“¡No, no, no, ahora sí te pasaste, Reyna! Niego rotundamente que eso sea cierto”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, luego de que la periodista Reyna Haydee Ramírez le preguntara qué medidas se aplicaron para impedir que el crimen organizado financiara su campaña presidencial del 2024.
Sheinbaum sostuvo que los recursos de su campaña fueron transparentados y fiscalizados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en respuesta al cuestionamiento sobre los mecanismos para evitar la entrada de dinero ilícito.
Ahora, una guía de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), elaborada en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), establece criterios para vigilar las operaciones financieras de aspirantes que buscan una candidatura en las elecciones del 2027.
El documento, al que Yanmak tuvo acceso, plantea prestar atención a movimientos inusuales, transferencias, depósitos en efectivo y posibles vínculos con empresas fachada, además de dar prioridad a determinados reportes para identificar indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La importancia del proceso
La vigilancia financiera durante las elecciones tiene antecedentes. Para los comicios del 2020-2021, las autoridades ya contaban con una guía para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales.
Aquel documento recomendó a las instituciones financieras prestar mayor atención a las operaciones de precandidatos, candidatos, dirigentes partidistas, militantes y servidores públicos, así como a las transacciones de personas y empresas relacionadas con ellos.
También aclaró que pertenecer a alguno de esos grupos no constituía por sí mismo una alerta; el objetivo era detectar comportamientos inusuales y reportarlos a la autoridad cuando correspondiera.
Ese mecanismo de vigilancia vuelve a cobrar relevancia ante las elecciones del 2027, en las que se renovarán miles de cargos públicos en todo el país. El proceso electoral federal y local 2026-2027 comenzó formalmente el 10 de septiembre del 2026, con miras a la jornada del 6 de junio del 2027.
A nivel federal, se elegirán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados: 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. En el ámbito local, la contienda incluye 17 gubernaturas, diputaciones locales y cargos municipales, además de los puestos correspondientes al cuarto orden de gobierno.
La organización de los comicios estará a cargo del INE en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales.
Riesgos para la integridad electoral
En su Primer Reporte Electoral. Proceso 2026-2027, Integralia identifica el financiamiento ilícito y la intervención del crimen organizado entre los riesgos que podrían afectar la integridad de los comicios. El análisis también advierte sobre la violencia política, el uso clientelar de programas sociales, la compra de votos, la injerencia de servidores públicos y las precampañas anticipadas.
En ese contexto, la guía de la UIF y la CNBV establece medidas para que las instituciones financieras detecten operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita y para que la autoridad analice los perfiles financieros de quienes aspiran a una candidatura.
Verificación de candidaturas
El 2 de junio del 2026 se publicó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas, que creó la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE. Esta instancia, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la UIF y la CNBV, debe establecer la metodología y los criterios para evaluar los riesgos de quienes buscan una candidatura, antes de su registro electoral.
“En México, tratándose de la fiscalización de los gastos que realizan las personas candidatas a cargos de elección popular corresponde al INE, pero la detección integral del financiamiento ilícito requiere coordinación con autoridades financieras, fiscales, de investigación, de seguridad pública e incluso de autoridades competentes en materia penal”, se puede leer en el documento.
En ese marco, la UIF y la CNBV elaboraron una guía para analizar los perfiles financieros de aspirantes a candidaturas federales y locales. El documento plantea identificar un posible “riesgo razonable” de vínculos con actividades delictivas a partir de la información disponible, incluidos los reportes de operaciones inusuales.
La evaluación contempla aspectos como la periodicidad de los movimientos, el envío y recepción de recursos, los montos, las cuentas de origen, las formas de pago y la actividad económica de las personas examinadas.
La guía también establece que las instituciones financieras deben reforzar la identificación y el conocimiento de sus clientes, revisar sus perfiles económicos y transaccionales, y prestar atención al uso de efectivo y a posibles vínculos con prestanombres o empresas fachada. Sin embargo, el documento aclara que ser aspirante a una candidatura no es, por sí solo, motivo suficiente para generar un reporte de operación inusual.
Vigilancia de recursos
La guía de la UIF y la CNBV establece medidas específicas para las instituciones financieras. Los reportes de operaciones inusuales relacionados con aspirantes a candidaturas deberán clasificarse con prioridad de 24 horas e incluir la leyenda “Aspirante 2027” como último rubro del campo “Descripción de la Operación”, para identificarlos durante el proceso electoral federal 2026-2027 y los comicios locales concurrentes.
Además, las entidades deberán reforzar sus sistemas de monitoreo y prestar atención a las siguientes operaciones:
Incrementos súbitos en la actividad transaccional de clientes que aspiren a una candidatura.
Transferencias nacionales e internacionales con conceptos genéricos o relacionados con propaganda, campañas electorales, reuniones, eventos, rifas o entrega de apoyos.
Depósitos frecuentes o estructurados en efectivo, así como depósitos realizados en distintas entidades federativas y seguidos de transferencias inmediatas.
Posible triangulación de recursos entre aspirantes, proveedores de servicios, servidores públicos, contratistas, grupos delictivos y personas vinculadas con diversos delitos.
Operaciones con activos virtuales, incluidas las stablecoins, cuando se vinculen con integrantes de partidos políticos, organizaciones delictivas o personas relacionadas con fraudes y estafas.
La guía también establece que la condición de persona políticamente expuesta no constituye por sí sola un hallazgo adverso. En esos casos, las instituciones deberán aplicar medidas de conocimiento y monitoreo proporcionales al riesgo y considerar el origen del patrimonio y de los fondos cuando el nivel de riesgo lo justifique.
La aplicación de la guía
El documento sugiere a los oficiales de cumplimiento presentar “a la brevedad” la guía al Comité de Comunicación y Control de cada institución, o al órgano equivalente, para su conocimiento y, en caso de ser viable, evaluar la aprobación de nuevas metodologías, modelos y escenarios de monitoreo. Las entidades financieras deberán notificar a la autoridad supervisora las medidas adoptadas.
Por su parte, la UIF analizará los reportes recibidos y consultará sus bases de datos para evaluar los perfiles de las personas aspirantes.
En un contexto en el que se han reportado presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del INE y de organismos electorales locales, así como la apertura de expedientes financieros y fiscales relacionados con Santiago Nieto, coordinador de Morena en Querétaro, la guía cobra relevancia ante las elecciones del 2027.
La guía establece criterios para identificar esas alertas y analizarlas antes de que avance el proceso electoral, aunque su detección no implica por sí misma que se haya cometido un delito. La pregunta es: ¿Con esto se blindará a las próximas elecciones de financiamiento ilícito?