El 9 de junio del 2025, cuando el deterioro de la sociedad financiera popular Consejo de Asistencia al Microempresario (CAME) ya había llevado a la autoridad a evaluar medidas de intervención y representaba un problema para sus ahorradores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pidió a las vicepresidencias Técnica y de Finanzas Populares del organismo presentar en las siguientes sesiones análisis detallados sobre la situación del sector de las sofipos, que acumula 16 revocaciones en su historia.

La instrucción no fue menor al venir directamente del máximo órgano de decisión de la CNBV, donde tienen un lugar funcionarios de alto rango de la Secretaría de Hacienda, Banco de México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

En las sesiones posteriores, los funcionarios encargados de las Vicepresidencias relacionadas con el tema presentaron los informes, ante los cuales, los integrantes de la Junta de Gobierno de la CNBV realizaron fuertes señalamientos sobre la viabilidad de algunas entidades y sobre las condiciones que enfrenta el sector que, hasta junio pasado, se componía de 35 entidades que atendían a casi 40 millones de clientes.

El Informe Anual 2025 de la CNBV permite dimensionar el trabajo de supervisión realizado sobre estas entidades durante ese año, con 32 acciones que incluyeron 20 visitas ordinarias, cuatro especiales y ocho de investigación, mientras que en materia sancionatoria se emitieron 46 resoluciones contra sofipos, de las cuales dos correspondieron a amonestaciones y 44 a multas, con un monto total impuesto de 29.9 millones de pesos.

La supervisión se concentró en revisar los principales componentes del gasto de las entidades y su correspondencia con los ingresos, los factores que determinan sus niveles de capital, el reconocimiento de deducciones por operaciones contrarias a la regulación y la revisión de medidas correctivas y de los planes de restauración y conservación de capital, además de revisar el cumplimiento de la normativa de las aportaciones para futuros aumentos de capital.

Al cierre de 2025, el sector estaba integrado por 34 sofipos en operación, con alrededor de 35.9 millones de clientes, activos por 218,463 millones de pesos, cartera de crédito por 87,146 millones y captación por 186,117 millones, mientras que las tres principales entidades concentraban 73.72% de los activos y el crecimiento de éstos estuvo impulsado principalmente por entidades con modelos de negocio digitales.

En materia regulatoria, durante el 2025 la CNBV actualizó los requerimientos de capital de las sofipos bajo un esquema proporcional a sus niveles prudenciales, fortaleció las reglas de diversificación de riesgos y estableció obligaciones específicas para la prevención, detección y atención del fraude, mientras que entre los temas que quedaron en desarrollo se encuentra una nueva regulación de liquidez que plantea sustituir el actual Coeficiente de Liquidez por un Coeficiente de Cobertura de Liquidez proporcional al tamaño, complejidad operativa y perfil de riesgo de cada entidad.

Un discurso con trasfondo

Hace algunos días, el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera, participó en la convención anual de la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS), encuentro en el que el ecosistema de estas entidades presenta avances en distintos frentes y expone parte de su agenda hacia adelante.

En su discurso de inauguración, Cabrera destacó la importancia de las sofipos para avanzar en la inclusión financiera, aunque también puso sobre la mesa algunos de los elementos que la autoridad considera necesarios para que el crecimiento del sector pueda sostenerse.

“Hoy las entidades pueden crecer con mayor rapidez, atender a más personas y desarrollar servicios a través de canales que hace algunos años no existían o no estaban al alcance de todas las instituciones. Esa capacidad abre oportunidades importantes”, apuntó.

“Pero —añadió— también exige instituciones financieramente sólidas, una adecuada gestión de riesgos, buenos gobiernos corporativos, alta cultura de cumplimiento y una operación capaz de acompañar de manera ordenada ese crecimiento”.

El discurso de Cabrera ocurrió después de que la Junta de Gobierno ya había discutido los problemas que enfrentaban algunas sofipos, ya que en esas sesiones se habían señalado riesgos relacionados con la capitalización, los activos improductivos, los modelos de negocio y los controles de las entidades. Por eso, cuando el presidente de la CNBV habló de crecimiento ordenado, solidez financiera y gestión de riesgos, sus palabras coincidieron con varios de los temas que la autoridad ya había puesto sobre la mesa.

