividad económica pueden recibir actualmente un crédito clasificado como de consumo, aunque los recursos sean destinados a una actividad productiva, por lo que la intención es alinear la regulación con la naturaleza del financiamiento.

“Si yo tengo una regulación que no está alineada con la realidad, pues probablemente voy a terminar teniendo una tasa de interés más alta para el acreditado”, señaló.

Otro de los proyectos contempla generar información sobre el financiamiento que reciben las empresas de mujeres, con el propósito de identificar a las empresas lideradas o propiedad de mujeres y conocer el acceso que tienen al crédito mediante las socaps.

Esta información podría facilitar la vinculación de estas empresas con garantías o programas de la banca de desarrollo, de acuerdo con el planteamiento expuesto por Miranda.

La sostenibilidad también forma parte de la agenda de la CNBV, que trabaja en un esquema de información proporcional para las socaps que considere sus características y tamaño frente a las nuevas exigencias que surgen en las cadenas de valor.

Proveedores y nube, otro frente de la regulación

La CNBV también prepara cambios para agilizar la contratación de servicios con terceros que apoyan la operación de las socaps, con un esquema que contempla actualizar los procesos de aviso y autorización y adaptar los contratos marco al tipo de servicio que las entidades busquen contratar.

El proyecto también plantea homologar las excepciones para la contratación de servicios de bajo riesgo, además de fortalecer el padrón de terceros y comisionistas, como parte de un esquema que busca dar mayor transparencia a las relaciones de las socaps con empresas no financieras.

De acuerdo con la CNBV, estos cambios también buscan reducir las asimetrías regulatorias y favorecer una mayor competencia dentro del sistema financiero.

“Lo que se va a buscar es establecer cuáles son los requerimientos específicos que se deben tener con estos terceros, que proveen estos servicios para poder agilizar la constitución de los expedientes que tengan que solicitar la autorización de la CNBV para poder agilizar la autorización”, expresó.

CNBV busca simplificar la operación digital

Otro de los proyectos contempla actualizar las reglas relacionadas con los productos que las socaps pueden ofrecer a sus socios, además de avanzar en modificaciones para la conservación de información mediante procesos de microfilmación y grabación.

Miranda explicó que este proyecto surgió a partir de consultas de entidades y de experiencias con cooperativas que todavía deben conservar durante años grandes cantidades de expedientes físicos, pese a que parte de sus operaciones ya se realizan de manera digital.

El funcionario consideró que esta situación resulta contradictoria frente a la transformación digital del sector, particularmente cuando una entidad puede realizar de manera electrónica procesos como la apertura de un crédito y después verse obligada a imprimir y conservar físicamente la documentación.

“Permitir que, si la operación fue digital, se mantenga digital”, resumió Miranda al explicar el objetivo del proyecto, que también permitirá digitalizar expedientes físicos, conservarlos de manera segura y destruirlos bajo las condiciones que establezca la regulación.

En este mismo eje, la CNBV trabaja en un proyecto de regulación de redes de medios de disposición, particularmente las redes de pagos con tarjeta, que actualmente se encuentra en consulta y tendrá aplicación transversal en el sistema financiero.

La agenda regulatoria todavía deberá avanzar por distintas etapas de consulta y definición antes de convertirse en disposiciones aplicables, mientras que la CNBV prevé continuar el trabajo con el sector para definir los cambios que acompañarán la evolución de las socaps.

El 10 de diciembre del 2024, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio el aval para que la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap) Sakatekapan fuera autorizada para integrarse al universo regulado de estas entidades. Esa fue la última entidad del sector en recibir el aval.

La autorización de Sakatekapan representó el ingreso más reciente de una cooperativa al sistema supervisado, compuesto por 153 socaps autorizadas, en un sector que durante las últimas dos décadas ha atravesado un proceso de depuración y regularización. Sin embargo, ese proceso todavía no está cerrado.

