México llega a la quinta evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tras modificar su marco legal antilavado, con el reto de demostrar resultados concretos en investigaciones, sentencias y decomisos de activos, más allá de acreditar que cuenta con normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Durante la plenaria celebrada en París del 28 al 30 de octubre, el GAFI adoptó el informe de evaluación mutua de México, junto con el de Estados Unidos, cuyos resultados se publicarán en diciembre, una vez concluida la revisión de calidad y consistencia de ambos documentos.
“Estos informes evaluaron la eficacia de las medidas adoptadas por ambos países para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, y el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI”, indicó el organismo en el comunicado sobre los resultados de la plenaria, publicado el 30 de octubre.
En esta quinta ronda, los países también recibirán una hoja de ruta con medidas prioritarias y plazos para atenderlas durante un periodo de hasta tres años, con el objetivo de reforzar la efectividad de sus sistemas contra las finanzas ilícitas.
¿Cómo llegó México a esta evaluación?
La evaluación de México fue adoptada en noviembre del 2017 y publicada en enero del 2018; el GAFI reconoció entonces el marco legal e institucional del país, pero detectó deficiencias en la investigación y persecución del lavado de dinero, así como en el decomiso de activos.
En junio del 2023, tras un proceso de seguimiento intensificado, el organismo reconoció avances y recalificó dos recomendaciones; México pasó de 15 a cinco parcialmente cumplidas, aunque mantuvo una sin cumplir: la número 23, relativa a las actividades y profesiones no financieras designadas (actividades vulnerables).
Antes de la quinta ronda, el país reformó su ley antilavado en julio del 2025 con el fin de tener mayor control sobre las actividades vulnerables, pero el reglamento y las reglas generales se publicaron después, con obligaciones cuyos plazos llegan hasta el 2028.
Mireya Valverde Okón, copresidenta del Capítulo México de ACAMS y titular de Prevención de Lavado de Dinero en Alonso y Cía., advirtió durante el tercer Gran Encuentro PLD/FT de Briupec, celebrado días antes de la adopción del informe, que los tiempos de implementación dificultan acreditar el cumplimiento técnico de las nuevas disposiciones.
“Esto nos deja claro que, en temas de cumplimiento técnico, sí, ya tenemos la ley antilavado, ya está vigente, pero no vamos a poder demostrar este cumplimiento técnico, que era tarea de 2017 ante el grupo de evaluadores del GAFI”, explicó.
La tensión para México está en acreditar la efectividad de su sistema mientras persisten pendientes técnicos que, por los plazos de las reformas, posiblemente no pudieron resolverse antes de la evaluación.
La quinta ronda considera 11 resultados inmediatos, entre ellos la capacidad de investigar y perseguir delitos, obtener sentencias y decomisar activos, además del cumplimiento de las 40 recomendaciones técnicas.
“El objetivo es demostrar efectividad, que es en lo que se basa esta quinta ronda de evaluaciones mutuas, pero primero se tiene que demostrar cumplimiento técnico”, añadió Valverde.
¿Seguimiento intensificado o lista gris?
Valverde Okón anticipó dos escenarios para México ante la quinta evaluación del GAFI: permanecer bajo seguimiento intensificado, como ocurrió tras la evaluación del 2017, o ingresar a la lista gris, con consecuencias más severas para el país.
En el primer escenario, el de seguimiento intensificado, México tendría que corregir las deficiencias identificadas en el informe, modificar normas y emitir nuevas reglas, además de atender las exigencias que el organismo plantee a los sujetos obligados.
“Aquellas deficiencias identificadas pues las vamos a tener que robustecer en México a través de normas, modificación y emisión de nuevas reglas… se tendría presión para estas reformas regulatorias, se tendría una mayor exigencia de sujetos obligados y sin duda tendríamos un impacto reputacional moderado si nos ubicáramos en este proceso de seguimiento intensivo”, comentó Valverde.
El segundo escenario: ingreso a la lista gris. Aunque México no figura hasta ahora en esta lista, la especialista advirtió que una eventual inclusión podría tener consecuencias como:
Deterioro de la reputación internacional del país.
Mayores costos financieros.
Posibles efectos sobre la inversión extranjera.
Riesgos para las relaciones de corresponsalía bancaria.
Mayor presión para demostrar avances ante el grupo encargado de dar seguimiento a las jurisdicciones incluidas en la lista.
Como antecedente, Valverde recordó el caso de Panamá y la importancia de mantener los avances después de una evaluación favorable: “Panamá fue evaluado, entró a la lista gris, salió de la lista gris, se relajó, entró en un proceso de seguimiento intensificado, se relajó más y entró nuevamente a la lista gris y se quedó cuatro años y medio”.
Para demostrar la efectividad de su sistema, México tuvo que respaldar sus avances con resultados verificables, entre ellos investigaciones que culminen en sentencias firmes y decomisos de activos.
En ese contexto, el planteamiento de acreditar al menos cinco casos de éxito permitiría ilustrar la capacidad de las autoridades para detectar operaciones ilícitas, investigarlas y llevarlas ante la justicia, con resultados verificables.
Hasta el momento, México no figura en la lista gris del GAFI. Los resultados de la evaluación mutua, cuya publicación está prevista para diciembre, permitirán conocer las deficiencias identificadas por el organismo y las medidas que el país deberá atender.