Asimismo, destacó que uno de los retos del sector era mejorar la gestión de los activos, con la tarea de reducir la acumulación de activos improductivos y fortalecer los controles para salvaguardar la integridad y transparencia de sus operaciones. Estos planteamientos retomaban dos de las preocupaciones que meses antes habían sido discutidas por la Junta de Gobierno de la CNBV.

Los señalamientos

En la última sesión de la Junta de Gobierno de la CNBV del 2025, el vicepresidente Técnico del organismo, Ramiro Álvarez Hernández, presentó un informe sobre la situación del sector de las sofipos, con cifras a agosto de ese año.

En dicha sesión, el funcionario destacó que entre agosto del 2021 y el mismo mes del 2025, los activos y pasivos del sector crecieron 408.59% y 450.21% en términos reales, respectivamente, impulsados por las sofipos tecnológicas, especialmente Finsus, Klar y Nu México, todas ellas con miras a obtener una licencia bancaria.

Como parte de su análisis, el funcionario señaló como sociedades vulnerables a:

• SFP Porvenir.

• Libertad Servicios Financieros.

• Grupo Regional de Negocios.

• Financiera del Sector Social.

• Financiera Más.

• Financiera Súmate.

• Opciones Empresariales del Noreste.

• Paso Seguro Creando Futuro.

Ante este escenario, el presidente de la CNBV indicó que se habían realizado esfuerzos para mejorar la regulación prudencial del sector, aunque advirtió que “esto no implica que los efectos sean inmediatos”, por lo que también se endurecerían las acciones de supervisión durante la primera parte del 2026.

El objetivo, según Cabrera, era establecer medidas de conservación de capital para garantizar la estabilidad y continuidad operativa de las entidades, contener prácticas perniciosas como los pagos anticipados a acreedores y contar con herramientas adecuadas que permitieran una intervención oportuna de la CNBV.

Para la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, era necesario revisar tres grandes rubros:

• Los gastos de operación, para determinar cuáles estaban relacionados con la colocación de crédito y cuáles correspondían a otros conceptos que podían generar distorsiones.

• La estrategia comercial, debido a que algunas sofipos tenían modelos que no resultaban sostenibles por los diferenciales negativos entre las tasas de captación y colocación.

• Los activos improductivos, ante la falta de claridad sobre los motivos por los que algunas entidades mantenían cuentas por pagar elevadas, situación que podía terminar por descapitalizarlas.

Ante la preocupación por los activos improductivos, Fabrizio López Gallo Dey, director general de Estabilidad Financiera del Banco de México, solicitó que se informaran los resultados de las visitas de inspección realizadas por la CNBV a las sociedades, con el propósito de tener mayor claridad sobre este componente.

“Su principal objetivo no es tener activos improductivos, sino la colocación del crédito y la intermediación financiera”, se puede leer en el acta durante la participación de López Gallo Dey.

En este contexto, el presidente de la CNBV destacó las acciones para fortalecer el Fondo de Protección mediante el cobro de cuotas adicionales a las sociedades, con el objetivo de recapitalizarlo y llevar su patrimonio a cerca de 1,000 millones de pesos.

Para Ranmses Arturo Ruiz Cázares, subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros, también era importante que en las visitas de inspección de la CNBV se pudiera contar con información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin de tener mayor claridad sobre el origen de los recursos.

Cabrera respondió que, en ese momento, la CNBV se encontraba en la formalización de un convenio de colaboración con la UIF, acuerdo que finalmente se concretó en marzo del 2026.

Para el presidente de la CNBV, estos señalamientos no debían tratarse como un tema persecutorio, sino como parte de la búsqueda de estrategias que permitieran a las sofipos operar de manera productiva y rentable.

“Lo que se pretende con ello es encontrar y establecer medidas que permitan recuperar la administración sana de estas entidades, con la finalidad de cuidar a los usuarios y a los depositantes de estas”, concluyó.