En este contexto, la CNBV considera a las socaps como entidades relevantes para la inclusión financiera y el desarrollo de las localidades, por lo que busca avanzar hacia un marco regulatorio que acompañe la evolución del sector y fortalezca a estas sociedades que son parte de la economía social del país.

“En las localidades rurales donde están presentes las cooperativas, una proporción relevante de la población mantiene una cuenta en ellas. Esto habla de una relación financiera que ya existe y en la que se puede construir”, comentó Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria de la CNBV en el más reciente Congreso Cooperativo 2026.

De acuerdo con cifras de la CNBV, la presencia de las socaps en el país es la siguiente:

• 810 municipios del país tienen al menos una sucursal de socap.

• 251 municipios sin sucursal bancaria tienen una sucursal de una socap.

• 1 de cada 2 personas de localidades rurales donde hay una socap tiene una cuenta.

El gran pendiente para su consolidación

Dentro de la CNBV ya se perfila un proceso de modernización regulatoria para el sector; sin embargo, todavía hay pendientes para la consolidación total y uno de ellos es concluir el proceso de salida ordenada de 105 socaps que no lograron ingresar al universo autorizado. Aunque estas entidades representan apenas 2% de los activos del sector, concentran casi 500,000 socios.

Estas entidades tienen que dejar de operar y apegarse a un esquema de salida ordenada que antes contemplaba recibir apoyos del ahora extinto Fideicomiso Pago (Fipago). Actualmente, la posibilidad de otorgar estos apoyos queda a discreción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La última noticia de un proceso de esta naturaleza se registró en agosto del 2024, cuando la Secretaría de Hacienda estableció un procedimiento para apoyar a los ahorradores de 18 sociedades que operaron en Oaxaca, con recursos federales y estatales.

Dicho apoyo contempló el establecimiento de Centros de Atención a Ahorradores y permitió pagar 70% del saldo neto de ahorro a quienes estuvieran reconocidos como socios ahorradores y tuvieran un saldo superior a 40,000 pesos y de hasta 62,751 pesos.

Desde entonces no se han anunciado nuevos apoyos, mientras los registros del Fondo de Protección de las Socaps (Focoop) muestran que estas entidades concentran 489,537 socios y activos por más de 6,652 millones de pesos.

La última en dar el gran salto

Dentro del proceso de consolidación del sector de cooperativas en México, se contempla que las socaps consideradas en nivel básico, que son aquellas que tienen activos por menos de 2.5 millones de UDIS, puedan ingresar al universo autorizado una vez que rebasen el límite de activos y cumplan con todos los requerimientos de la CNBV.

El caso más reciente de una entidad que dio este salto fue Sakatekapan, ubicada en Zacatecas y con cerca de 2,000 socios. Según su expediente de autorización, del cual este medio tiene copia, la entidad, constituida en el 2016, presentó su solicitud para ser autorizada en mayo del 2022 y fue en diciembre del 2024 cuando recibió el aval para ingresar al universo regulado.

Durante este proceso, la autoridad revisó aspectos como:

• Situación financiera y capitalización.

• Cartera de crédito y morosidad.

• Liquidez.

• Controles internos.

• Gobierno corporativo.

• Infraestructura y capacidad tecnológica.

• Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Capacidad operativa para funcionar bajo el régimen autorizado.

Una de las ventajas que se ofrece al socio de una cooperativa autorizada es que tiene protección a su ahorro hasta por 25,000 Udis, es decir, cerca de 213,000 pesos.

“Desde el punto de vista legal, operativo, económico, financiero y administrativo, es procedente autorizar a Sakatekapan para que continúe realizando operaciones de ahorro y préstamo, con un nivel de operaciones distinto al básico”, se puede leer en el expediente de su autorización.

El proceso tomó poco más de dos años desde la presentación de la solicitud hasta la autorización. Durante ese periodo, Sakatekapan tuvo que atender los requerimientos formulados por las autoridades y acreditar las condiciones necesarias para operar bajo un nivel distinto al básico.

