Fue la primera startup en llegar al frente de la batalla financiera digital mexicana, pero las condiciones del mercado terminaron por acorralarla. Esta es la radiografía de una compleja misión de rescate que involucró 21 procesos regulatorios ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), una inyección de capital de 610 millones de pesos, la intervención del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares (Prosofipo) y la llegada de Crédito Maestro para preservar a Kubo Financiero, uno de los proyectos emblemáticos de la primera generación fintech del país.
Años antes de que se creara y promulgara la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, Kubo, de la mano de su fundador Vicente Fenoll, sentó las bases del ecosistema financiero digital en México al convertirse en la primera plataforma tecnológica en integrarse al sistema financiero tradicional bajo la figura de sociedad financiera popular (sofipo).
Su modelo peer-to-peer permitió conectar a ahorradores e inversionistas con solicitantes de crédito mediante herramientas digitales cuando el concepto fintech todavía no formaba parte del lenguaje cotidiano del sistema financiero mexicano.
La institución, que transitó de sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada a sofipo, abrió la ruta que posteriormente siguieron decenas de empresas enfocadas en el crédito, el ahorro y la inversión por medio de canales digitales.
A marzo del 2026, Kubo atendía a 436,000 clientes y administraba activos por cerca de 2,000 millones de pesos, lo que la ubicaba como la onceava sofipo más grande del país por el tamaño de su balance.
Por ello, la historia de su rescate trasciende. Más de una década después de haber iniciado dicha transformación, el pionero fintech enfrentó el momento más complejo de su breve historia corporativa y regulatoria.
A partir del 2024, la entidad acentuó su deterioro gradual en la calidad de los activos administrados. Su Nivel de Capitalización perdió el amplio margen que la había caracterizado durante años y comenzó a acercarse a los niveles mínimos exigidos por la regulación, aunque siempre logró mantenerse dentro de los parámetros establecidos.
Asimismo, su Índice de Morosidad inició una trayectoria ascendente que la separó del comportamiento promedio del sector. En septiembre del 2025, dicho indicador llegó a 19.34 por ciento.
El Índice de Morosidad Ajustado, que contempla los castigos de cartera, terminó por exhibir la problemática. A noviembre del año pasado, dicho indicador tocó su punto más alto al llegar a 52.61%, cuando el sector se mantenía en 21.45 por ciento.
El detrimento de estos indicadores obligó tanto a la administración de la sofipo como a la autoridad a desplegar una estrategia de supervivencia que, según información revisada por este reportero, implicó al menos 21 movimientos regulatorios entre el 2024 y el 2026.
Primero llegaron las medidas internas. En mayo del 2024, la entidad reformó sus estatutos sociales y solicitó autorización para implementar un programa de autocorrección. Su intención era fortalecer la estructura operativa y atender observaciones regulatorias en un entorno cada vez más complejo, marcado por la naturaleza del mercado y la llegada de jugadores más potentes en la parte digital.
Posteriormente comenzó la búsqueda de alternativas privadas. Diversas solicitudes ante la CNBV permitieron compartir información financiera y abrir procesos de debida diligencia con potenciales inversionistas y aliados estratégicos. Entre los nombres que aparecen en los registros se encuentran:
Go Credit.
Nacional Monte de Piedad.
NR Finance.
O Finanzas.
Ualá.
Baubap.
Adelantos Finmex.
Grupo Financiero Galicia, antes de que su subsidiaria Naranja X solicitara autorización para operar como banco en México.
Fenoll tocó prácticamente todas las puertas posibles antes de encontrar una solución definitiva.
El acercamiento que marcó el destino de la entidad surgió con Crédito Maestro, encabezada por Oliver Fernández. Desde las gestiones encaminadas a asumir el control accionario de la sofipo, sujetas todavía a la autorización correspondiente de la CNBV, hasta la solicitud para adquirir parte de la cartera de esta sofom por más de 206 millones de pesos, la relación entre ambas instituciones terminó por redefinir el futuro de Kubo.
A la par de la búsqueda de inversionistas para Kubo, explotaba uno de los casos más relevantes para el sector de ahorro y crédito popular: la caída de la sofipo CAME, que requería atención regulatoria y presionaba al propio mecanismo encargado de proteger a los ahorradores del sector.