Con más información, veredicto más estricto

Pero los señalamientos contra el sector no terminaron en aquella Junta de Gobierno de diciembre del 2025, ya que también durante 2026 los señalamientos adquirieron un nivel de dureza que destaca respecto a otros sectores.

El pasado 27 de febrero, ante la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, la procuradora Fiscal, Grisel Galeano García, el director de Asuntos del Sistema Financiero de Banco de México, José Luis Negrín Muñoz, entre otros, se presentaron las conclusiones de una nueva revisión al sector de las sofipos.

Nuevamente, Ramiro Álvarez Hernández, vicepresidente Técnico, destacó el crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años, además de que puntualizó que dicha información no consideraba a la sociedad Acción y Evolución, porque se encontraba en proceso de revisión, entidad que hace algunos días fue revocada oficialmente.

Para el vicepresidente Técnico de la CNBV, el sector presentaba problemas de:

• Deterioro estructural y fragilidad financiera.

• Ajustes en los niveles de capitalización.

• Omisiones en registros contables.

• Alteraciones en los registros relacionados con el portafolio crediticio.

Álvarez Hernández indicó que, ante esta situación, se habían establecido estrategias de supervisión enfocadas en fortalecer la estabilidad, transparencia y cumplimiento normativo.

Meses después, ya en la convención anual de la AMS, Cabrera retomó públicamente algunos de los temas que la autoridad había colocado sobre la mesa. En la primera parte de su discurso destacó el crecimiento de las sofipos, su incorporación de herramientas tecnológicas y su capacidad para atender a personas, familias, pequeños comerciantes y emprendedores que no siempre encuentran respuesta en otros modelos de intermediación.

También sostuvo que esa expansión debía acompañarse de instituciones financieramente sólidas, una adecuada gestión de riesgos, buenos gobiernos corporativos, una alta cultura de cumplimiento y una operación capaz de acompañar el crecimiento de manera ordenada.

El presidente de la CNBV también planteó retos pendientes en la gestión de activos, la reducción de activos improductivos y el fortalecimiento de los controles para garantizar la integridad, trazabilidad y transparencia de las operaciones.

Cabrera resumió esa posición al señalar que “crecer importa, pero creo que crecer con solidez es aún más importante”. El planteamiento público de la CNBV estuvo acompañado por un llamado a fortalecer al sector.

Las actas de la Junta de Gobierno muestran que varios de esos temas ya habían sido identificados meses antes por la autoridad, junto con problemas de deterioro financiero, capitalización, registros contables y portafolio crediticio.

La figura de las sofipos se ha revalorizado con la llegada de jugadores digitales respaldados por millones de dólares, que buscan competir con los grandes participantes tradicionales y con las plataformas que apuestan por una licencia bancaria, un renovado interés que, sin embargo, no ha encontrado una puerta abierta para todos ante el filtro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Hasta el cierre del año pasado, la CNBV tenía en análisis nueve solicitudes de autorización para organizarse y operar como sofipo. Desde el 11 de julio del 2023, la autoridad no ha otorgado una nueva autorización a una financiera popular; la más reciente corresponde a Financiera Haai Capital.

El capital bajo revisión

Entre los proyectos que no lograron superar ese filtro están Oportunidades Financieras y Capital 4yu, cuyas solicitudes fueron rechazadas después de que la CNBV detectó deficiencias en la información presentada para acreditar las condiciones necesarias para obtener la autorización.

Los documentos revisados por Yanmak muestran cuestionamientos relacionados con el origen de los recursos y la solvencia de los accionistas, así como con la información financiera y las proyecciones utilizadas para sustentar la viabilidad de los proyectos.

Entre las observaciones de la autoridad aparecen:

• Capital y solvencia: no se acreditaron de manera suficiente elementos relacionados con los recursos y la capacidad económica de los accionistas.

• Información financiera: se detectaron inconsistencias en la información presentada para sustentar la situación y evolución financiera de los proyectos.

• Proyecciones: las estimaciones financieras no estaban suficientemente sustentadas con las referencias utilizadas para elaborarlas.

• Modelo financiero: se identificaron errores metodológicos y de formulación que incidían en las proyecciones.