Se tiene estimado que existen cerca de 235 entidades de nivel básico, las cuales atienden a 146,357 socios y tienen activos por más de 2,000 millones de pesos.

El reto de la modernización

Uno de los grandes pendientes del sector de las socaps es la digitalización, ante un entorno financiero más tecnológico y una demanda de servicios más ágiles. Alfonso García Moreno, presidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), indicó que, aunque la confianza es uno de los principales activos de estas entidades, también existe un reto de fidelidad entre sus socios.

Según estimaciones de la Concamex, un socio que tiene una cuenta con una cooperativa también mantiene, en promedio, otras cuentas en cuatro instituciones financieras de distinta índole.

“El tema de fidelización, de lealtad a nuestros socios es todo un reto. Nos prefieren por tasas competitivas, por la facilidad de ahorrar, pero al momento de operar con nuestras cooperativas, ellos ven que hay más facilidad en otras alternativas”, apuntó García Moreno.

Con cifras a junio del 2026, las 153 socaps autorizadas tenían activos por 329,728 millones de pesos y atendían a 10 millones 86,506 socios. Además, había tres sociedades en proceso de autorización, con 9,013 socios.

El crecimiento del sector, que pasó de 70 entidades autorizadas en el 2012 a 153 en la actualidad, plantea una nueva etapa regulatoria.

Para la CNBV, el objetivo es que esa evolución permita fortalecer al sector sin perder el vínculo que las cooperativas mantienen con sus socios.

“No se trata de dejar de hacer lo que ya hacen y lo que han hecho muy bien por años. Se trata de utilizar las herramientas tecnológicas para llevar sus servicios de atención a más zonas, a las nuevas generaciones y más regiones del país”, expresó Lucía Buenrostro, vicepresidenta de la CNBV.

La funcionaria destacó que la digitalización representa una oportunidad para ampliar el alcance de las cooperativas, particularmente en comunidades donde persisten brechas de acceso a servicios financieros y tecnológicos.

Para Buenrostro, este proceso requiere un marco regulatorio que acompañe la evolución de las cooperativas, particularmente ante la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de atención. La funcionaria planteó que la regulación debe permitir que las socaps se modernicen, puedan apoyarse en aliados estratégicos y amplíen sus servicios, sin perder los controles necesarios para proteger el patrimonio y la información de sus socios.

La funcionaria explicó que las cooperativas pueden aprovechar la tecnología para ampliar su alcance y atender nuevas necesidades financieras, pero bajo reglas que mantengan condiciones de seguridad, continuidad operativa y protección al usuario.

El siguiente paso: integrarse como sistema

Para César Zepeda, integrante del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana (Mexicoop), tras una historia de 75 años el siguiente paso para las cooperativas de ahorro y préstamo no consiste únicamente en crecer de manera individual, sino en integrarse y desarrollar la capacidad de actuar como un sistema.

El representante sostuvo que el sector ya cuenta con instituciones sólidas, millones de socios, presencia territorial, recursos, experiencia y tecnología, pero todavía existe un potencial importante para avanzar hacia una mayor integración.

Zepeda retomó el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el estado de la economía social y solidaria, que plantea que este sector dejó de ser marginal y puede convertirse en una herramienta para el desarrollo económico. Sin embargo, advirtió que el reto no sólo está en contar con leyes y regulaciones, sino en convertirlas en resultados.

En este sentido, señaló que los sistemas cooperativos más desarrollados han construido ecosistemas donde las entidades trabajan de manera articulada. Para México, planteó que las socaps pueden convertirse en el motor financiero de la economía social, mediante el financiamiento de proyectos productivos de otras cooperativas y de empresas vinculadas con sus socios.

“El siguiente paso no es que cada cooperativa crezca sola, sino pasar de ser un conjunto de cooperativas grandes a ser un gran ecosistema o sistema integrado de cooperativas”, planteó el representante del Mexicoop.