Un salvavidas que también había sido rescatado
La participación del Prosofipo constituye uno de los elementos más relevantes de esta historia.
El organismo, ahora encabezado por Emeterio Barrientos Romero, arrastró durante años las secuelas financieras derivadas del caso Ficrea y posteriormente tuvo que hacer frente a nuevas obligaciones dentro del sector, como el pago de los compromisos generados por la caída de CAME. Sin embargo, el crecimiento de la captación de las nuevas sofipos digitales fortaleció gradualmente su capacidad financiera.
Los estados financieros del propio Fondo muestran que su patrimonio pasó de 231.6 millones de pesos en el 2023 a 578.7 millones en el 2024. Para el cierre del 2025, la cifra ascendió a 1,106 millones de pesos.
Ese fortalecimiento estuvo impulsado por 517.2 millones de pesos en cuotas ordinarias y 511.8 millones en cuotas extraordinarias aportadas por las sociedades financieras populares.
La mayor contribución de las cuotas extraordinarias correspondió a Nu México, con 443 millones de pesos, seguida por Finsus, con 24 millones de pesos; Klar, con 10 millones de pesos, y Stori, con 9.9 millones de pesos.
En ese contexto, el Prosofipo activó uno de los mecanismos preventivos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular para apoyar a Kubo.
Con fundamento en la legislación, el organismo aportó 130 millones de pesos a la sofipo mediante un esquema de apoyo financiero preventivo que podría derivar en la adquisición de una participación accionaria asociada a las aportaciones para futuros aumentos de capital, una vez que la autoridad resuelva la solicitud correspondiente.
La lógica jurídica detrás de la operación respondía al principio previsto en la ley de que resulta menos costoso preservar la viabilidad de una entidad que asumir el pago de las obligaciones protegidas a los ahorradores.
Los millones que evitaron la caída
De acuerdo con los informes de Kubo, las aportaciones totales de capital que recibió la institución ascendieron a 610 millones de pesos.
De ese monto, 480 millones de pesos fueron aportados por Crédito Maestro dentro de la estrategia planteada para asumir el control de la sofipo, operación que aún requiere las autorizaciones regulatorias correspondientes, mientras que los 130 millones de pesos restantes provinieron del Fondo de Protección mediante un esquema de apoyo financiero preventivo.
Los efectos ya comenzaron a reflejarse en algunos indicadores: la inyección de recursos dio un respiro al Nivel de Capitalización y moderó el comportamiento del Índice de Morosidad; sin embargo, el Índice de Morosidad Ajustado continuó bajo presión.
Paradójicamente, la nueva generación de sofipos contribuyó a preservar a uno de los proyectos que abrió el camino para la digitalización financiera del país.
¿Cuál será el futuro?
Si bien parte de esta estrategia de rescate fue impulsada por el vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la CNBV, Eugenio Laris González, su continuidad en dicho puesto está en duda tras el impacto que dejó el caso CAME en el sistema de ahorro y crédito popular.
Versiones dentro de la CNBV apuntan a una reorganización en las vicepresidencias del organismo, donde Laris González saldría junto con varios de sus directores generales para pasar la estafeta a Ramiro Edgar Álvarez, actual vicepresidente Técnico de la Comisión, aunque todavía no existe claridad sobre quién asumiría dicha posición.
Uno de los señalamientos recurrentes sobre la gestión de Laris se relaciona con los constantes amagos de sanciones a las entidades supervisadas y con su capacidad para resolver problemas estructurales dentro del sector de finanzas populares.
La bomba de Kubo fue desactivada, a costa de cientos de millones de pesos y de la participación coordinada entre capital privado, mecanismos institucionales y autoridades regulatorias.
Con la transición de distintas financieras populares hacia una licencia bancaria, podría pensarse que la figura sofipo pierde fuerza. Sin embargo, en los primeros meses del 2026 la CNBV recibió dos nuevas solicitudes: Soriana y UNL Pagos, que se suman a una fila de casi seis expedientes que permanecen bajo análisis del regulador.