• Operación: hubo inconsistencias entre documentos relacionados con la estructura y los manuales de operación.

• PLD/FT: también se encontraron deficiencias en la documentación relacionada con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Los documentos posteriores permiten identificar a Oportunidades Financieras y Capital 4yu como las sociedades involucradas en las negativas, pero no permiten atribuir cada una de las observaciones anteriores a una u otra entidad de manera individual.

Yanmak cuenta con las versiones de los documentos de la CNBV en las que consta el rechazo de las solicitudes.

La negativa llegó a revisión

Las sociedades interpusieron recursos de revisión contra las resoluciones que les negaron la autorización. Los asuntos volvieron a la Junta de Gobierno de la CNBV, que confirmó las negativas, por lo que los recursos no modificaron la decisión de la autoridad.

La resolución inicial pasó así por una nueva revisión de la Junta de Gobierno, que mantuvo la negativa para ambas sociedades.

En los últimos meses, distintos participantes han buscado obtener una licencia de sofipo, como es el caso de la sofom de Soriana, UNL Pagos, Fintopia, Axen Pay, Fincluyente o Xepelin, entre otras; sin embargo, ¿qué encuentra la CNBV cuando revisa los expedientes de las empresas que quieren entrar al sector?

La administración de la sociedad financiera popular (sofipo) CAME operaba bajo una práctica sistémica para ajustar su información contable, cuyos cambios no reflejaban la realidad operativa y financiera de la institución ni cumplían con las disposiciones contables aplicables a este tipo de entidades.

Esta fue una de las conclusiones del informe del interventor-gerente de la entidad, Alfonso Ascencio Trujeque, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 21 de agosto de 2025.

Yanmak cuenta con una copia del informe del interventor, documento que forma parte de los antecedentes del proceso que derivó en la revocación de la autorización de CAME en septiembre de ese mismo año, luego de que la entidad incumpliera con los niveles de capitalización requeridos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

“Existiendo controles y no habiéndolos observado dentro de CAME, se detectó una práctica sistémica para ajustar la información contable; no obstante, dichos ajustes no reflejaban la realidad operativa y financiera e inobservancia del cumplimiento de las disposiciones contables de la CNBV, NIF’s y otras normas de entidades regulatorias y de supervisión”, se puede leer en el informe.

La conclusión del interventor refuerza y amplía lo señalado previamente por la CNBV, que había informado sobre “una serie de elementos que denotan irregularidades contables que ponen en riesgo los intereses de los ahorradores”.

CNBV ha buscado blindar la información

La obtención del informe del interventor se da en un contexto donde la CNBV ha buscado blindar la información sobre este caso.

Al solicitarle el número de opiniones de delito emitidas ante las instancias correspondientes en relación con el caso CAME, la Comisión clasificó como confidencial cualquier pronunciamiento sobre su existencia o inexistencia.

En otra solicitud, Yanmak pidió la versión pública de los documentos remitidos por la Federación Atlántico Pacífico, encargada de la supervisión auxiliar de CAME. La CNBV informó que había localizado los informes de inspección, pero señaló que se encontraban vinculados con actos de supervisión y vigilancia en proceso y sin haber concluido, por lo que confirmó su clasificación como información reservada por cinco años.

Antecedentes, incumplimientos y su caída

Fue en abril del 2025, con el cierre de su operación, cuando se materializaron los problemas de CAME; en junio la CNBV determinó su intervención gerencial y en septiembre de ese mismo año ordenó su revocación.

Dentro del informe del interventor hay una revisión de la evolución financiera de CAME desde el 2022. Ese año, durante el proceso de fusión con Te Creemos, la entidad tenía previsto reducir 25% sus gastos de personal y operativos-administrativos mediante la consolidación de operaciones, sinergias y economías de escala.

El objetivo de esas medidas era contener los gastos y mejorar la situación de la entidad. El propio informe refiere que, junto con otras acciones previstas para el 2023, permitirían evitar que CAME fuera considerada en riesgo de negocio en marcha. “Esta y otras acciones por realizar en el año 2023 evitarían que la entidad se declarara con riesgo de negocio en marcha. Lo que no sucedió”, se lee en el documento.

