El sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) busca destrabar uno de los temas que durante años ha limitado su potencial en materia de crédito: el financiamiento a personas morales, mediante la agilización de modificaciones a sus bases constitutivas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El tema no es nuevo. Desde hace casi una década, el sector cooperativo ha planteado la necesidad de ampliar las posibilidades de las socaps para canalizar recursos hacia personas morales, entre ellas empresas y otras organizaciones cooperativas.
En el 2017, la Concamex señalaba que uno de los obstáculos para convertir el ahorro del sector en una mayor colocación de crédito era que las socaps no podían tener como socios a personas morales.
La discusión continuó en los años siguientes y ahora vuelve a la agenda del sector. Durante el Congreso Cooperativo, César Zepeda, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana (Mexicoop), explicó que la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) permite desde el 2009 otorgar crédito a personas morales.
El problema, señaló, está en que las bases constitutivas de las cooperativas deben contemplar la posibilidad de incorporar a personas morales como parte de su membresía. Mientras esto no ocurra, las socaps enfrentan una limitante para otorgarles financiamiento.
“Ya hay regulación vigente para dar crédito a personas morales, pero seguimos teniendo el problema de que mientras no sean socios no podemos dar ese crédito”, explicó.
Con cifras a junio del 2026, las 153 socaps autorizadas en operación contaban con una cartera vigente de 185,527 millones de pesos, concentrada en crédito al consumo. En cambio, su captación se encontraba en 265,908 millones de pesos.
Acuerdo con la CNBV
Ante esta situación, Zepeda afirmó que existe un acuerdo con la CNBV para agilizar la modificación de las bases constitutivas de las cooperativas.
La propuesta, explicó, consiste en que Concamex envíe un documento con las cláusulas necesarias para que cada cooperativa pueda modificar sus bases constitutivas, con la intención de evitar el proceso ordinario de revisión ante la autoridad.
De acuerdo con el representante del sector, este procedimiento puede extenderse hasta por un año o año y medio, por lo que la intención es acelerar el proceso para las cooperativas que busquen realizar este cambio. Zepeda estimó que el proceso podría quedar resuelto durante el cuarto trimestre del 2026.
“Se va a enviar un documento como Concamex para que estén las cláusulas necesarias que se van a autorizar en cada cooperativa en sus bases constitutivas y no vamos a pasar por el proceso engorroso de la Dirección de Autorizaciones Especializadas que nos lleva un año, año y medio en revisión de las bases”, declaró Zepeda.
De concretarse estas modificaciones, las socaps contarían con una vía para superar la limitante que actualmente enfrentan para financiar a personas morales, de acuerdo con el planteamiento expuesto por el presidente de Mexicoop.
Durante el mismo Congreso Cooperativo, Daniel Miranda, director general de Desarrollo Regulatorio de la CNBV, explicó que las disposiciones vigentes ya contemplan el microcrédito productivo y que las entidades pueden utilizar este esquema.
Miranda aclaró que los créditos otorgados originalmente como financiamiento de consumo no tienen que ser reclasificados posteriormente como microcréditos productivos.
El proyecto en el que trabaja la CNBV busca alinear los incentivos de capital y reservas para que las entidades tengan un menor costo regulatorio y mayores incentivos para utilizar el esquema de microcrédito productivo.