Para el 2023, sin embargo, los auditores externos ya habían incorporado un párrafo de énfasis sobre la continuidad de CAME como negocio en marcha. La entidad había registrado una pérdida neta y enfrentaba una reducción de sus fuentes de fondeo, situación que también había repercutido en sus puntos de atención y en su plantilla.

El informe matiza que no todos los indicadores evolucionaban en el mismo sentido. Las condiciones de la cartera de crédito habían mejorado en cuanto a su composición y fondeo, lo que permitió que los estados financieros dictaminados no incluyeran un ajuste por riesgo de negocio en marcha. Aun así, el interventor identificó otros factores de riesgo cuya tendencia era negativa.

Entre ellos estaba el Nivel de Capitalización (NICAP), que había disminuido de manera consecutiva durante los tres años previos.

En la última etapa de su operación, CAME también buscaba competir por los ahorradores en un mercado con una mayor oferta tecnológica y una fuerte disputa por las tasas de interés. La entidad impulsó su oferta digital y llegó a ofrecer rendimientos cercanos a 16% anual.

Esa estrategia comercial coincidió con una etapa en la que los indicadores financieros de CAME continuaban deteriorándose y ocurrió meses antes de que la CNBV determinara su intervención.

El interventor tomó control y encontró una entidad insolvente

El 11 de julio de 2025, el interventor-gerente se presentó en el domicilio de CAME y entregó a su director general, Pablo Andrés Varela Bolaños, el oficio mediante el cual la CNBV declaró la intervención gerencial, además del documento denominado “control de entregables”.

Como parte de ese proceso, se levantó el acta administrativa de entrega-recepción, en la que Pablo Andrés Varela Bolaños, Óscar Juan Pfeiffer Schittler, Marijose Álvarez, María Guadalupe Medina Reza y Jacqueline Apreza Ocampo se comprometieron a entregar la información solicitada por el interventor.

El informe comprende la revisión de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y lo ocurrido durante el 2025. El propio documento advierte que el interventor enfrentó limitaciones para validar toda la información, debido a que algunos proveedores habían suspendido sus servicios a CAME por falta de pago de los meses de abril, mayo y junio de 2025.

Con la información disponible, el interventor encontró que al 30 de junio de 2025 CAME presentaba un capital negativo. Al incorporar los efectos derivados de la inobservancia de la normativa contable, esa posición negativa se incrementaba.

El informe también señala que durante el primer semestre del 2025 la entidad registró un NICAP negativo, además de una pérdida neta que representaba una proporción relevante de sus ingresos por intereses. Como antecedente, el 23 de abril de 2025 se había reportado un NICAP de -3,953.47 por ciento.

La revisión de la información, con las limitaciones descritas por el propio interventor, llevó a una conclusión más severa: “La entidad se encuentra en una situación de quiebra técnica aunado a su insolvencia actual que es insostenible para que pueda cumplir con su objeto social y continuar operando como negocio en marcha”.

De acuerdo con el informe, el activo de CAME no era suficiente para hacer frente a sus pasivos. Bajo esas condiciones, el interventor consideró que la entidad no podía continuar operando como negocio en marcha y planteó la necesidad de considerar los mecanismos y medidas previstos en el artículo 90 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

El calvario para los ahorradores

Los orígenes de CAME se remontan a 1985, cuando surgió la Fundación para el Apoyo a la Comunidad para canalizar apoyos a personas afectadas por los sismos de ese año. Diez años después, en 1995, nació el Centro de Apoyo al Microempresario, con presencia en Valle de Chalco, Estado de México, desde donde impulsó grupos autogestionados, el autoempleo y el acceso a créditos grupales.

En el 2005 se constituyó formalmente el Consejo de Asistencia al Microemprendedor y ese mismo año dejó atrás su figura de sociedad civil para convertirse en una sociedad anónima. Cuatro años después, la CNBV autorizó su transformación en sociedad financiera popular.

En el 2018, CAME fue adquirida por Te Creemos Holding, grupo vinculado al negocio de las microfinanzas. Jorge Kleinberg, uno de los socios fundadores y entonces director general de Te Creemos Holding, fue una de las figuras centrales de esa etapa.

Para entonces, PC Capital ya era inversionista de Te Creemos Holding y en diciembre de ese año realizó una inversión adicional en la controladora, luego de que la CNBV aprobara la operación para adquirir 100% de las acciones de CAME. Pablo Coballasi, socio director de PC Capital, participó públicamente en el anuncio de la operación.

Después de la adquisición, Pablo Varela asumió la dirección general de CAME. El 31 de octubre del 2022 se formalizó la fusión de ambas entidades, con CAME como sociedad fusionante y los activos de ambas entidades sumaron los 6,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la CNBV.

Al anunciar la revocación de CAME y orientar sobre el cobro del seguro de depósito, la CNBV informó que esta protección alcanzaba a más de 99.5% de los ahorradores de la sofipo, es decir, a 169,564 personas. El resto, poco más de 800 ahorradores, tendría que esperar al proceso de liquidación de la entidad para buscar la recuperación del total de sus recursos.

Pero para los ahorradores que no recuperaron la totalidad de sus recursos con el cobro del seguro, la revocación de CAME no significó el final del problema. Lizbeth Morales, una de las afectadas, lleva alrededor de año y medio en busca de respuestas de las autoridades y ha acudido a reuniones en la Secretaría de Gobernación con ese propósito.

Morales aseguró que en un inicio la Fiscalía General de la República les permitía consultar la carpeta de investigación relacionada con el caso, pero posteriormente dejó de darles acceso y les comunicó que no tenían el carácter de víctimas. “Ahora nos dicen que nosotros no somos víctimas, que la víctima solo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, dijo.

También contó que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se han atribuido mutuamente la competencia sobre el caso.

De acuerdo con su relato, la CNBV también ha enviado información incompleta a las fiscalías, lo que, desde su perspectiva, ha dificultado el avance de las investigaciones y conocer con claridad qué autoridad debe atender sus reclamos.

Según la afectada, alrededor de 300 personas participan en distintas demandas civiles, mercantiles, penales y patrimoniales, mientras que el grupo de afectados que todavía busca recuperar sus recursos rondaría las 400 personas.

El proceso de liquidación tampoco les ha dado una respuesta definitiva. Según la afectada, la lista de acreedores fue enviada al juzgado para su reconocimiento y, hasta el momento de la entrevista, los ahorradores todavía no sabían si sus créditos serían reconocidos.

Más allá del dinero, Morales describe las consecuencias personales que ha tenido el caso. Cuenta que la pérdida de sus recursos afectó su economía, que dejó de pagar su seguro de gastos médicos y que durante este periodo fue diagnosticada con cáncer. También cuenta que su hija está por entrar a la universidad y que ahora enfrenta incertidumbre sobre cómo cubrir ese gasto.

“No hice nada malo para que me esté pasando esto”, dijo Morales al hablar de la situación que enfrenta. Para ella, el problema no se limita a recuperar sus ahorros, sino a obtener una respuesta de las autoridades y que se investigue y castigue a quienes considera responsables, principalmente a Jorge Kleinberg.

“No voy a parar hasta que esto pase. Me lleve el tiempo que me lleve”, dijo Morales.

Otros activos, otra pieza del rompecabezas

Hace algunos meses, una fuente con conocimiento del asunto, que pidió el anonimato, explicó a este medio que uno de los aspectos a revisar dentro de las irregularidades contables de CAME era el rubro de Otros Activos, debido a que, desde su perspectiva, una parte importante correspondía a activos improductivos.

La información financiera muestra que el saldo de Otros Activos pasó de 412 millones de pesos en diciembre del 2018 a 1,532 millones de pesos en junio del 2025, de acuerdo con cifras de la CNBV, es decir, un incremento de 259 por ciento.

La fuente explicó que este tipo de registros puede ocultar el deterioro real de una entidad cuando activos que no generan recursos permanecen dentro del balance. La evolución de la partida, por sí sola, no permite determinar qué proporción correspondía a activos improductivos.